Los abogados Eduardo Sassón y Pablo Donnángelo respondieron por escrito a las preguntas de la diaria sobre el uso de las cuentas personales de Agustina Basso y Alfredo Rava y el dinero recibido por la pareja desde una cuenta de Basso del Banco República para la compra de tres campos en Florida y Durazno.

“Nos llama poderosamente la atención que se haga referencia a estos padrones ahora, y más aún que se diga que se pedirá el embargo de los mismos. Estos campos están en el radar de Fiscalía desde el primer momento y, de hecho, el fiscal solicitó su embargo en julio del año pasado”, señalaron en referencia al embargo que se determinó cuando fueron imputados los socios de Conexión Ganadera.

Sobre este punto, señalaron que desde el año pasado, cuando fueron notificados del embargo, impulsaron un proceso de tercería ante el Juzgado de Crimen Organizado, con el que buscan acreditar el origen lícito de los fondos obtenidos para la adquisición de los padrones. “Surge de manera prístina que el BROU en 2022 aprobó un Proyecto de Inversión presentado por Rava-Basso y procedió a la financiación de la compra de los padrones, con garantía hipotecaria. Las obligaciones con el BROU se fueron cumpliendo con el propio dinero generado por el proyecto, cuestión que está también documentada. Quizás hubiera sido más prudente haber analizado el expediente y la carpeta de investigación antes de formular dichas expresiones. El exceso de uso de las redes sociales puede llegar a descuidar lo más importante, que es el correcto análisis de la evidencia y de los expedientes”, expresaron.

En cuanto al uso de las cuentas personales para cobrar deuda del frigorífico Casablanca, la defensa de la familia Basso señaló que como Gustavo Basso Negocios Rurales era una unipersonal, el fallecimiento podría implicar la clausura o suspensión de sus cuentas bancarias. “Esa circunstancia podía derivar en una situación de cesación de pagos –al verse imposibilitados de recibir dinero, hacer giros y transferencias en las cuentas del Escritorio– y fue por esa razón que –mientras procuraban dejar operativa la cuenta de Sucesores de Gustavo Basso– durante poco más de un mes se utilizaron las cuentas de Rava y Basso para recibir pagos del Escritorios y cancelar obligaciones prexistentes, dentro de la operativa normal del Escritorio”. Según señalaron, el dinero iba siendo transferido desde las cuentas personales a una de las cuentas del escritorio que aún estaba operativa, en la medida en que iban venciendo las obligaciones, para no arriesgar esos fondos. “Es irrelevante para el derecho penal si se usó la cuenta a, b o c, sino [que lo importante es] el destino que se le dio a los fondos recepcionados, en este caso: a la cancelación de facturas y obligaciones preexistentes del escritorio rural”, comentaron.

Por otra parte, cuestionaron el debate en torno al proceso: “En este caso terminan sucediendo más situaciones por trascendidos de prensa o redes sociales –con un inexistente contenido jurídico penal– que la información de calidad y documentación que efectivamente obra en el legajo fiscal y los expedientes judiciales. Se formulan públicamente ligeras imputaciones con supuestos de hecho incorrectos, así como valoraciones jurídicas que se encuentran por fuera de cualquier delito previsto en nuestra legislación, procurando confundir a la opinión pública, que no es experta en derecho penal, de que determinadas conductas resultan abarcadas por alguna norma penal, cuando ello no es así”.

“Es una clara ejemplificación de la llamada ‘sociedad del espectáculo’, cuestión tratada por todos los sociólogos en la actualidad. Desde luego, creemos que, si este caso no tuviera tanta repercusión pública, muchos de los que emiten este tipo de imputaciones no tendrían tanta vehemencia y tanto interés en permanentemente estar abusando del uso de redes sociales”, agregaron.