En aquel caso, la medida coincidió con la llegada a Uruguay del representante del gobierno de Richard Nixon, y el virus se mezcló con un contexto político de medidas prontas de seguridad y acciones contra la autonomía universitaria. Una versión reducida de este texto fue publicada por el Archivo General de la Universidad de la República.

A pesar de la excepcionalidad de la situación sanitaria actual, esta no es la primera epidemia global que llega al país ni la primera vez que un gobierno toma medidas drásticas. Hace poco más de 50 años una gripe, también procedente de Asia, se instaló en esta parte del continente, y en Uruguay coincidió con la visita de un conflictivo dignatario extranjero. Y, como hoy, sus consecuencias excedieron el ámbito de la salud para instalarse en el terreno de la educación y la política.

En el invierno de 1969, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, encomendó a Nelson Rockefeller, gobernador de Nueva York, la realización de una gira por América Latina para evaluar los resultados de la política desarrollista de la Alianza para el Progreso. La gira ya contaba con mala prensa en el continente y fue recibida con manifestaciones estudiantiles y violentos enfrentamientos con las fuerzas policiales en las ciudades a las que llegaba, con su saldo de heridos e incluso de estudiantes muertos, tal como sucedió en Quito. Su visita fue cancelada por los gobiernos de Perú, Venezuela y Chile, y en Bolivia nunca pudo salir del aeropuerto, bloqueado por los manifestantes.

Dado el contexto político y económico uruguayo —inflación galopante, movilización en el marco de la rendición de cuentas, recuerdo muy cercano del movido invierno de 1968, frecuente apelación a medidas prontas de seguridad—, la visita de Rockefeller al país no iba a ser una excepción. Así lo pronosticaba Oscar Bruschera en las páginas de Marcha, al hablar de “una visita indeseable y perjudicial, cuya presencia entre nosotros va a estar signada —no es ninguna profecía, es una evidencia— por violencia, represión, brutalidad y probablemente sangre”. Su artículo, publicado el 6 de junio de 1969, se titulaba, sugestivamente, “Rockefeller go home”.

Dentro del proceso predictatorial, la visita del representante de Nixon, el despliegue de medidas de diversas índoles que provocó y sus consecuencias inesperadas en el ámbito social y político aparecen retrospectivamente como mojones de la escalada represiva. Las distintas actitudes y medidas tomadas por el gobierno de Jorge Pacheco Areco, primero para limitar los disturbios y luego como reacción ofensiva hacia los elementos considerados responsables de ellos, se pueden rastrear en prensa de la época y en el acervo del Archivo General de la Universidad de la República (Udelar).

El virus, conocido como “Hong Kong”, pertenecía al grupo A2 y era una nueva cepa de gripe particularmente contagiosa, pero con un nivel de letalidad dentro de lo común: era potencialmente peligrosa entre la población más vulnerable, es decir, niños y ancianos. Quizás las mayores diferencias con la situación actual fueran la ausencia, en los años 60, de un sistema estadístico, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, y la existencia de una vacuna contra la enfermedad. La falta de monitoreo estadístico impedía, en primer lugar, medir el alcance de la pandemia (pensemos hoy en el conteo diario de los contagios en cada país afectado), y en segundo lugar, establecer políticas nacionales e internacionales para controlar su expansión. Eso probablemente permita explicar que la gripe de Hong Kong no haya sido considerada por los expertos de la época como una gripe pandémica de gravedad, y que haya caído rápidamente en el olvido. Es más: es posible suponer que si es recordada en Uruguay es porque coincidió con la visita de Rockefeller y no tanto por los propios efectos de la enfermedad. Por estas razones, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no aconsejaba más que la vacunación de la población más frágil, en los dos extremos del arco etario. Esta consigna no pudo ser aplicada en Uruguay —a pesar de que su llegada había sido anunciada meses antes, por haberse instalado el año anterior en Asia y luego en Europa— porque las dosis elaboradas por los laboratorios se habían agotado en el hemisferio norte.

Hasta junio, la gripe de 1969 había sido desestimada por autoridades y medios de comunicación, pero repentinamente el gobierno decidió tomar medidas de prevención: la suspensión de clases en la educación primaria, secundaria y universitaria. En la Udelar, el decreto que oficializó tal decisión generó una serie de cuestionamientos internos en el Consejo Directivo Central (CDC). Ni bien se conoció la noticia por la prensa y aun sin una comunicación oficial a las autoridades universitarias, se convocó a médicos expertos para analizar la pertinencia de la medida. En la sesión del consejo del 17 de junio, el doctor Federico Salveraglio, director del Instituto de Enfermedades Infecciosas del Ministerio de Salud Pública, afirmó que su organismo no había participado en la decisión de emitir el decreto. Salveraglio, junto con los doctores Héctor Tossi, Obdulia Ebole y Julio Ripa, señaló la incapacidad de medir el alcance de la epidemia salvo por aproximaciones mediante el ausentismo en algunos lugares de trabajo, que se evaluaba hasta en 10%.

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Surgieron allí, además, varias referencias a otra epidemia de gripe: “De acuerdo con lo observado en las epidemias de los países del norte, es un tipo de virus que produce la gripe corriente, que no es la gripe pandémica que se extiende por todo el mundo con gran virulencia, como fue la gripe de 1957”. La comparación con otra pandemia de mayor alcance, durante la cual no se tomaron medidas especiales, aparecía como argumento para deslegitimar la medida de Pacheco, y también para hacer hincapié en la inutilidad de la prevención y de la clausura de lugares de mucha concentración de población. En cambio, estaba completamente ausente la idea de mejorar el control de la epidemia con respecto a la anterior. Por otro lado, en la línea de la OMS, es posible destacar una clara desconfianza hacia las medidas profilácticas. Los expertos consideraban que no era posible evitar la diseminación del virus y que la epidemia no era todavía tan grave como para exigir el cierre de los locales de enseñanza.

Además del llamado a especialistas, el debate tomó un giro claramente político, ya que el decreto afectaba únicamente a los locales educativos, mientras quedaban abiertos otros lugares cerrados de reunión masiva, como los cines, los teatros y los locales gastronómicos. Esto fue entonces interpretado como un claro intento de evitar los disturbios estudiantiles con motivo de la llegada del representante estadounidense. De ahí que popularmente se empezó a llamar a la pandemia con el nombre de “Gripefeller”. La relación entre la visita del representante de Nixon y las medidas con respecto a la epidemia no fue denunciada solamente en el ámbito universitario. En Marcha, Daniel Waksman Schinca, preguntándose por qué no se tomaron medidas para cuidar a las personas en los hospitales, ironizó: “Quizás sea porque los locos ni tienen noticias de que está por venir Rockefeller”.

El orden estudiantil de la Udelar reclamó una declaración del CDC que destacara el carácter político del decreto, que apuntaba a “desorganizar la expresión de los organismos de enseñanza, la expresión viva de la masa estudiantil y el cuerpo docente, intentando de alguna manera evitar su agrupamiento”. El tema, así como el de la reciente clausura del diario Extra, la rendición de cuentas y la prohibición de manifestarse por la avenida 18 de Julio, aparecieron como las principales preocupaciones de los estudiantes en el CDC. Mientras se discutía en torno a la violación de la autonomía por parte del Poder Ejecutivo y a la validez jurídica del decreto, el orden estudiantil se plantaba firme en la postura de continuar normalmente con las clases. Finalmente, primó la posición de quienes consideraban delicado contradecir un decreto en defensa de la salud pública, con las consecuencias que eso podría tener en la imagen de la casa de estudios. El consejero Arturo Carbonell dejó clara esta postura: sería “difícilmente entendible ponerse frontalmente en contra de un decreto que habla de gripe cuando todo el mundo tiene un enfermo en la casa”, dijo. La estrategia elegida fue respetar la decisión gubernamental, pero a la vez hacer pública la posición universitaria en relación con el uso político de la epidemia y con la dudosa eficiencia de las medidas tomadas, apoyándose en los informes de especialistas.

Sin embargo, varios eventos ocurridos en esos días muestran que el decreto no alcanzó su objetivo en relación con la llegada de Rockefeller, a pesar de haberse trasladado su visita a Punta del Este, sin parar en Montevideo, evitando el contacto con la población y protegido por un amplio despliegue policial y militar. Montevideo fue escenario de disturbios que llevaron a definir el ambiente como “explosivo”. Los tupamaros también reaccionaron. El 20 de junio, aprovechando que se había reforzado la vigilancia de las empresas estadounidenses, dos de ellos se hicieron pasar por policías e incendiaron la sede uruguaya de General Motors, ubicada en el barrio Sayago. Al día siguiente, mientras Pacheco se reunía con Rockefeller, los guerrilleros lograron realizar una emisión radial para difundir una proclama en contra de ambos dirigentes. El espectacular atentado llevó al gobierno a instaurar las medidas prontas de seguridad el día 24. Este recurso, que permitía ejercer la censura, gobernar por decreto y militarizar a los funcionarios, había sido una respuesta cada vez más frecuente durante los gobiernos de Óscar Gestido y Pacheco Areco frente a las movilizaciones sociales.

Los estudiantes, por su parte, utilizaron sus casas de estudio para manifestar su repudio a la llegada del representante de Estados Unidos. Frente al fracaso de las medidas justificadas por la pandemia de gripe, el gobierno se apoyó luego en la agitación estudiantil para desplegar una política más agresiva, alimentando el clima conflictivo entre el Ejecutivo y la Udelar, y entre la propia población.

La colocación a media asta de la bandera de Uruguay junto a las de Vietnam del Norte y Cuba en la fachada de la Facultad de Medicina hizo que el 24 de junio el Ministro del Interior enviara una carta al rector, Óscar Maggiolo, reclamando el retiro de los locales universitarios de símbolos patrios de otras naciones. Se habían difundido relatos de quema de banderas nacionales y su reemplazo por pabellones extranjeros. Maggiolo tomó la defensa de los estudiantes explicando que tales episodios no habían ocurrido, que se trataba de una decisión de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay en contra de la llegada de Rockefeller y que “la colocación de la bandera nacional fue en consecuencia un acto de reafirmación de nuestra soberanía”. Sin embargo, ya en 1969 el diálogo entre el gobierno y las autoridades universitarias estaba impregnado de desconfianza y hostilidad: la solicitud de sacar las banderas extranjeras fue reiterada el 7 de julio, dando al rector un plazo de cinco horas para retirarlas e instando a la Udelar a cumplir con el decreto relativo a la suspensión de clases por medidas sanitarias. Esto fue interpretado por las autoridades de la casa de estudios como un ejemplo más de la política gubernamental contra la Udelar, que “viene siendo objeto de una campaña por la cual se pretende desprestigiarla ante la opinión pública”.

La solicitud del gobierno relativa a las banderas extranjeras generó una discusión a puertas cerradas en comisión general del CDC. El debate giró en torno a la propuesta de realizar un acto en respuesta a la intimación del gobierno. No se llevó a cabo, pero en su lugar se decidió hacer una edición dedicada al asunto en el programa de televisión que llevaba adelante la Udelar en Canal 5 del SODRE. La casa de estudios había comenzado en marzo de 1967 con este programa, que se emitía los lunes en un horario que fue variando entre las 21.30 y las 23.00. Estaba estructurado en ciclos mensuales en torno a una problemática, para los que se invitaba a docentes especializados en el área. El lunes 14 de julio debía empezar un ciclo del Instituto de Economía con el programa “Relación entre inflación y sociedad”, a cargo de los contadores Luis Faroppa y Alberto Tisnés. Sin embargo, durante la sesión del CDC del 7 de ese mes se decidió postergar el inicio del ciclo y realizar un programa especial denominado “Historia y significado de los símbolos nacionales” con el historiador Eugenio Petit Muñoz.

Del contenido de la discusión en el CDC no quedaron registros, dado que se desarrolló a puertas cerradas y no se transcribió en actas. El programa de televisión se realizaba en vivo, por lo que tampoco conocemos su contenido. Sin embargo, el carácter secreto de la reunión y lo inusual de realizar un programa sobre un tema aislado, de forma urgente y determinado directamente por el CDC, permiten ver la importancia conferida al asunto y la necesidad de hacer rápidamente pública su opinión, probablemente crítica hacia el Ejecutivo y la polémica que desató.

El incidente no tuvo repercusiones solamente en la interna de la Udelar, sino que generó una comisión investigadora en el Parlamento y un movimiento nacional de desagravio a la bandera y para revalorizar los símbolos patrios. La comisión investigadora fue solicitada el 10 de julio por el diputado del Partido Nacional Ricardo Planchón, debido al izamiento “de banderas de países donde imperan dictaduras crueles” en locales de enseñanza secundaria y de la Udelar.

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Muy pronto la comisión parlamentaria amplió sus objetivos de investigación a otras atribuciones universitarias, como los llamados “contracursos”, según se detallaba en el diario Acción. Los estudiantes de diversas facultades ya realizaban estos contracursos desde el año anterior, como forma de mejorar la imagen de la casa de estudios entre alumnos, docentes y funcionarios. Se buscaba que la población conociera “la realidad que vive la Udelar desde el punto de vista de la docencia, la asistencia, la investigación, como consecuencia de los déficits presupuestales”. Permitían además abordar cuestiones extracurriculares de interés para los estudiantes, muchas veces vinculadas a la situación económica y política del país.

Por ambos motivos, el 1° de agosto concurrieron a declarar ante el Parlamento Maggiolo y el decano de la Facultad de Medicina, Hermógenes Álvarez. En su informe, el rector explicaba cómo allí se intentaba que la investigación sobre los símbolos extranjeros se extendiera “a otros problemas universitarios, a todo el problema universitario, precisamente, debido a que el problema de las banderas no da para hacer ningún pronunciamiento al respecto”. Las preocupaciones de los actores universitarios incluían una “campaña de desprestigio en medios de prensa oficialistas” y el proyecto gubernamental de Coordinación de la Enseñanza, que implicaba una restricción de la autonomía de los organismos educativos. Además, había inquietud por el reiterado arresto de dirigentes universitarios, como la reciente detención del decano de la Facultad de Arquitecetura, Adolfo Aguirre González, y del candidato a decano de la Facultad de Medicina Pablo Carlevaro. Preocupaba porque a la Udelar se le estaba “acercando otro período difícil y en la medida en que las cabezas dirigentes de la universidad no estuvieran disponibles por encontrarse detenidas” se iba a “dificultar la acción de defensa”, según las actas del CDC del 1° de agosto.

Las repercusiones del incidente por las banderas nacionales y extranjeras trascendieron el ámbito universitario y fueron aprovechadas para generar un movimiento patriótico y “demócrata”. El Ministerio de Instrucción Pública rápidamente editó la publicación Símbolos nacionales con las disposiciones legales sobre el uso de banderas, escudos y escarapelas, para ser entregada de forma gratuita en centros de enseñanza. Por otro lado, se realizaron actos en todo el país, por parte del gobierno y de sectores conservadores, para festejar el 18 de julio como el Día de la Bandera. Organismos del Estado, diversos medios de prensa y organizaciones sociales declararon su adhesión al acto patriótico y de desagravio de la bandera. Por ejemplo, el diario Acción, en su intensa campaña, incluyó en la edición del 17 de julio una bandera uruguaya. Buscaba “conjugar así con nuestro pueblo, su sentimiento patriótico en defensa de nuestras instituciones y de desagravio a la bandera. A los desviados que la sustituyeron por otras, ahora, sólo les resta reflexionar”. De la misma forma, el 18 de julio el club Baltasar Brum entregó a los niños reproducciones de los símbolos patrios, junto con golosinas.

En Montevideo, el acto principal se realizó en la plaza Matriz y contó con un desfile militar, y además se llevaron adelante actos en diferentes entes y organismos del Estado, barrios e instituciones de enseñanza. En el interior del país, actos de similares características se llevaron adelante en San Ramón, Trinidad, Fray Bentos y Salto, como recoge María Eugenia Jung en La educación superior entre el reclamo localista y la ofensiva derechista. El movimiento pro-Universidad del Norte de Salto (1968-1973). En este último departamento, de hecho, el acto patriótico fue el evento a partir del cual se creó la Juventud Salteña de Pie, que luego desembocó en la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), agrupación de carácter conservador, anticomunista y “patriótico” que protagonizaría varios episodios de violencia política entre 1970 y 1974, año de su disolución.

A pesar de la importante movilización en torno a esos eventos patrióticos, surgieron tensiones y represión. En Bella Unión, un discurso pronunciado por el profesor Carlos Rampa que enfatizaba el impulso de justicia social del artiguismo fue interrumpido, en tanto que el docente fue detenido y mantenido incomunicado. Pocos días después, el liceo fue ocupado por “padres demócratas” con apoyo de los estudiantes mediante votación en asamblea, lo que impidió el desarrollo de las clases. Una carta de la Asociación de Profesores del Liceo de Bella Unión, publicada en Marcha, indica que cerca del final del año el liceo seguía ocupado por un grupo de padres de alumnos. Acontecimientos similares ocurrieron en Artigas, tras una conferencia sobre el poeta español Antonio Machado. Los organizadores del evento cultural fueron detenidos, así como parte del público. Luego, el liceo fue ocupado por un grupo de estudiantes y de padres.

Rockefeller partió hacia Buenos Aires, donde sí interactuó con la prensa —hablaba un correcto español— y se mostró en sitios públicos, aunque eso requirió grandes dispositivos de seguridad. Proveniente de una familia de millonarios y políticos, representaba el ala moderada de un Partido Republicano dominado por la derecha más dura. Al terminar su gira, entregó a Nixon un informe crítico sobre el funcionamiento de la Alianza para el Progreso, a la que evaluó, paradójicamente, como un obstáculo para el desarrollo de los países de la región.

Aunque en Uruguay tuvo contactos estrictamente diplomáticos, su visita incidió, como vimos, en el ámbito político, y tuvo consecuencias que excedieron la movilización social y la respuesta represiva que tuvo lugar en otros países del continente. Su estadía afectó no sólo las políticas de salud y educación, sino que fue el puntapié para una reacción conservadora y “patriótica” que abrió camino a fenómenos como el de la JUP.