A principios de febrero, la Brigada de Policía de Tránsito de Rivera desplegó varios operativos de control que apuntaban a constatar la regularización de los vehículos empadronados en Brasil conducidos por ciudadanos uruguayos. Los controles generaron malestar en algunos riverenses que se concentraron en la Plaza Artigas para denunciar lo que entienden como controles irregulares. “La policía uruguaya quiere quitarnos nuestros vehículos comprados con esfuerzo para nuestra familia”, decía la convocatoria a la concentración, que se concretó el 4 de febrero.
Ese mismo día, el jefe de Rivera, Germán Suárez, fue relevado del cargo y se dispuso su traslado a la Dirección Nacional de Seguridad Rural, que tiene su sede en el departamento de Florida. Según supo la diaria, el motivo del cambio no estuvo vinculado a estos operativos, sino a la necesidad de fortalecer la seguridad rural ante el crecimiento del delito de abigeato. El traslado de Suárez también fue parte de un enroque por el que el 23 de febrero asumirá como nuevo jefe de Rivera el comisario general Fabián Severo, quien hasta ahora se desempeñaba en Salto.
Las protestas se debieron a la implementación de un nuevo protocolo de control para vehículos brasileños, creado en setiembre de 2025, que incluye la incautación de los vehículos fuera de regla. El protocolo, al que accedió la diaria, plantea el objetivo de unificar criterios en la documentación exigida y reducir vulnerabilidades en la zona, y se sustenta legalmente en la ley de Tránsito y Seguridad Vial (18.191), la Ley de Seguro Obligatorio Automotor (18.412) y la Ley de Registros Públicos. Además, menciona convenios internacionales bilaterales y del Mercosur sobre libre circulación y tratamiento recíproco de vehículos.
A partir de allí, la policía comenzó a detener a los vehículos con chapa brasileña y a exigirles a los conductores documentos de identidad, licencia de conducir, libreta de propiedad, seguro internacional y comprobante de domicilio en Brasil. En caso de no tener alguno de estos documentos se dispone la incautación del vehículo que puede ser recuperado una vez regularizada la situación y pagando el servicio de grua que va de los 317 pesos y una multa que va de los 318 pesos a los 637 dependiendo del tipo de vehículo.
Desde la oposición, el edil José Vargas, del Partido Nacional, calificó los operativos como “una cacería de brujas” y señaló, desde su cuenta de Tiktok, que a partir del nuevo protocolo se está pidiendo documentación “que nunca antes se había pedido”.
En rueda de prensa, el jefe de Policía de Rivera señaló que existen una gran cantidad de vehículos indocumentados que “evidentemente son producto de un ilícito del lado brasileño”. “Como adquieren un vehículo sin papeles, por ende no tienen seguro y los tenemos transitando acá libremente sin ningún tipo de documentación”, señaló. Suárez rechazó el calificativo de “cacería” por parte de la policía y señaló que la constancia de domicilio en Brasil solo se está pidiendo en los casos en los que se va a aplicar una multa. Además, detalló que en la primera semana de controles se inspeccionaron 350 vehículos y se incautaron de 16. “A eso le llaman cacería. Lo que está bien está bien y lo que está mal está mal, no puede ser a la inversa”, expresó.
Suárez dijo que los conductores uruguayos con vehículos empadronados en Brasil que no tienen una constancia de domicilio en Livramento incurren en una infracción aduanera y por eso se comunica el caso al Juzgado de Paz, que actúa en derecho aduanero. “Se trata de cuidarse y hacer las cosas bien”, subrayó.
Los controles en ambos lados de la frontera y la necesidad de un procedimiento común
En diálogo con la diaria, Leonardo Araujo, coordinador en Livramento de la Orden de Abogados de Brasil, señaló que existen criterios disímiles en ambos lados de la frontera y que muchas veces las autoridades policiales desconocen la normativa que ampara una lógica distinta a la exigida en el resto de Brasil.
Araujo hizo hincapié en la dinámica cotidiana de Rivera, donde las personas trabajan de un lado, tienen familia del otro e incluso hay zonas grises en cuanto a qué lado de la frontera pertenecen. El abogado, que integra una comisión binacional de abogados dedicados a unificar la normativa, señaló que en los años 2000 comenzó a implementarse una nueva agenda de cooperación que implicó un “cambio de visión” sobre los controles fronterizos y políticas públicas tendientes a la cooperación, avalando la convivencia entre ambos lados de la frontera como una misma ciudad.
Sin embargo, señaló que existen carencias en la normativa de tránsito que hace que una persona esté sujeta a dos normativas distintas. “Hay un conflicto de normas entre el lado uruguayo y la ley brasileña, y la persona se ve obligada a tener un código cuando pasa la calle y otro del otro lado de la frontera. La única forma de resolver es con tratados internacionales”, expresó.
En ese sentido, señaló que uno de los puntos en los que se está trabajando es la modificación de la normativa en materia de circulación de vehículos de turistas en el Mercosur para que incluya a los habitantes de la zona de frontera y añadió que un acuerdo entre las autoridades sobre este punto sería “un subproducto del tratado” que no requeriría ratificación parlamentaria.
Araujo también señaló que una de las estrategias de la policía brasileña para evitar corrupción es tener una alta rotación de efectivos en la frontera, por lo que muchas veces la policía que está en la calle desconoce la normativa. Además, dijo que no se está considerando el documento especial fronterizo expedido para personas que viven a menos de 20 kilómetros de la frontera y que a quienes tienen ese documento no deberían pedirle constancia de domicilio del otro lado.
Araujo agregó que bajo la actual normativa una persona que no tiene el documento fronterizo y vive en uno de los lados de la frontera para estar en regla debe tener un vehículo empadronado en cada país. Por otra parte, expresó su preocupación por algunos operativos que está realizando la policía brasileña que implican el allanamiento de los domicilios de uruguayos radicados en Livramento para constatar la veracidad de las constancias. “Del lado brasileño está bravísimo, van a tu casa y revisan si quien pidió la residencia realmente vive ahí, entran a tu casa y si no hay ropa de quien pidió la residencia, se abre causa por declaración falsa de documento público”.