Carla se aleja de las calles que la unieron hace poco más de una hora a una multitud reunida en la plaza de Mayo. Todavía siente en su cuerpo el calor de ese roce con otros estudiantes, docentes, graduados y personas ajenas al ámbito universitario que, junto a ella, marcharon en defensa de la educación pública argentina. La primera marcha federal universitaria, en abril, fue masiva y respondió a la emergencia en materia de presupuesto y las declaraciones sostenidas por el gobierno de Javier Milei en contra de la educación pública terciaria. La segunda fue el 2 de octubre y surgió como respuesta al veto del presidente de la Ley de Financiamiento Universitario, que nivelaba salarios y había sido aprobada por el Congreso un mes antes. Todas tuvieron en común una adhesión popular que excedió al estudiantado y el cuerpo docente. Los estudiantes, junto con los jubilados (que se manifiestan todas las semanas y han sido reprimidos y gaseados por la policía), se han convertido en los grandes actores políticos que le plantan cara al gobierno.
Esta tradición de lucha estudiantil contra diversos gobiernos liberales y neoliberales tiene antecedentes desde principios del siglo XX, con la primera reforma universitaria, pasando por el Cordobazo de los años sesenta —cuando los estudiantes le plantaron cara al dictador Juan Carlos Onganía— y la organización política clandestina de los setenta, durante la última dictadura civil militar. En los años noventa, bajo las amenazas de Carlos Menem de poner un arancel a las universidades, también se fortaleció el movimiento, que tuvo que volver a salir a las calles en 2018 por el ajuste macrista.
En este momento existen acciones coordinadas en todo el territorio nacional, que se dividen entre asambleas, tomas intermitentes, clases públicas, intervenciones artísticas y nuevas marchas previstas para 2025 si el conflicto sigue sin respuesta. También hay nuevos grupos de Whatsapp en los teléfonos de estudiantes, docentes, no docentes y militantes por la causa, en los que se trabaja a pesar de las diferencias partidarias y unidos con un objetivo común: la defensa de lo público.
—Los salarios docentes vienen mal hace tiempo, pero ahora es imposible —dice Lorena, jubilada y mamá de una docente universitaria que perdió de vista en la marcha cuando se detuvo a comprar un agua y a descansar en el banco de una plaza.
Desde su asunción, Milei anunció el vaciamiento de la universidad pública. Entre las medidas que recibieron mayor repudio se encuentra la baja inversión nacional en educación del presupuesto 2025, que equivale a 0,88% del PBI, por debajo de lo invertido en 2024 (0,91%) y 2023 (1,48%), según el último informe del Observatorio Argentinos por la Educación.
“Estamos entrando en una etapa nueva en la que hay gobiernos que actúan a través de regímenes democráticos de manera autoritaria, en los que la ley no importa, ni siquiera los hechos. La verdad es entendida como tal por el solo hecho de ser enunciada por ese movimiento político y lo que dice el líder es lo único que vale. Entonces, si bien se ve que las universidades vienen resistiendo y han logrado marchas multitudinarias y federales, creo que están teniendo pocos resultados en el terreno práctico: el desfinanciamiento es brutal y no se ha logrado frenar eso. La universidad pública tiene una fuerte legitimidad en el país por ser la herramienta principal de movilidad social ascendente, por lo tanto, gran parte de la sociedad entiendo que va a seguir defendiéndola”, explica el politólogo Iván Schuliaquer a Lento.
Unidos y adelante
Más de 400 manos alzadas en el hall principal de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) deciden, el 14 de octubre, la ocupación de la casa de estudios. Es la primera de, por lo menos, otras 30 universidades nacionales.
Las clases no se paralizaron en ningún momento: se acordaron clases públicas abiertas y se garantizó que las materias que deben dictarse en espacios específicos contaran con su aula.
—Nos decían que somos nosotros quienes cerramos las universidades al tomarlas y nada que ver. Lo que pasa adentro es otra cosa —cuenta una estudiante de segundo año mientras fuma y toma mate.
Otro día, en la misma facultad, Christopher Loyola, referente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, intenta analizar lo que podría estar emergiendo de la lucha estudiantil y se entusiasma. “Familias enteras marcharon junto a nosotros porque sueñan que sus hijos y nietos puedan llegar a la universidad. Los sindicatos de todos los colores políticos también acompañaron, porque la universidad pública argentina es parte del ADN de nuestra sociedad”, dice.
Durante 2024 lograron reconstruir gran parte de la identidad del movimiento estudiantil nacional, algo que en los últimos años se había vuelto difícil porque la mayoría se mostraba con apatía frente a la política tradicional.
—La universidad pública no es el quiosquito de ningún partido político, es patrimonio del conjunto de la sociedad argentina —comenta el referente estudiantil, y pronostica que algo más grande puede nacer de estos meses de lucha.
Discutir sobre el modelo de país con otros colectivos atacados por el gobierno del “topo”, como se autoproclamó alguna vez el presidente en su búsqueda de destrucción del Estado desde adentro, es otra emergente que parece encontrar cierta solidez por estos días.
En la Facultad de Filosofía y Letras se habla de coordinar la lucha con trabajadores de la salud pública, con la economía popular, con las redes de comedores comunitarios y con los jubilados, entre otros actores sociales también perjudicados por el feroz ajuste.
Datos falsos
Además del veto y el congelamiento del presupuesto, el presidente sostuvo que la universidad pública beneficia exclusivamente a “los hijos de familias ricas”, una afirmación que fue desmentida, ya que casi la mitad (48,5%) de los estudiantes universitarios vive en hogares pobres, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Roxana es una de las muchas personas que fueron las primeras de su familia en asistir a la universidad. Es la mamá de un amigo de Piera Fernández de Piccoli, quien preside la Federación Universitaria Argentina (FUA). Es la madre soltera que sostuvo su casa limpiando la de otros, que estudió la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la UBA y logró eso que soñaba. Piera ve en las movilizaciones de todo el país a miles de Roxanas.
—No queremos que nos arrebaten los sueños. Nuestro futuro no les pertenece —advierte.
Piera, pelo rubio, tonada cordobesa, habla pausado, como si tuviese todo el tiempo del mundo, pero su celular vibra a cada rato. Le llegan mensajes de estudiantes, de docentes, de distintos gremios. Mientras los chequea responde a la entrevista, se disculpa por la demora y enseguida retoma. Tiene 27 años, es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Río Cuarto (Córdoba) y desde que fue elegida presidenta de la FUA, en diciembre de 2022, se convirtió en la principal referente de más de dos millones de estudiantes universitarios.
—Todas las acciones realizadas este año tienen un componente que hace muchas décadas no se veía en el país: hay una unidad universitaria inédita. Me cuesta encontrar un antecedente nacional en que los rectores y las rectoras, con las diferencias propias de cada uno, se unan junto al Frente Sindical [de Universidades Nacionales, conformado a principios de este año entre sindicatos docentes y no docentes contra los ajustes en la educación], a la FUA y a distintas agrupaciones estudiantiles de diversas corrientes políticas para impulsar las marchas federales, los paros o las jornadas de visibilización para defender el sistema público universitario.
La líder cordobesa supone que gran parte de la unión alcanzada tiene que ver con la contundencia del ataque del gobierno tanto en materia económica como en el aspecto discursivo. Un gobierno que intenta deslegitimar a las universidades públicas insinuando que hay corrupción porque no quieren ser auditadas, que miente diciendo que sólo sirven a los más ricos de la sociedad, recibe como respuesta a una comunidad unida y fortalecida para defenderlas.
No sabe qué pasará en 2025, si surgirán o no nuevos cuadros políticos como consecuencia de todo lo vivido este año, pero sí sabe que el debate por la universidad pública va a ser un tema central en las discusiones de la agenda electoral durante el año próximo. “La sociedad va a tener que mirar con atención cómo se posicionen frente al rol del sistema universitario los distintos partidos”.
Que el sistema universitario se muestre en unidad, con respeto a la pluralidad de voces, es una de las principales fortalezas que encuentra del recorrido de 2024. “Es una unidad que no disciplina o esconde las diferencias”, dice. La fuerte valoración social que el sistema universitario público mantiene como herramienta de movilidad ascendente es otro de los grandes logros.
—Muchas personas que acompañaron el gobierno de Milei también se manifestaron en defensa de la universidad, porque en el fondo lo que estamos discutiendo es el modelo de universidad que tenemos y que queremos, que, a pesar de que tiene muchas cosas por mejorar, sigue siendo de excelencia y un orgullo nacional.
También desde Córdoba, Giuliana Degregorio, que es parte del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), narra cómo fue la organización estudiantil en su facultad durante los últimos meses.
—Tenemos asambleas interclaustros desde principios de año porque creemos que es fundamental tener coordinación entre los distintos espacios que piensan y discuten acciones en defensa de la universidad.
Para que nuevos paros, clases públicas e intervenciones artísticas lleguen cada vez a más personas se ha trabajado de manera coordinada entre distintas facultades de la provincia. “Tenemos que priorizar los diálogos dentro de la UNC en conjunto con las distintas universidades provinciales para fortalecer el movimiento estudiantil de Córdoba y después hay que apostar a motorizar la lucha con el resto del país”.
Sobre los dichos de Milei, Giuliana retruca: “Hay una diversidad enorme, con estudiantes de esta provincia y de otras, como yo, que soy de Río Negro y vine a Córdoba a estudiar. Y, como yo, hay muchos más que para estudiar también necesitamos un boleto educativo que nos permita llegar a la facultad o un comedor universitario con precios populares para poder acceder”.
Mientras observa a un grupo de estudiantes que charlan en ronda, insiste en que la universidad nos sirve a todos, los que estudian y los que no. “Acá nos estamos formando para seguir aportando a nuestro país. No es un gasto, es una inversión para formar a futuros profesionales que después participan en nuestra sociedad; mientras más presupuesto se tenga, mejor preparados van a salir”.
Virales
Desde la Universidad Nacional de las Artes (UNA), ubicada en pleno centro porteño, Sol Arri, consejera superior de la UNA y presidenta del Centro de Estudiantes del Área de Crítica de Artes, advierte que las marchas, las tomas y la forma de organizarse “son algo histórico, por las repercusiones logradas a nivel nacional”. Es un momento para apostar por “lo colectivo”, dice, e insiste en que son muchas las fuerzas que buscan desarticularlos. “Yo creo que lo que estamos logrando con las acciones en conjunto podría ser un puntapié inicial para reagruparnos frente a este nuevo fenómeno que nos trae Milei”. Se detiene a explicar que “lo nuevo” es “la crueldad con la que se manejan”, pero que detrás de esto hay personajes de la política y el poder bien antiguos. Para lograr algo más grande cree que hay que observar bien quiénes son las personas que los quieren separados y resistir en comunidad.
Un mediodía de octubre, en la estación de trenes de Once (la terminal de la línea Sarmiento), una acción artística colectiva marcó un hito en la agenda de actividades de visibilización de la lucha por parte de la UNA. “Fanático”, la canción de Lali Espósito que parodia las actitudes de Milei —tanto en la letra como en el videoclip—, irrumpió en el hall central y desarmó las filas de quienes esperaban su turno para sacar boleto, que se acercaron a los graduados, los estudiantes, los docentes y los militantes para ver de cerca el flashmob que montaron, que se hizo viral en redes sociales.
Para Sol, esa es una manera más de reclamar por el derecho a estudiar y hacer cultura.
—Buscamos interpelar hacia afuera y también hacia adentro de la comunidad educativa para quienes todavía no están del todo enterados de lo que está pasando con nuestras universidades. Acá hay estudiantes que son primera generación, por más que el presidente diga lo contrario.
Sol estudia la Licenciatura en Artes de la Escritura de la UNA, la única en su tipo en el país y la región, por eso está acostumbrada a compartir aula con estudiantes de otros países latinoamericanos. También estudia con personas que son las primeras de sus familias en ir a la universidad. “Muchos viajan más de dos horas para cursar y les cuesta pagar el boleto, cada día más caro”, dice.
—Estamos defendiendo el derecho a estudiar para que todos podamos aprender en las mismas condiciones. Hay cierto consenso general que entiende a la educación pública como el espacio por excelencia de construcción de comunidad, de conocimiento y de nación, pero falta llegar a más.
Las ocupaciones y las performances virales han logrado una chispa que podría ser contagiosa y eso enciende la esperanza de varios. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, dijo en la prensa que “los estudiantes quieren generar una revuelta al modelo chileno”, pero para el historiador Pablo Vommaro no son momentos ni circunstancias comparables.
“En Chile había un hartazgo frente a un modelo que venía de la dictadura de Augusto Pinochet. En cambio, en Argentina, lamentablemente ese hartazgo se expresó a través del voto otorgado a la derecha y a Milei. Si bien creo que el movimiento estudiantil está siendo muy fuerte y recomponiéndose con una resistencia efectiva en ciertos aspectos, no veo que vaya a suceder algo como en Chile, no lo veo como germen de una rebelión o un estallido mayor”.
Infiltrados
A principios de ese mismo mes, otro hecho inesperado ocurrido en el conurbano bonaerense dio inicio a la primera toma de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Un veinteañero roció con gas pimienta a un grupo de estudiantes de esa universidad. Apuntó a la cara, directo a los ojos, y salió corriendo. Cerca de las siete de la tarde, cuando estaba por iniciar la asamblea en la UNQ, el libertario que arrojó el gas había entrado con un megáfono y actitud sospechosa, sin mochila; era “una cara que nadie conocía”. La Unqui, como la llaman quienes forman parte de ella, es una universidad barrial, aunque tiene carácter nacional, y en general se conocen todos.
El gas pimienta alcanzó a Facundo Mansilla. Con ojos rojos y tos, tuvo que buscar aire y alejarse de la asamblea, interrumpida, que para ese momento ya tenía a más de 300 personas reunidas. Luego se supo que el libertario había sido convocado por un estudiante de la UNQ que milita en La Libertad Avanza muy cercano a la concejala de ese partido por Quilmes, Estefanía Albasetti.
—El gas pimienta que tiró ese flaco es de los importados de la OTAN que tiene Bullrich. Tiró sin medir distancia ni nada y a un chico le cayó todo en la cara. Todo se empezó a llenar de ese olor picante, algunas mujeres comenzaron a caerse, porque no se podía respirar; fue un caos que, por suerte, duró poco, porque nos contuvimos enseguida entre nosotros —cuenta Facundo.
Se hizo de noche y la asamblea juntó a unas 500 personas que votaron de manera unánime que la facultad fuera tomada. Participaron docenes, estudiantes, trabajadores de la universidad y todas las agrupaciones políticas embanderadas en la misma causa.
A Facundo le cuesta pensar un futuro fuera de la universidad, lejos de los amigos con quienes aprendió a filmar, a narrar y a mirar un recorte de lo real con los ojos atravesados por la experiencia de lo colectivo. Ahora edita imágenes de ese día, “por suerte estaba con la cámara”. Quiere hacer un documental para el año que viene.
Sostenerse en el tiempo
Mientras tanto, Rosella Pasetti, desde la ciudad de Mar del Plata, dice que en las asambleas se está discutiendo bastante sobre cuáles son las estrategias más efectivas para sostener la visibilización del reclamo en el tiempo.
“Acá se tomaron cinco facultades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sin suspensión de clases, durante al menos dos semanas”, comenta. Es consejera superior estudiantil de la Facultad de Derecho de esa universidad, milita hace varios años en la agrupación política universitaria Franja Morada y conoce de memoria los pasillos de su facultad, a los que no está dispuesta a renunciar.
Al parecer también en Mar del Plata el ataque contra derechos básicos como estudiar dejó sin efecto las diferencias partidarias entre estudiantes; la prioridad fue unirse a defender la educación pública. “Nos parece importante darnos espacios de discusión para escucharnos y ponernos en tema con lo que está pasando en nuestras universidades y las del resto del país sin importar de qué bandera política se trate”, dice.
¿Cómo seguir? ¿Cuáles son las estrategias que interpelan mejor a la sociedad?, pregunta Rosella durante una asamblea, mientras charla con compañeras que estuvieron con ella en la última toma.
—La toma es legítima, pero siento que perdió fuerza, que no interpela tanto al gobierno como había logrado hacerlo en 2018, cuando estaba el expresidente Mauricio Macri.
Con la mirada sostenida en un punto fijo, sigue preguntando y preguntándose en voz alta si la estrategia de la toma es efectiva o no de cara al futuro. A veces cree que la opinión pública recibe mucho mejor las marchas federales y que, por eso, sería mejor ir por ahí.
—Hay que evaluar muy bien las estrategias con las que conviene seguir defendiendo la educación pública. Hay algunas que tienen mayor aceptación por parte de la sociedad que otras. No nos podemos sobrepasar porque corremos el riesgo de generar desgaste.
Laura Gambale es periodista argentina. Escribe para La Nación sobre salud, educación, género y sustentabilidad.