Un mapa del derecho al aborto en América Latina y el Caribe

Esa noche no durmió nadie. La virtualización de la vida tiene eso: una puede estar casi en cualquier lado si cuenta con un dispositivo electrónico y acceso a internet. Incluso adentro de un parlamento. Ese día la sesión del Senado duró cerca de 12 horas, pero la espera había empezado —por lo menos— 15 años antes. Pasadas las cuatro de la mañana del 30 de diciembre de 2020, ante los ojos desvelados de muchas que hacían la vigilia entre amigas y pañuelos verdes, quedó aprobada en Argentina la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Fue una victoria de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y una conquista histórica del movimiento feminista argentino, que con la fuerza de la “marea verde” volvió a encender el debate público sobre el tema y potenció las luchas en otras partes de América Latina y el Caribe.

En países donde el aborto está permitido por causales, el impulso se tradujo en la presentación de proyectos de ley para ampliar este derecho. En casos en los que está completamente prohibido, el hito argentino fue interpretado como una señal de alerta y sirvió de puntapié para ratificar discursos “provida”. Incluso sirvió de excusa para endurecer normativas, como sucedió en Honduras.

Sólo cinco países de la región permiten hoy el aborto legal sin restricciones, dentro de determinados plazos: Cuba, Guyana, Puerto Rico, Uruguay y ahora también Argentina. En la lista aparece además México, donde el aborto es legal en Ciudad de México y en el estado de Oaxaca. Con la esperanza de que la legalización en Argentina pueda desatar una reacción en cadena en el resto del continente, los feminismos renuevan estrategias y van por más.

Un nuevo impulso

Si algo demostró el debate parlamentario en Argentina es que la ola feminista que irrumpió en 2018 impactó de alguna forma en la voluntad política. Esto quedó claro en los casos de las legisladoras y los legisladores que pasaron de votar en contra del aborto en 2018 a respaldarlo en 2020. La senadora Silvina García Larraburu, del Frente de Todos, resumió el espíritu durante su intervención: “En este tiempo comprendí que, más allá de mi postura personal o mi sistema de creencias, estamos ante una problemática que necesita una respuesta distinta. Es una cuestión de salud pública”.

Para Catalina Martínez Coral, directora en América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, este giro tuvo que ver con el proceso de “despenalización social del aborto” que se consolidó en Argentina y luego se expandió al resto de la región. “La marea verde tomó las calles y las redes sociales, adquirió muchos seguidores, ganó una opinión pública muy favorable y un movimiento fuerte que fueron creciendo durante estos años hasta llegar a la legalización del aborto en diciembre”, explicó a Lento. “Ese movimiento ha crecido y ha sido igual de importante a nivel regional: ya todas llevamos un pañuelo verde, todas nos sentimos parte de la marea verde y es en nombre de la marea verde que los movimientos hoy en día estamos intentando avanzar de diferentes formas frente al derecho al aborto en la región”, aseguró. A su entender, esta fuerza “seguramente” incidirá también en los procesos legislativos o constitucionales que se desarrollen en aquellos países donde el debate volvió a ponerse arriba de la mesa.

La repercusión más directa tuvo lugar en Chile, que dos semanas después del mojón argentino comenzó a discutir en la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de ley para despenalizar el aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo. La iniciativa estaba a la espera de ser estudiada desde que fue presentada por un grupo de parlamentarias en 2018 y encontró en la coyuntura actual el momento justo para despegar.

En Chile, el aborto es legal si se detecta inviabilidad del feto, peligro de muerte para la persona gestante o si el embarazo es producto de una violación. El artículo 344 del Código Penal establece la pena de prisión para la mujer que, “fuera de los casos permitidos por la ley, causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause”. El proyecto presentado en enero —redactado por la organización feminista Corporación Humanas— propone modificarlo para que se aplique sólo si el aborto se realiza luego de las 14 semanas de gestación.

El panorama es bastante similar en Colombia, donde el aborto legal también está limitado a tres causales, desde 2006. La pelea por ampliar ese derecho se renovó en setiembre, cuando el movimiento Causa Justa —que reúne a 91 organizaciones y 134 activistas— presentó una demanda ante la Corte Constitucional para que se elimine del Código Penal el delito de aborto fuera de las tres causales. Está previsto que el fallo se conozca entre marzo y abril.

Causa Justa acudió a la Corte Constitucional porque en Colombia es “mucho más difícil llegarle al Congreso”, donde hay “senadores y representantes muy populistas que no van a apoyar un proyecto de aborto”, explicó Martínez Coral, que es colombiana y vive de cerca el proceso. De todas formas, la activista cree que el hito en Argentina va a ser “muy importante para que las juezas y los jueces vean cómo en la región estamos avanzando hacia la liberalización del aborto”.

En México, el eco de la marea argentina agitó las aguas del activismo feminista y también llegó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que el 31 de diciembre propuso someter la despenalización del aborto a una consulta pública. “Nosotros hemos sostenido que es un tema que debe consultarse y en el cual deben decidir libremente las mujeres, y no hay ninguna limitación para que se manifiesten quienes están a favor de estos cambios en la legislación, hay libertad absoluta”, dijo el mandatario consultado por la prensa. Para el gobernante, “no es conveniente” que este tipo de decisiones “se impongan desde arriba”, por lo que “en estos casos lo mejor es la democracia participativa”.

Las declaraciones de López Obrador fueron repudiadas por organizaciones feministas: le respondieron al presidente que los derechos no se consultan. La coordinadora de Incidencia en Política Pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Rebeca Lorea, aseguró que la propuesta perpetúa la idea de que sean otras personas las que decidan sobre los cuerpos de las mujeres. “Lo que se tiene que hacer es cambiar la ley para que cada mujer en su circunstancia específica y con sus valores, creencias y proyecto de vida pueda decidir lo que quiere para su vida de manera libre y sin miedo a ser criminalizada”, dijo en declaraciones recogidas por el diario La Jornada.

En una columna publicada el 18 de enero en el periódico Animal Político, el GIRE reconoció que las argentinas marcaron un nuevo punto de partida en la lucha por más derechos sexuales y reproductivos: “La contundente victoria que las compañeras argentinas nos han regalado renueva y robustece nuestro impulso libertario. La inspiración se ha convertido en certeza: unidas podemos más”.

Los feminismos de Perú también reactivaron los engranajes de la maquinaria verde a unos meses de que se celebren elecciones presidenciales. En ese país, el aborto sólo está permitido cuando existe riesgo de vida o de salud para la persona gestante. Las organizaciones feministas exigen el tratamiento parlamentario de un proyecto de ley presentado en 2016 que prevé ampliar la legalización a tres causales.

“Nos reunimos por Zoom activistas feministas de todas las regiones para analizar cómo instalar el aborto legal en la agenda política y mediática de cara a las elecciones presidenciales en abril, tomando como referencia puntos del proceso en Argentina”, contó Kelly del Sol, integrante de la Colectiva Audiovisual Mujer Dispara de Perú, al portal de noticias Infobae.

En 2013, la campaña “Déjala decidir” recolectó más de 100.000 firmas para proponer al Congreso peruano una ley que buscaba despenalizar el aborto específicamente en casos de violencia sexual, en uno de los países de Sudamérica con mayor tasa de denuncias de violación. Un año después, la Comisión de Justicia decidió archivar el proyecto.

La legalización del aborto en Argentina también atravesó la campaña para las elecciones presidenciales de Ecuador, de cara a la primera vuelta celebrada el 7 de febrero. La ola verde había llegado al país en 2019, en el contexto del debate de la reforma del Código Orgánico Integral Penal para impulsar la modificación del artículo 150, que hace referencia al “aborto consentido no punible” sólo para los casos de peligro de vida o de salud de la persona gestante o si el embarazo es producto de una violación “en una mujer que padezca discapacidad mental”.

La propuesta buscaba agregar cuatro nuevas causales: violación, incesto, inseminación no consentida y malformación del feto incompatible con la vida extrauterina. Finalmente, el Parlamento ecuatoriano no aprobó la iniciativa.

Hoy en día hay varias demandas vinculadas al aborto ante la Corte Constitucional de Ecuador. Uno de los principales reclamos de las organizaciones feministas es que se declare inconstitucional el inciso que establece que el aborto no es punible sólo en casos de mujeres con discapacidad mental víctimas de violación, para que se extienda a todas las mujeres, sin discriminación.

Horizonte lejano

La situación es más complicada en Centroamérica, donde se concentran los países de la región que prohíben y penalizan el aborto sin excepciones: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana. Allí también resonó el eco de lo que pasó en Argentina, que dio impulso a los movimientos feministas que luchan por despenalizar el aborto. En simultáneo, parece haber alertado a grupos conservadores que ratificaron su oposición a cualquier intento de despenalización.

El peor escenario es el de Honduras, después de que el Congreso aprobó en enero un proyecto de reforma constitucional que reafirma la prohibición del aborto y dificulta cualquier intento futuro de legalización. “Cuando uno creía que no podíamos estar peor, resulta que sí, porque lo que se hace es incluir la prohibición del aborto en la Constitución, entonces presentar cualquier proyecto de ley para avanzar en la legalización del aborto en el país va a ser muy difícil, ya que precisamente se estaría yendo en contra de una norma constitucional”, explicó la directora regional del Centro de Derechos Reproductivos.

El vicepresidente del Congreso hondureño y diputado del oficialista Partido Nacional, Mario Pérez, dejó bien claro al presentar la iniciativa que era una reacción contra la marea verde. “Esta reforma surge por la ola de reformas constitucionales en países de América Latina impulsadas por gobiernos de izquierda dirigidas a legalizar el aborto, como sucedió en Argentina recientemente, y eso no se puede permitir en Honduras”, afirmó.

Incluso antes de esta reforma, Honduras ya tenía una de las legislaciones más restrictivas del mundo en materia de derechos sexuales y reproductivos. La interrupción del embarazo está penalizada con cárcel desde 1997 en todas las circunstancias y sin excepciones. Además, desde 2009 también se penaliza con prisión el uso, la venta, la distribución y la compra de pastillas anticonceptivas de emergencia.

“Esta pastilla no se está dando ni siquiera para aquellas mujeres o niñas que han sido víctimas de violencia sexual como parte del protocolo de atención, entonces estamos en un país donde el desconocimiento de la salud sexual y reproductiva es muy grande y en donde hay una gran deuda”, denunció Martínez Coral. La referente advirtió con preocupación sobre la posibilidad de que haya “un efecto dominó” en “otros países de Centroamérica que también tienen una completa prohibición del aborto, como El Salvador y Nicaragua”.

Las activistas hondureñas protestaron en las redes y las calles contra la reforma, pero además planean llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia, aseguró Martínez Coral. Allí, argumentarán que la iniciativa se aprobó después de una votación que tuvo “vicios”. “No se contó con todas las rondas de votación con que se debería haber contado para hacer una reforma constitucional, entonces es una reforma que se hizo con vicios de forma”, explicó. En paralelo, presentarán junto con el Centro de Derechos Reproductivos un caso a nivel internacional contra el Estado de Honduras, que “está violando los derechos de las mujeres al no garantizar el acceso al aborto y el acceso a la pastilla de anticoncepción de emergencia”.

Al sur de Centroamérica, la legalización del aborto en Argentina también provocó la reacción de personajes políticos ultraconservadores. Uno de ellos fue el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que el 30 de diciembre escribió en Twitter: “Lamento profundamente por las vidas de los niños argentinos, ahora expuestas a ser segadas en el vientre de sus madres con la anuencia del Estado”. Y redobló la apuesta con una promesa: “Mientras dependa de mí o de mi gobierno, el aborto nunca será aprobado en nuestro suelo. Lucharemos siempre para proteger la vida de los inocentes”.

El mismo día, en Paraguay, el diputado Raúl Latorre (del oficialista Partido Colorado) propuso hacer un minuto de silencio antes de comenzar la sesión en la Cámara de Representantes por “las miles de vidas de hermanitos argentinos que se van a perder aun antes de nacer”. A fines de 2018, la cámara baja paraguaya se declaró “provida” y “profamilia”, una decisión que replicó el Senado cinco meses después.

Otro que se manifestó en contra de la legalización del aborto fue el senador uruguayo Guido Manini Ríos. A principios de enero, el líder de Cabildo Abierto compartió en Twitter un artículo acerca del rechazo por parte de la Conferencia Episcopal del Uruguay a la ley aprobada en Argentina. En una carta, los obispos uruguayos llegaron a decir que el aborto es “el mayor genocidio de todos los tiempos”. Al respecto, Manini comentó: “Está claro que el aborto termina con una vida y ninguna sociedad puede considerarse desarrollada si descarta a los más frágiles”.

En noviembre, Manini Ríos había adelantado que su partido buscaría una “nueva discusión” sobre el aborto, en declaraciones que generaron el repudio de distintos colectivos feministas.

El alcance de los antiderechos

La directora regional del Centro de Derechos Reproductivos considera que los grupos religiosos y fundamentalistas constituyen una “real amenaza para alcanzar los derechos reproductivos de las mujeres” en los países donde la prohibición del aborto es total y la despenalización parece todavía lejana.

La experta dijo que el problema ocurre cuando estos grupos “permean la institucionalidad” y “no actúan como parte de lo público, sino que lo hacen con base en sus creencias”. “Esto es de grave riesgo para el avance de los derechos humanos y específicamente de los derechos reproductivos, porque uno no puede actuar en lo público como si estuviera en su casa educando a sus hijos, sino que tiene que actuar con base en los derechos, los compromisos y las obligaciones que los estados han ido ratificando a través de los años”, dijo.

Incluso en los pocos países donde el aborto es legal, organizaciones sociales y colectivos feministas están en alerta ante intentos de obstaculizar el acceso al aborto o de iniciativas para revertir los avances conquistados. En Argentina, por ejemplo, la entrada en vigencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo no impidió que en algunas provincias haya dificultades a la hora de exigir el procedimiento. El 28 de enero, una jueza de Chaco ordenó suspender la vigencia de la ley en respuesta a la solicitud de una organización antiderechos que argumentó que entraba en conflicto con el artículo 15 de la Constitución de la provincia, que garantiza el derecho “a la vida y a la libertad, desde la concepción”.

Los feminismos también prendieron las alarmas en Puerto Rico, donde el aborto es legal desde que la Corte Suprema de Estados Unidos lo reconoció a través del fallo Roe versus Wade de 1973. El 11 de enero, la Campaña Nacional de Aborto Libre, Seguro y Accesible puertorriqueña convocó a una manifestación en las escalinatas del Congreso para pedirle a la nueva legislatura —que asumió ese día— la protección de los derechos sexuales y reproductivos. La protesta fue convocada en rechazo a las declaraciones de representantes del partido Proyecto Dignidad que manifestaron su voluntad de restringir el acceso al aborto.

Martínez Coral cree que los grupos fundamentalistas religiosos no son una “gran amenaza” de retroceso en los países donde el aborto ya es legal porque “estarían violando derechos fundamentales ya reconocidos”. “Existe un reconocimiento de los derechos reproductivos como derechos humanos a nivel internacional y estos estados ya hacen parte de estas obligaciones y ya las han puesto en práctica en sus territorios, entonces veo muy difícil que realmente se pueda retroceder en los derechos que ya hemos alcanzado”, señaló la experta.

Sin embargo, consideró que pueden representar una amenaza “en la malinformación que le pasan al público”. En ese sentido, alentó a estar “súper pendientes todo el tiempo”, para poder difundir “la información que es segura y certera”.