La 9

La Unidad 9 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) es la única de todo el país que aloja a madres y mujeres gestantes imputadas de delitos para que cumplan la prisión efectiva con sus hijos. Está ubicada en Colón, Montevideo, y tiene una capacidad de 50 plazas, aunque hoy alberga a 80% de esta población a nivel nacional y está en situación de sobrepoblación.

El edificio, un gigante de cemento y rejas, a diferencia de su vecino lindero, tiene las ventanas despejadas y está en silencio. El patio huele a parque. La entrada tiene un tupido césped brillante, con árboles que cubren la zona de juegos para niños. No todo es gris, hay color y vida.

El interior no se parece en nada a lo que alguien imaginaría. En los pasillos de piso oscuro y paredes verdes hay bastante movimiento. Algunas mujeres pasean a sus bebés en brazos o en cochecitos y otras los persiguen mientras corren alocados. Hay muchas conversaciones en simultáneo y se oye algún que otro llanto.

El olor a comida casera invade todo el edificio. Las mujeres, vestidas de mameluco naranja, cocinan con unos pocos y desvencijados electrodomésticos, entre paredes manchadas y revoque rajado.

La unidad funciona en tres plantas, pero la mayoría de las habitaciones están en el primer piso, no tienen rejas y sus grandes puertas casi siempre están abiertas. Adentro están llenas de cosas. Hay ropa, juguetes, alfombras de colores, cajas, televisores, heladeritas tipo frigobar y, en algunas, mesitas con sillas en las que se puede tomar mate y merendar.

Las primeras habitaciones son las de ingreso. Son más amplias y alojan hasta a cinco mujeres, sus hijos y alguna embarazada. A medida que se avanza por el pasillo, crecen el privilegio, la comodidad y la privacidad. Los ambientes se achican, y también el número de cohabitantes. En las últimas habitaciones (de "máxima confianza") viven de a dos y tienen baño propio.

En el último nivel están los salones, con pupitres y pizarrones, la sala de informática, la guardería, una biblioteca, un salón de peluquería y uno de costura.

Población en aumento

La aplicación de la Ley de Urgente Consideración en 2020 trajo consigo la disposición de la prisión efectiva de al menos cuatro años por causas vinculadas al microtráfico en inmediaciones de cárceles, hospitales y centros educativos. A partir de ese momento, la población carcelaria femenina creció a un ritmo acelerado.

De acuerdo con el informe del Comisionado Parlamentario, en 2023 el número de hombres privados de libertad creció 5,6%, mientras que el de mujeres lo hizo 11,9%. A diciembre de 2023 había 62 mujeres, 64 niños y 14 gestantes privadas de libertad en todo el país. Según el último informe, publicado en junio de 2025, son 65 las mujeres alojadas en prisión con sus hijos y 68 niños. El promedio de edad de estas mujeres madres es de 29 años.

Para Lía Fernández, coordinadora de Gurises Unidos, una organización de la sociedad civil que trabaja sobre la defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, las más golpeadas han sido las mujeres jóvenes, madres en hogares monoparentales en los que el microtráfico resulta una estrategia de sobrevivencia. "Aumentó exponencialmente el número de procesadas por esta causa y es una locura pensar que están privadas de libertad con sus niños y niñas, cuando por la cantidad que estamos hablando se podría pensar en otras alternativas a la privación de libertad", explicó.

Además, las actividades que pueden realizar las internas están acotadas al funcionamiento de la propia unidad: limpieza, mantenimiento y cocina. Si bien las condiciones de alojamiento continúan siendo "razonables", está sobre la mesa el desafío de desarrollar programas alternativos que sustituyan la prisión efectiva. Sobre todo para mujeres con hijos, generalmente primarias y con delitos de poca entidad. Mecanismos alternativos por los que el adulto penalmente responsable pueda responder por sus actos sin institucionalizar a los niños.

Dentro del INR, el Área de Trato Penitenciario tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. Desde allí se coordinan los programas vinculados al trabajo, la educación y el deporte, así como tres programas específicos enfocados en poblaciones especialmente vulnerables. Estos son el Programa de Atención a las Mujeres con Hijos/as (Pamhi), el de Atención a Personas en Situación de Discapacidad y el de Personas Migrantes.

Según Natalia Frachia, coordinadora del Pamhi, desde el programa han detectado casos en los que se quiebra bruscamente el vínculo madre-hijo cuando estas están extramuros. Sucede con frecuencia que quienes quedan a cargo deciden que el vínculo con la madre recluida puede ser nocivo y, sin mediar disposición legal al respecto, lo interrumpen.

Es el caso de Elisa, una joven de 33 años con el cuerpo de una adolescente. Entre malabares para hacer dormir a su bebé o simplemente evitar que llore, cuenta que tiene cinco hijos más, pero desde que está presa, hace un año, no los ve. "Están con mi hermana mayor y no vienen, ella no los deja ni hablar conmigo, los tiene amenazados con que si me hablan los va a meter en el INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay]”, cuenta.

Consultada sobre la dualidad entre el beneficio y el perjuicio de que las niñas y los niños convivan con sus madres en prisión, Frachia sostuvo que "hay que revisar cuál es la mejor forma". Explicó que al momento de reunirse con instituciones especializadas en infancias, no se logró avanzar en un protocolo de atención porque hay diferencias teóricas respecto de si se debe o no abordar el vínculo madre-hijo. La discusión ignora que la realidad de esas infancias tiene las mismas características tanto fuera como dentro de la unidad. Por eso, afirma que "es necesario rever la ley 14.470, que en su momento fue innovadora, no para que las madres no puedan estar con sus hijos ahí, sino para que se contemplen los cambios de paradigma".

El equipo de salud mental, compuesto por dos psicólogas, cumple un rol fundamental para que las mujeres puedan descargar sus angustias, miedos y vivencias. Rosana Venade, psicóloga de la unidad, explicó que cada vez más mujeres hacen uso del espacio de consulta y que, si bien ellas no hacen tratamiento psicológico para los niños, es importante que las mujeres acudan al encuentro con ellos. "A partir de las observaciones del vínculo madre-hijo podemos detectar conductas disruptivas o síntomas de apego inseguro y empezar a conversar", precisó Venade.

La familia que no se elige

“Él es todo lo que está bien en esta cárcel", dice Beatriz. Sus grandes ojos verdes miran a Maximiliano, su bebé de 4 meses, que, excesivamente abrigado, duerme en el coche a su lado. Ella tiene 23 años, usa ropa ajustada y el pelo atado con una prolija colita alta. Tiene un enorme tatuaje en su cuello con el nombre de su expareja, quien resulta estar más presente para el bebé que el propio padre.

Conoció el mundo del delito a los 12 años. Su padre se suicidó en 2018 y dos años más tarde murió su madre, que vendía droga y era adicta a la cocaína. Con tres hermanos ausentes, Beatriz había quedado, sin proponérselo, a cargo del negocio familiar —la venta de droga— cuando a su madre le diagnosticaron esclerosis múltiple. Probó marihuana, pasó a la pasta base y se encontró, con 19 años, al frente de dos bocas. Inmersa en un mundo ilícito y de malas decisiones, el tiempo hizo lo suyo, hasta que "perdió” vendiendo en la plaza de Tres Cruces.

—¿Él nació cuando vos estabas acá? ¿Cuando te trajeron estabas embarazada?

—Sí, me enteré de que estaba embarazada al lado [en la Unidad 5]. Cuando caí presa me hice un test y me enteré de que estaba embarazada.

—¿Cuánto tiempo estuviste al lado?

—Dos meses.

—¿Cómo fue transitar el embarazo acá?

—Al principio fue duro, me costó caer en la realidad, era mi primera vez presa e iba a tener a mi primer hijo presa. Me costó, me re dolió, porque yo decía "no puedo creer que vaya a tener a mi primer hijo presa". Tuve dos oportunidades de irme a domiciliaria, pero no tengo domicilio. Mi casa, la que tenía cuando me allanaron, la tapiaron y tuve que seguir el embarazo acá. Igual tuve un embarazo re lindo, re cuidado, pero ta, no es lo mismo estar presa que estar en la calle.

El delito de ser mujer

A veces parece que el delito es ser mujer. Esa condición marcó el destino de Beatriz y de tantas otras que hoy están en la misma situación. Delinquir aparenta no ser la causa, sino la consecuencia de una suma de factores que afectan sus vidas desde edades muy tempranas. Esto se repite, con mayor o menor frecuencia e intensidad, con algunos denominadores comunes: son jóvenes, pobres, con poca o ninguna educación y con trayectorias familiares complejas.

La mayoría conoce de cerca la violencia y vivió el abandono de progenitores, de la familia o de la pareja. Esto no significa que la prisión sea su salvación o la de sus hijos; la carencia de recursos para ofrecer una crianza protegida a esas infancias es evidente. Muchas están solas, los niños no tienen contacto con sus padres, que en su mayoría también están presos, y mantener la crianza sin apoyo se hace cuesta arriba: "Estar presa es un gasto. Si querés estar un poco cómoda con tu hija, precisás cinco palos por semana". Así lo describe Carla, mamá de Luana, que depende de "la caja" que le mandan desde Soriano, cuando se puede. Su mirada perdida y el tono de voz monótono denotan tristeza y resignación. Tiene puesto un mameluco azul que usa para hacer tareas de mantenimiento. Hace un año que está privada de libertad, por segunda vez, y le queda otro para salir. Espera con mucha fe la confirmación de su traslado de vuelta a Mercedes, donde su hija viviría con sus padres.

Obligadas a habitar un lugar extraño, compartir la crianza con desconocidos también es una paradoja. Las madres del interior, que no reciben visitas ellas ni sus hijos, encuentran un sostén sustituto en operadoras y custodias. Elisa, por ejemplo, parió a Brandon con el apoyo de las custodias: "En el momento del parto sentía que no tenía a mi familia y estaba sola, pero la compañía tampoco estuvo mal, porque me llevo bien con mis custodias, que estuvieron ahí”.

También así lo siente Beatriz: "A mi hijo se lo re doy para que la policía lo agarre, porque no me molesta. A veces me dicen: “¡Ay! ¿Cómo le vas a dar tu hijo a la policía?”. Y les digo: “Ustedes no tienen nada que hablar, porque una de esas policías es la que estuvo en el parto, vio nacer al niño”. Aparte, lo tratan mejor que muchas madres".

Son pocos los recursos con los que cuenta la unidad, pero lo que sí hay es una buena relación con las funcionarias.

La brecha sin fin

Para las mujeres, estar presas pesa más que para los hombres; se hacen cargo solas de la crianza. Incluso de sobrinos o nietos. Al respecto, Florencia Lemos, licenciada en Ciencias Sociales que trabaja en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), afirma: "El problema es la desproporcionalidad propia del delito".

La brecha cala hondo. Las de contextos más críticos se involucran en negocios ilegales porque les es redituable. Se les dificulta ingresar a otros mercados por sus bajos niveles educativos, la falta de oportunidades que eso conlleva y la gran cantidad de roles que cumplen. Hacer ferias, salir a "requechear" y otras opciones legales las exponen a más violencia física que vender droga desde sus casas. Esto último les garantiza mejores ingresos con menos esfuerzo, mientras cuidan a sus hijos. Así, a través de algún conocido, parejas, exparejas (en su mayoría hombres), empiezan con este negocio ilícito, compatible con sus responsabilidades y sostenible en el tiempo.

La privación de libertad también se vive en condiciones desiguales: "Las expectativas de reinserción son peores que las de los hombres" (Proyecto Crisálidas, 2023). Según lo expuesto en el trabajo "Pautas para la inclusión de las mujeres privadas de libertad en Uruguay", eso se debe a que durante su reclusión las mujeres realizan tareas ligadas a su rol de género. Los talleres de capacitación de la 9 no escapan a esta lógica: Costura y Peluquería son los más concurridos.

Penalmente también existe una brecha notoria que alimenta el aumento desmedido de mujeres jóvenes madres privadas de libertad: son ellas las que, en su mayoría, ingresan drogas a la cárcel. Hacen más visitas a personas presas (parejas o padres de sus hijos), pero, en contrapartida, y tal como lo explica Fernández, son menos visitadas al ser condenadas: "Las mujeres privadas de libertad reciben muchas menos visitas que los varones: al ser las cuidadoras, cuando caen presas, es otra mujer la que se hace cargo de los niños afuera, y así se quedan sin nadie que las visite".

Descontrol, palabrotas y canicas

Maximiliano es un bebé y su interacción social aún carece de conciencia. Eso deja tranquila a Beatriz y es un sentimiento compartido; a menor edad, menor conciencia de la realidad que se vive estando en prisión.

Si bien la reclusión trae orden y rutina para criar, la convivencia genera conflictos. Compartir forzosamente la habitación con más familias, en ocasiones, para los niños implica participar en juegos de adultos. Jugar a las "canicas" en la 9 se diferencia muchísimo del conocido juego de las bolitas. "Las madres andan “encanicadas”, se guardan las pastillas y después se hacen los famosos “jugos locos” y los gurises ahí. Yo tuve problemas con una brasilera que se encanicó y dejó al gurí ahí, llorando toda la noche. Se le cayó dos veces. Al otro día la agarré para mí”, cuenta Elisa. Ese enfrentamiento con su compañera de cuarto por haber descuidado a su hijo le costó una sanción.

Aunque parezca contradictorio, sienten falta de control de las autoridades, que "no ven nada". "Lo que pasa en el cuarto, se queda en el cuarto", dice Elisa, "los niños son rehenes: les pegan, los putean, los pisan, cualquier cosa. Y eso nadie lo ve".

Un alienígena

Beatriz se preparó con entusiasmo para que Maximiliano fuera al centro de atención a la primera infancia del INAU. Florencia, mamá de Valentino, de 2 años, en cambio, aún sigue esperando. Trámites administrativos, plazos y requisitos corren para ellas también. Si le agregamos la falta de visitas, porque no tienen redes familiares o porque las familias están lejos o no tienen recursos para sacarlos, los niños se quedan sin la exploración del mundo, crucial para un desarrollo sano.

Beatriz recordó, movilizada, el caso de una compañera que, después de cinco años, salió a la calle con su hijo: "La primera vez que salieron el niño lloraba porque veía caer las hojas de los árboles. Veía un auto pasar y lloraba desesperado y la chiquilina vino llorando, re triste y me decía: “Mi hijo es un alienígena, es un bichito”". Así de profundo se siente el encierro cuando la prisión es la única experiencia previa de vida.

"Horriblemente podrida"

La convivencia no es fácil y la obligación es mucha. El menú no varía, las tareas y las caras alrededor tampoco. La cotidianeidad pesa, pero lo más insoportable para Beatriz son las sensaciones que acumula su cuerpo. En esa vorágine con la que habla, dice fuerte: “¡Estoy horriblemente podrida del olor a Jane! ¡Estoy podrida del olor a Perfumol! ¡Estoy re cansada de ver las ventanas y ver rejas y estoy podrida de todas las que están en el piso!”.

Si a la responsabilidad de la crianza en estas condiciones le añadimos la convivencia impuesta, el resultado es una efervescencia inevitable. Gritos y peleas son una constante, muchas veces ocasionadas por intervenir en crianzas ajenas.

(In)asistencia médica

El embarazo de Beatriz transcurrió lindo y controlado. Dejar la calle y las drogas se lo permitió. Pero la ausencia de pediatras se nota: "Hoy mi hijo tenía medio rojito su pitito y yo interpreté que estaba molesto porque le dolía hacer pis. Le consulté al médico [general] y me dijo que con cuatro meses le tire el cuerito para atrás. Arriba estaba justo la pediatra, haciendo un estudio. Le conté y me dijo: “¿Sos loca? Hasta los 2 años no le hagas eso porque lo podés lastimar”".

La necesidad de una guardia pediátrica es inmensa. Además, hay falta de policías para hacer traslados a emergencias y tienen un solo móvil.

Realizar lavados con suero y colocar sin supervisión dilatadores anales a Brandon debido a una condición crónica fue algo muy estresante para Elisa, que la acompañó desde que llegaron del hospital después del parto: "Me daba miedo que haciéndole los lavados se inflamara o algo. Como los hacía bien, nunca pasó nada de eso, pero es cansador".

El futuro llegó hace rato

La misión del INR es rehabilitar a las personas privadas de libertad, así como instrumentar y monitorear medidas alternativas a la privación de libertad. Por ese motivo, dentro de la 9 las mujeres pueden trabajar (aunque la oferta es limitada) y estudiar. Tienen la opción de cursar primaria, secundaria, materias universitarias y hacer talleres de huerta, informática, costura o peluquería.

Sin embargo, parece que la rehabilitación es una frazada que todavía queda corta. Reinsertarse en el mercado tras estar presa no es una tarea sencilla y, a veces, volver a delinquir parece ser la única alternativa para algunas. La mayoría se hace cargo de sus hijos sin la ayuda ni la presencia de los padres.

Ninguna quiere volver a estar presa. Algunas planean negocios propios, pero el estigma de la cárcel pesa mucho. Sin acceso a un empleo digno, es muy difícil que logren correrse del lugar que ocupan. Es crucial pensar en otro sistema que realmente les dé, a ellas y sus hijos, la posibilidad de una vida distinta, porque si bien hay iniciativas positivas, en materia de reinserción laboral aún queda mucho por hacer.

Es necesario reflexionar sobre las razones que hacen que esta situación se sostenga. Pero ¿por dónde empezar? El Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario planteó varias iniciativas en cuanto a medidas alternativas, como las “domiciliarias asistidas”. Estas buscan garantizar el bienestar y la protección de madres e hijos en situación de privación de libertad, permitiendo a la madre cumplir su condena, junto con sus responsabilidades parentales, sin trasladar las medidas punitivas a sus hijos.

Para lograrlo, es fundamental que las condenadas conozcan sus derechos y exijan su cumplimiento. ¿Qué se necesita para eso? Según Rodrigo Rey, abogado del Serpaj, “con dos millones de pesos anuales se garantiza contar con dos defensores especializados, lo cual no es tanta plata”. Esa cifra cubriría los honorarios de dos defensores que se ocupen específicamente de estos casos, que comparten muchas características y requieren el mismo tipo de argumentos a la hora de la audiencia: “No puede ser no sólo que no se conozcan los derechos, sino que no se articule el recurso para que todos lo puedan usar. Tiene que ser como un formulario que llenás”, dijo.

Un siguiente paso, según Fernández y Frachia, es aplicar una mirada integral articulando diferentes perspectivas, como el planteo de agendas elementales y el sistema de protección a niñas, niños y adolescentes. Aquí es donde al INAU “se le escapó la tortuga”, dice Fernández.

Pensar que están tan cerca y tan lejos. Cuántas veces habremos estado cerca del portón de Colón sin imaginar lo que esas paredes albergan. Relatos de tristeza y, también, de esperanza. Ahí vive una parte del futuro de nuestra sociedad y nuestro país.

Sus voces necesitan ser escuchadas, porque una sociedad informada puede ejercer adecuadamente sus derechos y obligaciones. Ahora, tenemos la obligación de contribuir a que las huellas que queden en ellos no sean más invasivas que las del olor a Jane.

Carmela Colominas es licenciada en Comunicación con orientación periodismo. Estefanía Reboledo es periodista y locutora e impulsa la comunicación con impacto social. Janina Tiscornia es licenciada en Comunicación (periodismo y producción) y técnica en Comunicación Social (radio y televisión). Verónica Severi es periodista. Colabora con la diaria y Lento sobre temas sociales.