El ojo y la cerradura

“Ahora bien, ¿el pasado por el pasado mismo?, ¿o el pasado como forma de preguntarnos sobre el presente?”. Susana Bandieri

A fines de 2022 se hizo público que desde la Presidencia de la República y otros organismos estatales se persiguió a diferentes personas y se realizaron prácticas ilegales que podrían ser catalogadas como espionaje. Lucas Silva, en su libro El caso Astesiano, demuestra esa saga de manera precisa.

Si bien el Estado debe tener un aparato de seguridad para evitar y prevenir delitos, estos dispositivos no deberían ser utilizados para perseguir a opositores ni para beneficio personal de quienes estén al frente del Estado. Además, deben estar siempre reglamentados por las decisiones de los civiles, que son quienes tienen el mandato legal de llevar adelante la política de seguridad en el país a través de leyes y decretos.

Las prácticas de estos aparatos están reglamentadas por leyes, no son caprichosas y no dependen del jerarca de turno. En este momento existen muchas dudas sobre cómo se gestionan y cómo se están usando este tipo de herramientas. ¿Continuarán actuando de la misma manera, persiguiendo a opositores?, ¿seguirán usando el sistema de cámaras de seguridad para provecho personal?, ¿cómo los ciudadanos podemos saberlo?, ¿cuál es la política que llevan adelante?

Esta no es la primera vez que ocurre este tipo de prácticas ilegales en el país: hay una historia detrás.

La comisión investigadora creada en la Cámara de Representantes el 22 de noviembre de 2016 —que presentó su informe final el 29 de agosto de 2018— lo demostró. El nombre completo de ese documento fue el siguiente: “Comisión Investigadora sobre posibles actos de inteligencia del Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 a la fecha”. Se trata de un documento de 1.040 páginas y aquí analizaré sólo algunos fragmentos.

La comisión investigadora en cuestión envió a la justicia penal este informe porque consideró que tenía pruebas suficientes para afirmar que hubo acciones ilegales por parte de agentes del Estado y, por tanto, del propio Estado. Esta denuncia fue analizada e investigada por la Fiscalía Penal de Delitos Económicos y Complejos de Montevideo, que el 20 de julio de 2022 emitió una sentencia que confirmó la existencia de delitos vinculados con el espionaje en democracia. Pero, aunque los hechos existieron —no fueron un relato—, los delitos prescribieron.

Espionaje en un “país liberal y democrático”

El Estado y sus aparatos de seguridad no son una entelequia inerte. Están los dirigentes de turno, pero también los funcionarios que permanecen. Estos aparatos de seguridad dejan sus documentos, pero no son fáciles de encontrar ni es sencillo acceder a ellos (esa es la dinámica intrínseca de esos servicios del Estado). En Espionaje y política. Guerra Fría, inteligencia policial y anticomunismo en el sur de América Latina (1947-1961), de Fernando Aparicio, Roberto García y Mercedes Terra, se explica que el acervo documental de inteligencia no es un archivo inocente. Aunque tiene todas las fuentes que conforman la materia prima del historiador —actas de interrogatorio; fichas individuales y temáticas; informes secretos, confidenciales o internos; hojas sueltas; memorándums; fotografías; notas de prensa; colaboración civil, entre otros—, corresponde hacer algunas precisiones. Estos documentos fueron escritos por agentes que tienen una formación anticomunista: el “peligro rojo” siempre está omnipresente.

La creación de esta agencia policial estuvo relacionada con la Guerra Fría. La CIA quería controlar la región latinoamericana para que no se expandiera el comunismo y tener a raya a las agencias soviéticas en la región. Es por eso que desplegó una serie de acciones tendientes a la vigilancia de las actividades que implicaran cualquier movilización o actividad del movimiento popular.

Primeros espionajes diplomáticos

En Espionaje y revolución en el Río de la Plata. Los archivos secretos de una red de diplomática de persecución al maximalismo, libro compilado por Hernán Diaz, se da cuenta de cómo las embajadas de Francia, Canadá, Inglaterra, Italia y Estados Unidos crearon una red de espionaje en Buenos Aires para monitorear al movimiento obrero al finalizar la Primera Guerra Mundial y con la Revolución rusa como fantasma.

“El término maximalismo que se difundió desde Europa hacia el resto del mundo era una traducción aproximada de la palabra rusa bolchevique y en ese sentido apuntaba a señalar el temor de las clases dominantes a un alza revolucionaria que se evidenciaba en gran parte del mundo, que amenazaba con la toma del poder por parte de los sectores populares”.

Los autores explican que manejaron unos 70 documentos, entre los que había informes, listados, recortes de prensa, denuncias particulares, entre otros. Este hallazgo se hizo en Francia 100 años después de producidos los hechos. Tampoco hay casi indicios de las infiltraciones de estos agentes secretos en organizaciones sociales y políticas de izquierda a nivel internacional. Este trabajo fue el primero en describir públicamente una red de espionaje diplomático.

El problema central para estos autores fue el siguiente: “¿qué significa investigar desde el punto de vista [de] un gobierno? ¿Qué datos se deben ir a buscar a la ‘calle’? ¿Cómo llegan esos datos, quién los recolecta, cuántos filtros se deben superar hasta que esos ‘hechos’ son recibidos por el organismo que los solicita y los clasifica? ¿Cómo registrar esos hechos y qué orientación posterior se les puede imprimir?” (p. 16).

Al igual que el trabajo sobre la inteligencia durante la Guerra Fría en Uruguay, este estudio explicita que los documentos producidos por estas agencias deben ser tomados y analizados con precaución, porque tienden a magnificar y a distorsionar los hechos y los sucesos que relevan. Otro dato que aparece es que los Estados del Cono Sur estaban vinculados por redes policiales para controlar a los inmigrantes que llegaban a ambos países del Río de la Plata.

“En 1905 se celebró una conferencia que reunió a las instituciones policiales de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile para cooperar en el intercambio de información sobre varios ‘delincuentes’ [...] cada país debía hacer un registro de los sospechosos con toda la información disponible”. Estos sospechosos eran “agitadores” que pretendían subvertir el orden social y agitadores de gremios obreros (p. 20).

La pesadilla estaba relacionada con la posibilidad de que hubiera un cambio social y una pérdida del control por parte de las agencias estatales.

Los sesenta en Uruguay

En este último apartado nos detendremos en la posdictadura uruguaya. El concepto de posdictadura lo podemos encontrar en la obra de Álvaro Rico Cómo nos domina la clase gobernante.¹ En el primer capítulo, “El orden democrático posdictadura”, se da cuenta de cómo cualquier movilización del movimiento popular era considerada desestabilizadora y de que el fin de la dictadura no fue el fin del espionaje. Esto se relaciona con el planteo que hace el autor sobre cómo entendieron la crisis sesentista los “enfoques politicocéntricos hegemónicas [que] resaltan como causas de la crisis: los comportamientos ideológicos antiliberales, el exceso de demandas corporativas y prácticas sindicales radicales que invaden el Estado” (Rico, p. 41). Estos enfoques opacan la responsabilidad del Estado en los hechos que llevaron a la dictadura en los años setenta, las posiciones del gobierno encabezado por el Partido Colorado con apoyos de sectores del Partido Nacional y de las cámaras empresariales. Tampoco dicen nada del apoyo clave de la embajada de Estados Unidos para entender el golpe y sus consecuencias. Es lo que Rico llama “el camino democrático a la dictadura”, cuando el Estado en su conjunto comenzó a ejercer prácticas represivas con sus fuerzas de seguridad. También al permitirles actuar a fuerzas parapoliciales y paramilitares de civiles desde principios de los años sesenta (Broquetas, 2024 y 2015).

A esto se agrega que la administración de Jorge Pacheco Areco comenzó a gobernar bajo decreto y con medidas prontas de seguridad. Estas medidas fueron pensadas originalmente para ser utilizadas en situaciones extremas, ante una catástrofe natural o una situación por el estilo, y no para ejercer el gobierno de manera cotidiana o para “resolver” conflictos sociales. Esta forma de gobierno es la “praxis legal-autoritaria” (Rico, p. 49).

Durante los años sesenta, civiles desarrollaron actividades anticomunistas de persecución y hostigamiento a estudiantes, docentes y trabajadores organizados. En la década del 70 se cometieron todo tipo de delitos por parte de agentes estatales y fue el presidente Juan María Bordaberry quien dio el golpe final el 27 de junio de 1973. Hacía años que en Uruguay se habían profundizado las prácticas violatorias de los derechos humanos, con torturas, centros de detención clandestinos, encarcelamiento y juicios por motivos políticos a activistas sociales, etcétera. La Escuela de las Américas y la formación que recibieron algunos militares en ella fueron factores trascendentes en este proceso represivo.

Es importante tener presente que en Uruguay el sistema judicial ha sido y es parsimonioso ante los hechos comprobados de delitos de lesa humanidad. Han pasado más de 50 años de estos hechos y muchos responsables no han tenido una condena judicial. Según Roberto Garretón,² la impunidad que ha imperado hasta el día de hoy tiene varias aristas. Impunidad política: “torturadores, opresores, censores, terminadas las dictaduras, son legalmente elegidos congresistas, nombrados ministros o ejercen la docencia o se transforman en jueces” (Garretón, p. 42); moral: “los criminales asumen que un ideal superior los obliga a conductas atroces pero revestidas de legitimidad, tales como ‘salvar a la patria’. Ninguno se siente delincuente, sino héroe y no logran entender que se les juzgue y se les encarcele por hechos que consideran lícitos” (Garretón, p. 43); histórica: “los Estados que violan los derechos humanos se apoyan siempre en la negación de los hechos, hasta la justificación sin importar la contradicción entre ambas explicaciones” (Garretón, p. 44); jurídica: “El procesamiento de los responsables de violaciones de los derechos humanos es opuesto a las leyes de amnistía que dictan los países para los delitos que adquieren el carácter de crímenes de lesa humanidad” (Garretón, p. 48).

Cómo sostener la impunidad

En 2016, luego de varias notas periodísticas de Samuel Blixen en el semanario Brecha sobre actos ilegales de espionaje durante los años posteriores a 1984, se tomó la decisión de crear una comisión investigadora para analizar lo que surgía de esas notas y profundizar en ello.

Como ya señalé, esta comisión inició su trabajo en diciembre de 2016 y fueron dos años en los que se logró obtener testimonios y analizar documentos de inteligencia militar y policial. Pese a esto, el informe final de la comisión aclara que “no tuvo acceso pleno al denominado Archivo Castiglioni ya que el Poder Judicial no lo habilitó por encontrarse en etapa presumarial” (informe de la comisión, p. 3). Otro aspecto a tener presente es que se convocó a 167 personas a brindar testimonio y que 72 no quisieron concurrir, casi la totalidad, “miembros o exmiembros del Ejército” (informe de la comisión, pp. 3-4).

En las conclusiones de la comisión se destaca que se comprobaron los delitos de espionaje y que estos fueron posibles “por la permanencia, en algunos casos casi intocada, de los servicios de inteligencia heredados de la dictadura” y que los objetivos de estas prácticas ilegales se centraron en mantener la impunidad “impidiendo que avanzaran las investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura y el terrorismo de Estado” (informe de la comisión, p. 6). También tenían como objetivo “perseguir al movimiento popular particularmente concentrado en sindicatos, gremios estudiantiles y partidos políticos” (informe de la comisión, p. 7).

El testimonio de la exfiscal Mirtha Guianze fue clave para comprender que los servicios de inteligencia obstaculizaron su designación como fiscal penal en 1994. Estos servicios dieron un informe negativo a la Presidencia para que no la designara, pues estaba especializada y formada en materia de derechos humanos para investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por varios agentes que estaban haciendo ese informe (sesión del 2 de abril de 2018).

De la página 42 a la 57 del informe se detalla el plan de inteligencia del Ejército de 1985. Allí se explicitan los grupos que fueron objeto de seguimiento y control por parte de estas agencias estatales: el Partido Comunista del Uruguay, el Partido por la Victoria del Pueblo, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, al igual que organizaciones sindicales como la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, el Congreso Obrero Textil, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria, la Asociación de Maestros del Uruguay, entre otras.

También se transcribe la Conferencia de Ejércitos Americanos de 1987. Allí se reunieron todos los jefes de los Ejércitos de América y se recomendó lo siguiente: “que los Ejércitos profundicen los estudios de inteligencia, sobre las nuevas estrategias y tácticas, puestas en práctica por diferentes movimientos subversivos y el MCI [movimiento comunista internacional] para desestabilizar las democracias de América” (informe de la comisión, p. 263).

La construcción teórica que sostiene a esta conferencia en 1987 no es muy distinta de la que sostuvo la lucha antisubversiva en la década del sesenta, cuando estaba presente la Doctrina de la Seguridad Nacional, que tenía como enemigo al “comunismo internacional”. Esa fue la base teórica de los golpes de Estado que se impusieron en el Cono Sur desde 1964, con el golpe en Brasil. Estos elementos que perviven a lo largo del tiempo en estas instituciones son parte de la lógica de los aparatos represivos del Estado.

El testimonio de Héctor Erosa Pereira fue contundente en cuanto al espionaje y las actividades ilegales llevadas adelante por Eduardo Ferro, comandante del Batallón de Ingenieros de Combate 2, en el departamento de Florida (informe de la comisión, pp. 465-491).

El testimonio del expresidente Julio María Sanguinetti (informe de la comisión, pp. 552-573) negó que haya existido una tarea sistemática de los servicios de inteligencia para controlar de manera ilegal al movimiento popular en su conjunto, pero los hechos demolieron su relato.

Algunas conclusiones

Podemos concluir que los agentes de la inteligencia estatal juegan un rol importante a la hora de presentar su trabajo y “suelen mezclar e incorporar diferentes formas de acceder a la información”, por lo que podríamos asegurar que esa información no siempre es confiable. Los “tres momentos” históricos analizados muestran este aspecto señalado.

Otra cosa que se constata es la falta de trabajos historiográficos sobre los aparatos estatales de inteligencia a largo (principios del siglo XX), medio (los años cuarenta y cincuenta) y corto plazo (la historia reciente).

Luego del golpe de Estado en Uruguay y la Operación Cóndor en la región, la preocupación se bifurcó. Además de cuidar el peligro de la difusión del fantasma rojo (sindicatos, gremios estudiantiles y partidos de izquierda eran los posibles promotores de este fantasma), se sumó la preocupación por mantener la impunidad de quienes cometieron delitos durante la dictadura y en los años previos a esta.

Leyendo el informe de la comisión se puede comprobar que algunos hechos vividos en “plena democracia” (como disparos a un ministro del Interior y un atentado a un expresidente) casi no tuvieron repercusiones y han quedado en el olvido.

Uruguay tiene como mito fundacional ser un país “democrático y liberal” y, por tanto, una “excepción” en la región. Sin embargo, a medida que se va estudiando y analizando distintos períodos de la historia, podemos ver que esta idea ya no está tan firme.

Héctor Altamirano es profesor de Historia (Instituto de Profesores Artigas) y ensayista.