Desde el asiento del bus, Margarita observa cabizbaja la inmensidad de La Escombrera. La esperanza es lo último que le queda desde que su hija de 15 años desapareció en 2002. Margarita cree que está enterrada allí. La Escombrera es un basural de dimensiones colosales, donde día tras día van a parar toneladas de residuos recogidos en la ciudad de Medellín. Después de toda una mañana de búsqueda con máquinas de alta gama, personal capacitado y el apoyo de la alcaldía, nada se encontró de su hija.
La desaparición forzada ha sido una de las técnicas de represión más utilizadas en Latinoamérica. Según el último informe del Centro Nacional de Memoria Histórica de noviembre del 2017, en los últimos 60 años diferentes grupos armados del país han hecho desaparecer a unos 83.000 colombianos.
Durante uno de los tantos episodios del enredado conflicto armado de Colombia, el Estado, con posible complicidad y apoyo de grupos paramilitares, erradicó a la guerrilla de barrios populares en diferentes ciudades, apoderándose así de estas zonas y cometiendo innumerables delitos de lesa humanidad. El citado informe del Centro Nacional de Memoria Histórica indica que el Estado —solo y en connivencia con los paramilitares— es responsable de entre 16.000 y 25.000 de los casos de desaparición forzada de los últimos 50 años.
Integrantes del grupo Mujeres Caminando por la Verdad, con siluetas por sus desaparecidos, en La Escombrera, a fines de julio del 2015, el día que empezó la excavación, después de 15 años demandando la búsqueda de los desaparecidos.
Entre 1999 y 2004 la comuna 13, en el este de Medellín, sufrió un período de violencia generalizada marcado por enfrentamientos entre grupos armados. Alcanzó su pico en 2002, cuando al inicio del gobierno de Álvaro Uribe se lanzó un programa llamado “Laboratorio de paz”, que incluyó, entre otras, a las operaciones Orión y Mariscal, cuyo objetivo era retomar el control del territorio y supuestamente limpiarlo de milicias. En el proceso, desapareció un número indeterminado de personas.
Policía vigilando La Escombrera.
Fue en ese momento que Margarita, Luz Elena, Luz Ángela y una decena de mujeres de la comuna 13 que buscan a sus familiares desaparecidos se juntaron y crearon el grupo Mujeres Caminando por la Verdad, para denunciar distintas formas de violencia en la zona.
Grupo de profesionales y policías empezando las excavaciones para la búsqueda de desaparecidos en una parte de La Escombrera.
—En la época de la Operación Orión, la mayoría de los desaparecidos eran enterrados en La Escombrera. La comunidad vio pasar a nuestros muertos para enterrarlos allá. A algunos les hicieron cavar su propia tumba —dice Luz Ángela con voz firme y sujetando fuerte la imagen de su esposo desaparecido.
A fines del 2015 la alcaldía se comprometió a buscar los más de 100 desaparecidos que se estima están enterrados en La Escombrera. La búsqueda se realizó en una pequeña zona y se basó solamente en el testimonio de uno de los victimarios. Después de seis meses nada se encontró y la búsqueda se detuvo.
—La Operación Orión y demás acciones de opresión contra la comunidad han generado un alto grado de desconfianza en la institucionalidad, debido a las violaciones de los derechos humanos cometidos por el Estado —comenta Luz Elena.
La mayor parte de La Escombrera sigue siendo utilizada como basural, lo que complica aun más la posibilidad de encontrar a los desaparecidos.
—No es fácil enfrentar lo vivido, y mucho menos el miedo, ese que aún de alguna forma hace parte de nuestra historia. Pero ese mismo dolor nos empuja a buscar ayuda para hallar a nuestros familiares —dice Margarita en una de las subidas a La Escombrera.
—La Escombrera es un ejemplo claro de la impunidad que campea en Colombia y otras partes de nuestro continente. A pesar de los miedos y las frustraciones que encuentra en el camino, el grupo Mujeres Caminando por la Verdad sigue en pie.
Hija y madre de desaparecidos observan desde lo alto a La Escombrera, donde piensan que hay posibilidad de encontrarlos.
Lucila
Lucila, que espera encontrar a su hijo desaparecido, durante el último día de la búsqueda oficial de desaparecidos en La Escombrera.
Carabineros de la Policía Nacional vigilando desde lo alto el proceso de búsqueda de desaparecidos en La Escombrera.
Gloria
“En la época de la Operación Orión estaba la Fiscalía, la Policía, los paramilitares, y yo creo que lo de mi hijo es un crimen de Estado... Uno va a seguir con esa ilusión de verlo llegar como lo vio salir. Hasta que no vea a mi hijo, hasta que no vengan y me digan ‘vea, doña Gloria, este es su hijo’ yo lo voy a seguir esperando. Yo voy a seguir buscando hasta encontrarlo, hasta que lo saquen de ahí, y lo voy a llevar donde no lo sigan pisoteando más con toneladas de escombros e impunidad”.
Margarita
Hablamos con ella en La Escombrera, mientras grupos de búsqueda excavan el terreno. “Todo esto me da mucho miedo; siento que a mi hija, a mi niña la van a arañar, la van a romper, pero sé que esto es necesario. Se necesita acabar con este dolor, yo la sigo esperando”.
Blanca Nidia
“Un día mi papá me llamó y me dijo ‘mija, parece que el Mono no aparece’. Y desde ahí, ya no se supo más nada de él. En ese momento me puse a buscarlo y un muchacho me dijo: ‘Es más bien que se quede quietecita, no haga mucha bulla porque si no la desaparecen a usted también’, pero desde ahí hasta hoy sigo en la misma búsqueda”, cuenta con un cartel que siempre lleva consigo, que tiene la foto de su hermano y su fecha de desaparición.
En abril de 2018 el conflicto se encendió otra vez en la comuna 13. Ahora no hay milicias izquierdistas ni grupos paramilitares, sino bandas de sicarios y mafiosos cuyos nombres parecen chistes ridículos: La Agonía, El Coco, Unión Chivos y Pájaros, Los Pesebreros. El discurso oficial atribuye el incremento de la violencia a las disputas entre bandidos de segunda línea, pero investigadores como Fernando Quijano, con amplia experiencia en el conflicto urbano de Medellín, consideran que hay un problema estructural no resuelto: las concesiones de la institucionalidad a los poderes ilegales para mantener el control efectivo sobre la ciudad.
La fórmula es simple: el Estado prefiere aliarse con criminales para mantener el dominio sobre las periferias empobrecidas antes que permitir el resurgimiento de los movimientos sociales en los barrios. En apenas tres meses han ocurrido más de 60 homicidios, 350 desplazamientos forzados, incontables amenazas y tiroteos casi a diario en toda la comuna. La primera semana de junio la Policía irrumpió de madrugada en el sector de Las Independencias; sin órdenes judiciales, allanó casas y realizó detenciones masivas.
Los vecinos señalan que la Policía tiene vínculos con las bandas, igual que en los tiempos de la Operación Orión, mientras que las organizaciones comunitarias y de víctimas en la comuna se oponen a una operación militar a gran escala, pues temen reeditar las escenas brutales de confrontación vividas en 2002.
Luz Elena y sus compañeras del grupo Mujeres Caminando por la Verdad, el 30 de agosto del 2016, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, marchando en Medellín por sus familiares desaparecidos.
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