La batalla por el oro púrpura en la Amazonia

Alfredo Batista Cunha recorre el mapa con los dedos para mostrar la tierra reclamada por lo que queda de la comunidad del quilombo de Gurupá, en la isla Marajó, una región de Pará de más de 10.000 hectáreas disputada por negros quilombolas y blancos productores rurales. La titulación del territorio, ya conquistada por los quilombolas en la Justicia, involucra la disputa por el açaí, conocido como “oro púrpura”.

Para mostrar una de las consecuencias de esta disputa por la tierra, Alfredo me acompaña en un viaje de más de media hora en rabeta —nombre que se les da a pequeños barcos con motor en la popa— a un campamento a orillas del río Arari. Allí, el recolector de açaí Gilberto Amador, un hombre tímido, con una voz casi inaudible, muestra una cicatriz en la cadera, donde todavía está alojada la bala disparada el 29 de setiembre de 2016 por el administrador del establecimiento rural São Joaquim Agropecuária Limitada, Assis da Silva Leal.

Gil, como es conocido Gilberto, cuenta que unos 30 guardias de seguridad del establecimiento rural llegaron en botes, disparando con pistolas y escopetas de doble caño. “Dijeron: ‘Matá a este hijo de puta’. Se suponía que iban a disparar a matar. Me dijeron que me acostara”, agregó, todavía con timidez. La misma versión consta en su declaración, en el expediente de una investigación que todavía está en curso.

Gil es una de las víctimas de una disputa de más de medio siglo con el establecimiento São Joaquim. A ese mismo conflicto la comunidad le atribuye el asesinato de dos quilombolas y una agresión que terminó con una persona en silla de ruedas, además de innumerables actuaciones policiales por hurto de açaí en tierras que el establecimiento reclama como suyas, contra lo que dictaminó la Justicia. Aunque la comunidad Gurupá ganó en todos los ámbitos, el título de demarcación de tierras continúa siendo amenazado por São Joaquim, dicen los entrevistados para este reportaje.

Los propietarios de ese establecimiento, el fallecido Liberato Magno de Castro y sus herederos, se declararon dueños de casi la mitad del área del título de propiedad, incluidos todos los açaí que bordean el río Arari. Los informes públicos han señalado, sin embargo, que el área es parte del acaparamiento de tierras que hizo Liberato. Es decir, se apropió de tierras que no le pertenecían y las hizo pasar por suyas mediante documentos falsos.

Del proceso de titulación del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) falta la expulsión de los intrusos, el desalojo de los no quilombolas de ese territorio. La lentitud del proceso llevó a la Procuraduría General de la Unión a presentar, el 26 de setiembre, una acción de recuperación para anular la escritura de propiedad y cancelar los registros de bienes inmuebles del establecimiento São Joaquim.

Para el Ministerio Público Federal, este es uno de los conflictos más serios de los que involucran a quilombolas en todo el estado de Pará. La historia de la comunidad, ubicada a orillas del río que le da su nombre, Gurupá, se remonta a la fuga de personas esclavizadas de un establecimiento rural en la orilla opuesta del río Arari, donde desemboca el Gurupá, a mediados del siglo XIX. Con el pasar de las décadas, las tres familias originarias —una de ellas es la Batista, de la que proviene Alfredo— se convirtieron en una comunidad de 47 familias, cuya subsistencia siempre dependió de la selva amazónica, y que extrajo açaí para su consumo. A principios de la década de 1970, la llegada del estanciero Liberato a la región cambió todo, explica Alfredo.

Abogado y ganadero de renombre en Marajó, Liberato también tuvo antepasados que participaron en el período de la esclavitud, como su bisabuela, la baronesa Maria Leopoldina Lobato de Miranda. Historicismo aparte, los casi 900 quilombolas de Gurupá recuerdan, por experiencia o por relatos, cuando el estanciero llegó diciendo que esas tierras le pertenecían, y sus empleados prendieron fuego las casas de sus familiares. En esa época, las familias fueron expulsadas hacia las márgenes del río Gurupá, y desde entonces el establecimiento ha explotado los recursos disponibles en el resto de la región. “Mi tía Joana, cuando llegó de los campos, vio su casa en llamas y sus cosas debajo de los árboles”, cuenta Alfredo.

Si antes las familias vivían dispersas junto a varios arroyos repletos de açaí, hoy docenas de casitas bordean las curvas de Gurupá, el único lugar liberado por el estanciero para explotar el açaí. El conflicto sobre la “posesión” de la fruta se intensificó en la última década con la valorización del precio del açaí, cuya pulpa, la principal fuente de ingresos de la comunidad quilombola, se exporta desde Pará a todo el mundo. En 2018 Pará exportó más de 2.000 toneladas de oro púrpura, cuya ruta llega a casi todos los continentes, según la Federación de Industrias del Estado.

Acaparamiento y titulación

La zafra del açaí comienza en julio y se extiende hasta diciembre, y es entonces cuando los quilombolas logran obtener la mayor parte de sus ingresos, del açaí que se encuentra en el área protegida por el administrador de São Joaquim, Assis da Silva Leal. Anualmente, el establecimiento arrienda las palmeras de açaí a los trabajadores llegados de otras comunidades, que trabajan como aparceros, es decir, dejando la mitad de las ganancias a los propietarios del establecimiento.

En proceso de demarcación desde 2008, el decreto de reconocimiento de Gurupá ya fue publicado por el INCRA, en diciembre de 2014, y firmado por la Presidencia de la República, en abril de 2016. La supuesta propiedad de São Joaquim, a su vez, es considerada por la Secretaría de Patrimonio de la Unión tierra pública desde finales de 2017.

Se concluyó que los documentos presentados por Liberato no sólo son inválidos en la actualidad, ya que se remontan incluso al sistema de concesión de tierras a las familias nobles por parte del Imperio portugués (conocido como sesmarías), sino que, de hecho, refieren a otra área, de otro municipio.

Los antecedentes del productor incluyen una larga historia de participación en la política estatal. Liberato, además de ser propietario de São Joaquim, fue socio de un consorcio de establecimientos rurales llamado Itaqui Agropecuária Limitada, afiliado a la Asociación Brasileña de Criadores de Cebú, y también fue socio de un estudio de abogados en Belém. El estanciero llegó a ser mencionado en el libro Dueños de la tierra: trayectorias de la Unión Democrática Ruralista (UDR), de la historiadora Marcionila Fernandes, como miembro de la UDR de la isla Marajó.

Aunque Liberato murió a comienzos de 2018, sus herederos continúan luchando por la propiedad de la tierra. Una de sus hijas, Consuelo Castro, fue alcaldesa del Municipio de Ponta de Pedras, vecino de Cachoeira do Arari, por el Partido de la Social Democracia Brasileña, entre 2012 y 2016. Otro hijo, Leão Neto, colecciona publicaciones de Facebook en las que critica los derechos indígenas, la reforma agraria e incluso las repercusiones internacionales de las quemas en la Amazonia.

El administrador de São Joaquim, Assis, llamado capataz por los quilombolas, tendría incluso la ayuda de los guardias de seguridad del establecimiento rural y de la Policía Civil del Municipio de Cachoeira do Arari, donde está la comunidad, para proteger el lugar, según los quilombolas. Esto es lo que denuncia Alfredo, que hoy es presidente de la Asociación Remanente del Quilombo de Gurupá (Arquig). “Nuestra lucha ha durado más de 100 años, y en el caso de este agricultor que se dice dueño del área, duró 47 años. Hoy la tierra está declarada propiedad de los habitantes de la ribera y de los quilombolas, pero quienes perdieron no saben perder. Asumen este revés, porque salen a dar esa batalla”, dice, y muestra su preocupación por los quilombolas que están en la primera línea del conflicto.

La comunidad quilombola de Gurupá espera, desde hace casi dos años, que el INCRA desaloje a los intrusos del territorio, algo que ya fue pospuesto varias veces por falta de presupuesto. Además de São Joaquim, otro establecimiento rural, llamado Caju, y otras siete propiedades de pequeños productores que no se consideran quilombolas se encuentran dentro del territorio de la comunidad Gurupá. Sólo estas pequeñas propiedades recibirán indemnización por ser removidas del área, ya que los establecimientos rurales son considerados “de mala fe”.

Como explica el fiscal de la Cámara de Comunidades Tradicionales y Pueblos Indígenas del Ministerio Público Fiscal de Belém, Felipe de Moura Palha e Silva, la falta de recursos no sirve para justificar que no se les retire la propiedad a los herederos de Liberato. “El desalojo de los intrusos tiene que ocurrir ya, porque mientras no se retiren los conflictos seguirán ocurriendo en esta zafra de açaí”, explica. Contactada por teléfono y correo electrónico, la Superintendencia Regional del INCRA en Pará no respondió sobre el aplazamiento del desalojo de intrusos.

Mientras tanto, según Silva, el conflicto en la comunidad de Gurupá es “de riesgo de muerte inminente”. Agrega que “a partir del momento en que se definió que el área es de ellos, y ellos actúan de acuerdo con la legitimidad que les da su título, esto genera una acción contraria por parte del poder político local, el productor, la Policía”.

Ante la prolongación en el tiempo de esta situación el Ministerio Público Federal recurrió a la Procuraduría General de la Unión, que presentó un pedido de tutela urgente para que se haga efectivo el desalojo de los intrusos y que se abstengan de volver a ocupar esa tierra, de lo contrario serán multados.

Marcados para morir

La última amenaza registrada por los quilombolas ocurrió en agosto. Según relatos de los residentes brindados al Ministerio Público Federal y registrados en una circular enviada el 19 de agosto a varios organismos responsables de la seguridad de la comunidad, Assis da Silva Leal, una vez más, habría atravesado las aguas para amedrentar a los miembros del quilombo y amenazarlos con la expulsión. Según la carta enviada al Ministerio Público, el administrador del establecimiento São Joaquim lo habría hecho acompañado por Romero Giotto do Amaral Brasil, investigador de la Policía Civil de Cachoeira do Arari.

Quien relata la historia por primera vez es Josiel Amador, recolector de açaí y hermano de Gilberto. Durante unos dos meses, él, Gil y otro joven estuvieron viviendo “en carpas”, es decir, acampando a orillas del Arari y sus arroyos, por turnos, como parte de la estrategia de ocupación del área. Allí, llenan las rasas, cestas que rinden hasta siete litros de pulpa de açaí, y las venden. La ocupación temporal, a pesar de que se da dentro del territorio quilombola ya demarcado, es una retaguardia contra las embestidas del establecimiento rural.

“Este mes, Assis vino escoltado por la Policía. Entraron en el Gurupá para dejar una citación y luego se detuvieron aquí, en esta carpa. Entonces dijeron que éramos invasores, ladrones, que estábamos invadiendo tierras. Les dije que sólo saldríamos con una orden judicial”, recuerda, reafirmando su falta de confianza en las autoridades locales. “Cada vez que llegamos a una comisaría, es una pesadilla. Cuando obtenemos algo, es en el Ministerio Público Federal y en la Policía Ambiental. Cuando la Policía de Cachoeira viene aquí es para perseguir a los quilombolas”, se queja Alfredo.

En el documento emitido por el Ministerio Público Federal, el abogado Felipe de Moura Palha e Silva pide que la Comisaría de la Policía Civil de Cachoeira do Arari y la Comisaría de Conflictos Agrarios envíen la lista de lo que se ha hecho para prevenir el conflicto y que eviten tomar medidas que no garanticen la integridad física de la comunidad quilombola.

A partir de la denuncia ante el Ministerio Público Federal, la Arquig registró una segunda denuncia en la propia Policía Civil sobre la conducta criminal del administrador de São Joaquim. Con el reconocimiento oficial de la comunidad quilombola, la asociación siente que tiene los elementos necesarios para responsabilizar a Assis, como lo explicó Analu Batista dos Santos, estudiante de posgrado en Derecho y una de las referentes de la comunidad.

“Acusamos [a Assis] de difamación, amenaza y coerción ante la Policía. Tendríamos muchos cargos para presentar contra él, pero nunca se ha probado nada. Ellos siempre hicieron eso. Llevar a la Policía para intimidar fue una práctica constante durante mucho tiempo. Cuando la Policía comenzó a dejar de venir, trajeron a la milicia: gente encapuchada que bajaba de un helicóptero en un establecimiento rural cercano. Esto es recurrente”, denuncia.

Analu, que es técnica en Administración y licenciada en Letras, dice que decidió estudiar Derecho para defender a su comunidad. Trabajó como funcionaria en la prefectura de Cachoeira de Arari durante diez años. “En esa década que viví allí, durante los tiempos de zafra iba casi todos los fines de semana a la comisaría para tratar de defender a los quilombolas que llevaban para allí. Iba a hablar, porque no conocía la ley. Les preguntaba qué tenían contra esas personas, y eventualmente tenían que liberarlas”.

Analu dice que no se considera una líder y que su interés por el derecho comenzó cuando tenía siete años. “Cuando era pequeña, pensaba que la figura del abogado podía hacer cualquier cosa”. Cuenta que su padre, Osvaldo Batista, ex presidente de la Arquig, fue amenazado de muerte durante muchos años por los capataces de Liberato. “Quien fuera a matarlo simplemente no lo hizo porque yo fui a los campos con él. A veces tenía pesadillas y no lo dejaba ir, lo acompañaba para protegerlo. Creo que sintieron pena, no lo sé”, dice.

El primer intento de denunciar formalmente al administrador de São Joaquim ocurrió justo cuando Gil fue baleado, en 2016, y también involucró a su hermano Josiel. En ese momento, estaban acampados durante esa cosecha de açaí. Al mostrar la cicatriz que dejó la bala, recuerda que en esa ocasión logró arrastrarse hacia el bosque y buscar ayuda. Fue entonces cuando los hombres se volvieron contra Josiel, lo esposaron y lo llevaron río abajo como “rehén”. “Se quedaron ofendiéndome, insultándome. Pasamos una hora frente a una casa y traté de gritar, pero me golpeaban”, recuerda. En la denuncia, la declaración de Josiel enumera los insultos que recibió. “Ladrón. Hijo de puta. Banda de negros ladrones”.

Según Josiel, lo dejaron en un establecimiento rural llamado Corazón, lejos de la comunidad, de donde los pistoleros que lo secuestraron se fueron en helicóptero. El quilombola caminó durante horas hasta que encontró una casa rural con un teléfono para llamar a sus familiares y conseguir una embarcación para regresar a Cachoeira do Arari. Cuando llegó, fue directamente a la comisaría para informar de lo ocurrido, mientras Gil estaba en el hospital.

Según la Arquig, la denuncia fue archivada por falta de pruebas, ya que los médicos que atendieron a Gilberto no pudieron retirar la bala. “La mejor justicia para mí es que Gil está vivo y contando la verdad. Vio que era Assis. La prueba está ahí”, critica Alfredo, presidente de la asociación. El comisario David Bahury dijo que desconocía el caso, que ocurrió antes de su administración, pero afirmó que creía que la investigación había “acusado al señor Assis”.

Aunque emblemático, el caso no es la excepción en la historia de la comunidad. Alfredo cuenta que en la víspera de Navidad de 2014 un hombre que se presentó como Rose, hijo del ex administrador de São Joaquim, identificado sólo como Dino Feio, irrumpió en uno de los sectores de la comunidad, el Arroyo de la Roça, junto con dos pistoleros, con el supuesto propósito de cobrarles a los quilombolas que habían pescado en los lagos del establecimiento y se habían “metido con sus peces”. Desde la tierra, el hijo del capataz disparó hacia donde estaban los quilombolas y hermanos Adenilson Moraes Alexandrine y Adelson Moraes Alexandrine. El primero murió en el acto, y el segundo todavía está en una silla de ruedas debido a sus lesiones.

Alfredo cree que los crímenes ocurrieron en represalia por una pelea que los quilombolas tuvieron con Dino. “Hubo una discusión aquí sobre las acusaciones de robo de açaí, y los quilombolas, disgustados por todo lo que estaba sucediendo, tomaron a Dino y lo golpearon. Y hubo una respuesta”, dice.

El asesinato de Lalor

De hecho, los líderes de la comunidad conservan una pila de documentos que contienen numerosos informes sobre la violencia que sufrieron por parte de los administradores del establecimiento São Joaquim y los oficiales de la Policía de Cachoeira do Arari a lo largo de décadas. Asimismo, guardan las docenas de citaciones que han recibido por “robo de açaí” e “invasión de propiedad”.

A los 64 años, la empleada estatal María de Fátima Gusmão Batista, madre de Analu y auxiliar de limpieza de la Escuela Municipal Quilombola de la comunidad Gurupá, actúa como una especie de guardiana de los documentos. “Yo siempre guardo las declaraciones. Esto es sólo una citación y el reporte de una denuncia que vino de Cachoeira do Arari acusándonos de robar açaí. La Policía no se fue de aquí. Te diré que he ayudado mucho en este conflicto. Ayudo cuando puedo, porque ya tengo esta edad”, dice, sentada en el piso de la casa de madera junto al río Gurupá, rodeada de papeles amarilleados por el tiempo. A pesar de tantos informes, un hecho específico fue lo que marcó más la historia de la comunidad quilombola y de María: el asesinato del líder Teodoro Lalor de Lima.

“Después de que Lalor murió, todos se asustaron. Y después de eso también se intensificó el conflicto”. Lalor era presidente de la Arquig cuando fue asesinado, en 2014, en la capital del estado, Belém, donde se estaba preparando para una ronda de reuniones con el INCRA y el Ministerio Público Federal. Las circunstancias del asesinato fueron consideradas por el tribunal como un “crimen pasional”. “Era muy amigo mío. Si estuviera vivo, todavía estaría en la presidencia [de la Arquig], porque se enfrentaba a los estancieros de igual a igual”, dice María.

La familia de Lalor fue la única que, desde la década de 1970, con la llegada de Liberato, no se apartó del lugar donde vivía, en el arroyo Bom Jesus do Tororomba. Con la intimidación constante para que la familia se fuera del lugar, lo que llevó a la apertura por parte de la Fiscalía de un proceso de demarcación paralelo del sitio de la familia Lalor Lima, Teodoro se convirtió en el principal referente para los quilombolas de Gurupá.

A lo largo de décadas, llegó a ser arrestado varias veces en la comisaría de Cachoeira do Arari, en acciones de recuperación impulsadas por el establecimiento rural, y su residencia fue incendiada en 1993. En ese momento las amenazas provenían del entonces capataz de São Joaquim, Coriolano Feio. Analu dice que la violencia en el conflicto comenzó con Lalor. “Era un pobre hombre negro que se atrevió a confrontar a estas personas. Para Liberato, la cuestión era luchar por amor propio”.

En aquella época las principales ganancias del establecimiento provenían del ganado, del caucho y de la extracción de palmitos. El açaí todavía era manejado por los quilombolas, principalmente para comida. “El açaí no tenía ese valor en aquel momento. Para nosotros, antes de ser vendible, siempre fue para beber. Entonces, para el establecimiento rural nunca fue determinante; para ellos esto fue un cambio”, agrega Analu.

La historiadora y antropóloga Rosa Acevedo Marín, profesora de posgrado en el Centro de Altos Estudios Amazónicos de la Universidad Federal de Pará, fue una de las responsables del primer informe antropológico sobre la comunidad de Gurupá, en 2008, y organizó la producción de un libro con los recuerdos de Lalor. “Hacemos el trabajo en una situación de conflicto muy fuerte”, recuerda.

De acuerdo con la quilombola Analu, todo el proceso de conflicto con los productores, y las últimas acciones, que buscan criminalizar al capataz de São Joaquim, son “concomitantes” con el largo proceso de titulación de la comunidad remanente del quilombo. El autorreconocimiento de la comunidad como quilombola se dio en 2002, con la creación de la Arquig; el certificado de la Fundación Cultural Palmares se publicó en junio de 2010 y el informe de identificación y delimitación técnica es de 2012. A partir de ese momento, el INCRA y la administración central reconocieron la expropiación de la granja para uso del Territorio Quilombola de Gurupá.

En 2009, los quilombolas obtuvieron una orden judicial que les daba la autorización para explorar la llanura inundable, es decir, las orillas del río Arari, territorio exigido por Liberato. Sin embargo, una apelación ante el Tribunal Regional Federal de la Primera Región frenó la decisión. De todos modos, el largo proceso de demarcación, después de una década, se completó. Pero en la práctica, el último paso del desalojo de los intrusos de esas tierras mantiene a los quilombolas en riesgo.

El desalojo que no llega

Según el fiscal Silva, el retraso del INCRA está relacionado con un “agotamiento total de la política de demarcación de las comunidades quilombolas”, especialmente en la Superintendencia de Belém. “Han sido detenidos desde el 1º de enero [de 2019]”, dice. Según los datos de Ministerio Público Federal, sólo en la isla Marajó otras tres comunidades de quilombolas también han completado su proceso de titulación, y están a la espera de la expulsión de los invasores.

Entre las recomendaciones que dio el Ministerio Público Federal en la circular enviada en agosto aparece la insistencia en que el desalojo debe ser hecho por el INCRA lo antes posible. Silva denuncia la acción del fiscal local de Cachoeira do Arari. “Una es la emisión de notificaciones a los quilombolas por parte del investigador de la Policía Civil sin siquiera la participación del comisario, y la otra es el propio fundamento jurídico que están dando a una posesión ilegal e ilegítima para fundamentar incluso acciones policiales por robo de açaí”, dice.

El Ministerio Público de Cachoeira de Arari está sin titular desde abril. La fiscal temporal, Paula Camacho, dijo que el reporte de la participación del investigador de la Policía Civil en las denuncias de amenazas sufridas por quilombolas le llamó la atención, pero que, según la Policía, la información “no coincide con los hechos”. “Como es un conflicto, hay víctimas en ambos lados. Todas estas cuestiones aún se están aclarando”, concluyó en una breve conversación telefónica.

Para el fiscal Silva, el gran problema de la situación es la “fuerza política local que tiene la gente para evitar los procesos y el reconocimiento y la titulación de la comunidad”. Afirma: “Puedo decir, sin temor a equivocarme, que la fuerza política y económica de aquellos que no tienen interés en que esta titulación se concrete es responsable de ese vía crucis”.

Después de toda una vida dedicada a la demarcación de la comunidad, María de Fátima Batista teme no poder “ver el territorio” en “manos de los quilombolas”. Manifiesta enojo por la justificación financiera dada por el INCRA para no efectuar la expulsión del establecimiento São Joaquim. “Además de ofendida me siento muy enojada, porque no queremos nadar para morir en la orilla. Quiero ver este territorio libre; espero que si todavía tengo vida pueda ver nuestro territorio, toda el área reclamada”.

Este artículo fue publicado originalmente en portugués por Agência Pública.