La principal función del presidente de Estados Unidos responde a su condición de diplomático y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. A pesar de ello, en este ciclo electoral la política exterior como tema de agenda ocupó un lugar marginal tanto en las primarias como en los debates presidenciales para las elecciones generales de noviembre de 2020.

Luego de uno de los procesos electorales más disputados e impugnados en medio siglo, en vísperas de la reunión del colegio electoral que pondría punto final a las indefiniciones de un proceso marcado por denuncias de fraude, supresión de derechos electorales e interferencia extranjera, y ante la incertidumbre de la transición y el escenario poselectoral, el interrogante que ha sobrevolado la región ha sido si la victoria del demócrata Joe Biden traerá un cambio significativo a la política estadounidense hacia América Latina.

A riesgo de sonar determinante, la respuesta corta es no. El cambio de retórica, tono o estilo que se anticipa con la asunción de la fórmula Biden-Kamala Harris no representará modificaciones sustanciales en los temas de una agenda de política exterior en la que América Latina como bloque regional no ocupa un lugar central ni prioritario. Dicho ello, y si bien de manera secundaria, los ojos estarán puestos en la dinámica y los vaivenes de la relación con Cuba, Venezuela, México, Brasil, Colombia, el llamado Triángulo Norte de Centroamérica —El Salvador, Guatemala y Honduras, con relación a la cuestión migratoria— y, en menor medida, con el resto de la región, Mercosur incluido.

Oficina de Western Union, en La Habana. La empresa de transferencia de dinero anunció el cierre de sus operaciones en Cuba por las nuevas sanciones de Washington que impiden su trabajo con la financiera cubana Fincimex. La medida priva a miles de cubanos de recibir remesas de sus familiares en Estados Unidos.

Oficina de Western Union, en La Habana. La empresa de transferencia de dinero anunció el cierre de sus operaciones en Cuba por las nuevas sanciones de Washington que impiden su trabajo con la financiera cubana Fincimex. La medida priva a miles de cubanos de recibir remesas de sus familiares en Estados Unidos.

Foto: Yamil Lage, AFP

Cuba

Una de las grandes preguntas ha sido si la administración de Biden retornará a la política de restablecer relaciones diplomáticas con La Habana y avanzar en un proceso de normalización de la relación bilateral, una de las principales maniobras del segundo mandato de Barack Obama. Durante su campaña en el disputado estado de Florida, donde reside la comunidad de origen cubano más grande del país, Biden aseguró que de ganar las elecciones esa era justamente su intención. Y, con relación a la política del gobierno de Donald Trump, agregó: “Necesitamos una nueva política hacia Cuba. El enfoque de este gobierno no está funcionando. Cuba no está más cerca de la libertad y la democracia hoy que hace cuatro años”.

Sin embargo, es de observar que un “deshielo” en las relaciones bilaterales no necesariamente implicaría una flexibilización del embargo comercial, económico y financiero impuesto sobre el país a partir de 1962.

La reanudación de vuelos comerciales entre la isla y el continente o la autorización para el envío de remesas de dinero no se traducirán en viajes irrestrictos, una apertura comercial o la sanción de legislación que cambie radicalmente la relación comercial, económica o política hacia el país antillano. En este sentido, muchos analistas van más lejos y consideran que será imposible retornar a los términos a los que se había llegado cuando Obama dejó el poder, pues la era Trump significó un retroceso sustancial en el breve camino recorrido. Retomar las relaciones con Cuba implica volver a fojas cero.

Nicolás Maduro en una conferencia de prensa, el 15 de noviembre, en el Palacio de Miraflores.

Nicolás Maduro en una conferencia de prensa, el 15 de noviembre, en el Palacio de Miraflores.

Foto: Jhonn Zerepa, presidencia de Venezuela, AFP

Venezuela

El mismo día en que Biden obtuvo la mayoría mínima de 270 electores para el colegio electoral, entre los saludos de presidentes y líderes mundiales se contó el de Nicolás Maduro. El 7 de noviembre de 2020 felicitó vía Twitter al presidente electo, dijo que Venezuela “siempre estará dispuesta al diálogo y al entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos” y manifestó su voluntad de retomar relaciones con el gobierno entrante.

Sin embargo, Venezuela no contará con la misma “apertura al diálogo” que podría ponerse sobre la mesa para Cuba. Durante su campaña, Biden no sólo calificó a Venezuela de un “desafío a la seguridad nacional estadounidense”, sino que afirmó que la “incoherente” política de Trump resultó en “un fracaso abyecto”:

Nicolás Maduro se ha fortalecido, el pueblo de Venezuela está peor, vive en una de las peores crisis humanitarias del mundo. El país no está más cerca de unas elecciones libres [...] Ha eliminado a los socios internacionales, ha alienado a los aliados y socavado la causa de la democracia [y] no ha logrado eliminar el sufrimiento humano de millones de venezolanos-estadounidenses.

Por un lado, teniendo en cuenta las medidas adoptadas durante la gestión de Obama —que consideraron desde sanciones a líderes políticos y militares del régimen venezolano hasta congelamiento de activos, restricciones comerciales y deslegitimación política— y la continuidad que se observó en las disposiciones adoptadas por el gobierno de Trump, se espera que esta línea se refuerce durante el próximo gobierno. Por otro lado, en un período que se ha caracterizado por una infranqueable polarización, demócratas y republicanos comparten un consenso bipartidario: Maduro debe abandonar el poder. Así, es probable que la administración de Biden abandone públicamente la retórica de “todas las opciones están sobre la mesa”, pero no el objetivo ulterior de lograr un cambio de gobierno, por lo que —en principio— se enfocará en impulsar iniciativas de solución y salida negociada entre los actores políticos venezolanos.

Política inmigratoria

La idea de que la política inmigratoria estadounidense podría cambiar sustancialmente con la asunción de Biden parece olvidar que muchos de sus lineamientos, sobre todo los relacionados con la inmigración proveniente de América Latina —muro fronterizo incluido—, se establecieron desde la década de 1990 en adelante. Lo que se anticipa es una mayor “cooperación” entre los países de Centroamérica y Estados Unidos en función de abordar las causas fundamentales de la inestabilidad política y económica que convierte a los primeros en países expulsores de población con destino a Estados Unidos.

Recientemente Michael Shifter, presidente del centro de pensamiento Diálogo Interamericano, uno de los organismos más influyentes para la política hemisférica en Washington, declaró a la agencia Télam que Biden “como vicepresidente, consiguió 750 millones de dólares para la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de la América Central. El objetivo era trabajar sobre las causas de la inmigración, algo que Trump no priorizó. Biden podría comprometer recursos y tratar de enfrentar los problemas económicos, de seguridad y de cumplimiento del Estado de derecho para ayudar a desarrollar esos países”. Sin embargo, dado el contexto de crisis económica y sanitaria sin precedentes, las expectativas sobre posibles transferencias de recursos deberían ser extremadamente moderadas. Como destaca Shifter, más allá de una postura posiblemente más apoyada en la diplomacia y la cooperación que en la abierta coacción y la unilateralidad, “será limitado lo que [el gobierno de Biden] pueda hacer, porque los recursos serán acotados. Habrá mucha presión para canalizar los recursos dentro del país”.

En relación con la situación de los inmigrantes indocumentados retenidos en los cientos de centros de detención a lo largo de la frontera, la derrota de Trump podría representar una revisión de políticas que violan los derechos civiles y humanos de poblaciones en riesgo. Bajo los Protocolos de Protección a Migrantes (también conocidos como la política Remain in Mexico), la administración de Trump presionó a los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras —amenazándolos con reducir préstamos y congelar acuerdos comerciales— para que se adhirieran a acuerdos que obligan a decenas de miles de solicitantes de asilo a permanecer en sus países mientras sus casos son considerados por las autoridades estadounidenses. Según la organización Justice for Immigrants, esta política implica que aquellos solicitantes de asilo que llegan por tierra a la frontera entre Estados Unidos y México deban pasar una evaluación de “miedo creíble” ante un funcionario estadounidense, pero primero tienen que regresar a México y esperar allí la fecha de su audiencia, en condiciones de vida poco menos que deplorables. Esto, sumado a las presiones recibidas de parte de su principal socio comercial, hizo que México superara su propio récord de deportaciones. Según datos del Instituto Nacional de Migración, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador triplicó las deportaciones de migrantes centroamericanos, y llegó a expulsar a más de 45.000 personas en sólo cinco meses. Este incremento se produjo en consonancia con la declaración del gobierno mexicano a comienzos de 2019 sobre sus intenciones de “ordenar” el fenómeno migratorio. Jon Martin Cullell destaca que antes de que se produjera esta reorientación, el número de deportaciones se situaba por debajo de los 6.000, un descenso importante respecto de las más de 10.000 personas deportadas en el último mes del gobierno anterior, criticado por su política de mano dura frente a la inmigración. Pero, cinco meses después de la toma de posesión de López Obrador, el número de deportaciones ya había superado las del último período de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Predio en Sierra Vista, Arizona, el 3 de noviembre de 2020.

Predio en Sierra Vista, Arizona, el 3 de noviembre de 2020.

Foto: Ariana Drehsler, AFP

Buscar asilo es un derecho internacional fundamental contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y concederlo es una obligación de los estados. Sin embargo, durante los últimos cuatro años se ha reducido sustancialmente el número de asilados y refugiados aceptados en Estados Unidos, miles de personas han sido detenidas en centros de detención para inmigrantes e incontables niños han sido separados de sus familias. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, se calcula que alrededor de 400.000 adultos y 500.000 niños han sido detenidos en centros de detención federales, estaduales y privados en condiciones que han servido para perpetrar violaciones a los derechos humanos y de los niños, exacerbadas por la retórica antiinmigratoria de la administración de Trump. Así, la prioridad del próximo gobierno deberá ser abordar el funcionamiento, los estándares y las condiciones de vida del sistema de asilo y detención en las más de 140 cárceles en 44 estados, que constituyeron uno de los mayores escándalos de violación a los derechos humanos de la gestión saliente.

China en América Latina

Una de las principales preocupaciones de la agenda de política exterior de Estados Unidos es la creciente influencia de China a nivel global, y Latinoamérica no es la excepción.

China se ha convertido en el segundo socio comercial más grande de América Latina, ha comenzado a establecer asociaciones estratégicas, incrementó sus inversiones y sus importaciones provenientes de los países de la región, logró la adjudicación de proyectos de tecnología, energía y minería, multiplicó los convenios educativos y culturales, y se posiciona cada vez más como acreedor regional.

En 2019, y en respuesta al creciente número de países latinoamericanos que adhirieron al plan chino de infraestructura “Una franja, una ruta”, la administración de Trump creó Growth in the Americas. Esta iniciativa propone fomentar las inversiones privadas en infraestructura en América Latina y el Caribe a través de cambios en los marcos regulatorios de los países de la región y sus estructuras de adquisición, con miras a “satisfacer las necesidades de financiación de proyectos cuyos recursos son limitados”.

En principio, parecería que el acento está puesto en la flexibilización de las condiciones de inversión, la eliminación de impuestos y el abaratamiento de la mano de obra para atraer la inversión privada estadounidense más que en los recursos que Estados Unidos pueda asignar a esta iniciativa, que no se equiparan con los que China está preparada para invertir y que ya está invirtiendo. En este sentido, es probable que la reciente iniciativa del Departamento de Estado continúe con otro nombre, un poco más de recursos y mucha “persuasión” de mano dura para demostrar —como ha destacado Shifter— “que Estados Unidos se toma en serio el crecimiento de China en la región”.

El Mercosur

En primera instancia, y en relación con lo anterior, la administración de Biden tiene expectativas de que el Mercosur reoriente su modelo económico y coloque barreras para la inversión china en la región.

Luego, uno de los temas más relevantes relacionados con el Mercosur en los últimos tiempos ha sido el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, aún sujeto a revisión legal y formal, y criticado por grupos medioambientalistas. Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea y comisario europeo del Euro y de Diálogo Social, afirmó un mes antes de las elecciones estadounidenses que a menos que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abandone su política de fomentar las actividades de ganaderos ilegales y especuladores para que deforesten las tierras del Amazonas, el acuerdo no será ratificado. Según declaraciones de Dombrovskis a la agencia Reuters, la Unión Europea necesita “un compromiso significativo de parte de los países del Mercosur. Tendrán que atenerse a las condiciones sobre deforestación y al Acuerdo de París, porque eso está muy claro”.

Dado que probablemente una de las primeras medidas de Biden será volver al Acuerdo de París sobre cambio climático, abandonado por Trump en 2017 y que debido a las reglas de la Organización de las Naciones Unidas se efectivizó recién en noviembre de 2020, se cree que el próximo gobierno presionará a los países de la región para ajustarse a medidas de este tipo, en la expectativa de que las agendas económicas, de inversión y climáticas avancen en consonancia.

Todo este derrotero nos sugiere que, sin abandonar los lineamientos de la Doctrina Monroe, bajo la próxima administración demócrata Estados Unidos recuperará las prácticas políticas popularizadas por Theodore Roosevelt hacia la región a comienzos del siglo XIX: Speak softly and carry a big stick, you will go far (“Habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos”).