Anhelos charrúas

¿Es Uruguay un país excepcional? Definitivamente lo es, no por imaginarse como «la Suiza de América» ni por haber deslindado tempranamente al Estado de la Iglesia, sino por ser el único de la región, junto con Surinam, que no reconoce la existencia de los pueblos indígenas y, en consecuencia, tampoco garantiza sus derechos.

Las políticas de inclusión económica y social en el marco del estado de bienestar habilitaron tempranamente el sufragio femenino, en 1932, y la educación pública gratuita y laica. En los últimos años, hizo posible el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto, la legalización de la tenencia y consumo de marihuana y, recientemente, la regulación de la eutanasia. No hay dudas de que Uruguay tiene una tradición garantista.

Sin embargo, paradójicamente, los sucesivos gobiernos —incluso los más progresistas— se han negado a ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este tratado internacional sobre derechos humanos promueve el diálogo intercultural —auténtico y de respeto mutuo— entre los Estados y los pueblos originarios, y protege derechos ligados a la autoctonía: garantiza la autoadscripción (autorreconocimiento), el acceso a la tierra y la restitución territorial, condiciones de trabajo dignas e igualdad de oportunidades económicas, la protección de sus formas de organización política, saberes y espiritualidad, y, especialmente, la implementación de procesos de consulta previa, libre e informada antes de tomar medidas gubernamentales o autorizar proyectos de envergadura que pudieran afectarles.

¿Cuáles son los argumentos para tal negativa? En general suelen sostener que no hay indígenas, que no son «verdaderos» o que buscan obtener beneficios amparados en la viveza criolla. «Yo no puedo reconocerlos como indígenas porque no tienen un sistema cultural y ya perdieron sus costumbres», sostuvo una funcionaria del ámbito cultural. «Además —continuó— no son puros; todos son mezclados. Los que están hoy son descendientes, así como yo soy descendiente de italianos. Nosotros no podemos pedirle al Estado italiano que nos reconozca». Tras recordarle que muchas personas solicitan la ciudadanía italiana, explicó: «Sí, claro, pero los descendientes de italianos no pedimos tierras. ¿Para qué quieren que los reconozcan? Si no dijeran que son indígenas, la gente no dudaría. Yo no tengo problema en reconocerlos como descendientes. ¡El problema es que ellos dicen que son indígenas! Quieren que los reconozcan porque quieren tierras».

Los reclamos charrúas fueron planteados en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal —en 2009, 2014 y 2019 y 2024— y en distintas instancias ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Las recomendaciones de la ONU señalaron la urgencia de ratificar el Convenio 169 dándoles lugar a los informes elaborados por el Consejo de la Nación Charrúa (Conacha), organización creada en 2005 que nuclea a varios colectivos, aunque no a todos.

Reiteradamente, el Estado respondió que «no hace evidente su implementación conforme la realidad del Uruguay», y que solo reconoce «población que se autoidentifica como de ascendencia indígena». La presentación ante la ONU en 2023, a cargo de la viceministra de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, argumentó que es difícil decir dónde están los indígenas o quiénes son debido a que «no conviven como pueblo», pero que el gobierno respeta «la autoidentificación como descendientes de poblaciones originarias». Considerados bajo la categoría descendientes, los emisarios del gobierno alegaron —como en otras ocasiones— que sus derechos se encuentran contemplados junto con los del resto de la ciudadanía en las políticas públicas ligadas a programas sobre biodiversidad y desarrollo productivo rural. Alineados con los prejuicios en otras latitudes, el pueblo charrúa es así localizado en un pasado lejano y, a la vez, privado de su existencia en los espacios urbanos.

¿Descendientes?

La categoría descendiente no es neutral, ya que depende de quién y cómo se la utilice. Ana María Barbosa reside en Tambores (Tacuarembó) y es Licenciada en Desarrollo y docente en la Universidad de la República (Udelar). Desde su trayectoria como activista hace más de 25 años —en la comunidad Guyunusa, en Ukay Guidai y en la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa (Adench)—, llamó la atención sobre la invisibilización en el uso de los términos pardos y trigueños: «Somos discriminados por el color de piel y, en simultáneo, negados respecto de la etnicidad», afirmó.

Cuando se niega la autoidentificación indígena apelando a la categoría descendiente, opera la ideología del mestizaje degenerativo, abonada por teorías eugenésicas y culturalistas que hablan de asimilación y aculturación. Estos abordajes, ligados a la Escuela Histórico Cultural, fueron descartados por las ciencias sociales luego del Holocausto, debido al racismo implicado y a su endeblez científica. Aunque las razas no existen y la cultura cambia, a los indígenas se les exige demostraciones de pureza racial y prácticas estables en el tiempo. En caso contrario, son evaluados como copias impuras y desvirtuadas de sus ancestros. El temor oculto detrás de ambas ideologías —de blanqueamiento y de mestizaje degenerativo— no es más que el retorno de lo reprimido: el miedo a que se organicen y realicen reclamos sobre los territorios despojados.

Las premisas sobre el supuesto desvanecimiento se repiten en la Patagonia, donde los tehuelches, selk’nam, yaganes y kaweskar fueron declarados como pueblos extintos; una suerte de destino inexorable. La autoadscripción suele ser percibida, entonces, como una amenaza a la soberanía estatal y como una jugada de indios falsos (o truchos) motivados por intereses instrumentalistas espurios. No obstante, tanto Argentina como Chile ratificaron el Convenio 169 y ampliaron sus políticas de reconocimiento. Su aplicación limitada es uno de los desafíos principales, ya que depende de una sinergia que involucra a la fuerza política del movimiento indígena, y también a la sensibilidad de los funcionarios y del sistema judicial para cuestionar el racismo estructural y evidenciar el genocidio sobre el que se fundaron las repúblicas.

Lo que llama la atención no son los supuestos sobre la extranjería charrúa —construidos por medio de lecturas desvirtuadas de las investigaciones del historiador Diego Bracco—, ya que el sentido común conservador en Chile y Argentina repite que los mapuches son invasores allende la cordillera. Lo interesante de Uruguay, precisamente, es la pasión con la que son atacados; exabruptos con palabras punzantes que apelan a la locura o al desquicio, tal como sostuvo el expresidente Julio María Sanguinetti. Inspirado en los dichos del antropólogo ya fallecido Renzo Pi Hugarte, calificó a los colectivos indígenas como delirantes organizaciones charruistas, que han inventado una civilización inexistente.

La lógica de eliminación

Cuando se oficializó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, 143 países votaron a favor, entre ellos, Uruguay. En dicha ocasión, 11 se abstuvieron y cuatro votaron en contra: Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelandia y Australia. Dos años después, este último cambió su voto, en tanto que los otros adhirieron en 2010. No es casual que estos países compartan una historia similar ligada al colonialismo de colonos (o de asentamiento). Gustavo Verdesio —investigador uruguayo especializado en estudios coloniales y profesor en la Universidad de Michigan— incluye en este marco teórico el caso de Uruguay y algunas regiones de Chile y Argentina.

Tal como señalamos en un capítulo del libro escrito por académicos y charrúas (publicado por el Fondo de Cultura Económica), este tipo de colonialismo —al que preferimos referir como colonialismo de pioneros para que se entienda mejor— no buscó primariamente la explotación del trabajo forzado de los indígenas para obtener la plusvalía, sino acceder a la tierra como propiedad privada, según sostuvo Patrick Wolfe. Los Estados apelaron a la violencia para desplazar a los pueblos originarios y, tras haber sido arrinconados, a una lógica de eliminación. Una vez obtenida la tierra, intentaron asimilar a los vencidos a la sociedad occidental.

La lógica de eliminación no se concretó en un único episodio ni fue un hecho singular. Como sostuvo Wolfe, se trata de una estructura porque la asimilación es el principio organizador que, conjuntamente con las demandas indígenas, continúa estructurando a la sociedad. Verdesio, por su parte, lo plantea como un proceso porque la posesión de la tierra no se agota en un solo acontecimiento, sino que debe reafirmarse cotidianamente. Sea como fuere, estructura o proceso (o ambas), el colonialismo de pioneros continúa debido a que los territorios aún no han sido restituidos a sus legítimos habitantes. En sintonía con Lorenzo Veracini, plantea que la estrategia de resistencia indígena es persistir y sobrevivir. Por lo tanto, en sintonía con Wolfe, sostiene que los charrúas reafirman su persistencia simplemente mediante el hecho de quedarse en casa; una existencia que —como hemos constatado— resulta incomprensible, sorprende e incluso enfurece apasionadamente a quienes adhieren a la ideología de blanqueamiento y a la excepcionalidad uruguaya.

La ideología de la desaparición de los indígenas está basada en hechos concretos que incluyen las campañas de exterminio sostenidas por el Estado colonial y luego por el Estado republicano. Tal como analizamos en varias publicaciones, los grupos indígenas que se desplazaban con alto grado de libertad por medio de las fronteras de la Banda Oriental, Argentina y Brasil (referidos en las fuentes como infieles) opusieron resistencia y dificultaron a los colonos el acceso a la tierra. Sus tolderías reunían a charrúas, a guenoas (o minuanes, según las fuentes que se consulten) y a refugiados: esclavos libertos, mulatos, mestizos, criollos y europeos. A este frente heterogéneo de resistencia que compartía la misma organización social, económica y política, y enfrentaba a las autoridades coloniales, se lo denominaba charrúa, apunta Martín Delgado Cultelli —miembro de la comunidad Danan Vedetá, exdelegado del Conacha y estudiante de Antropología en la Udelar—. Los estancieros y vecinos demandaban una solución final, sostuvo, y la respuesta se concretó en el gobierno del primer presidente constitucional, Fructuoso Rivera.

Estas campañas militares llevaron adelante una serie de operaciones, entre las que se encuentran la emboscada y la masacre de Salsipuedes en 1831 (entre Paysandú y Tacuarembó). El intento de eliminación de las tolderías había comenzado con las acciones lideradas por el capitán Jorge Pacheco (1800-1802) —como consta en su diario de operaciones— y continuaron después. El objetivo era diezmar la población originaria para controlar y explotar la tierra como si fuera res nullius (cosa de nadie). En este proceso, el Estado se apropió de sus territorios, los incorporó a la soberanía nacional, y luego los distribuyó entre criollos y colonos. A su vez, desplazó forzadamente a la población indígena, eliminó a quienes opusieron resistencia e implementó políticas puntuales para asimilar a los sobrevivientes en una ciudadanía indiferenciada en términos de etnicidad; mecanismos descritos por la teoría del colonialismo de pioneros (o colonos). Lo notable es que este no intenta perpetuarse, sino que borra sus huellas. En consecuencia, la ciudadanía no percibe en el presente que hubiera existido ningún colonialismo —ni tampoco genocidio—, y se autopercibe como un crisol blanco. La amnesia sobre la violencia fundacional explicaría entonces las razones de la respuesta emocional exacerbada ante las autoadscripciones charrúas.

Que los resultados de las acciones militares apoyadas por sectores de la sociedad civil —sobre todo, por los colonos terratenientes— no hayan sido los buscados (la desaparición total de los indígenas infieles), no significa que no haya operado una lógica de eliminación ni que la violencia que posibilitó el despojo constitutivo de la acumulación primitiva capitalista haya sido reparada, tal como sostuvo Verdesio. Precisamente, «el Estado uruguayo jamás se expidió en términos que permitan suponer algún tipo de remordimiento o contrición, o alguna toma de conciencia sobre los crímenes de lesa humanidad que fundaron la nación».

El largo camino hacia el reconocimiento

El proceso de reorganización charrúa comenzó con investigaciones propias sobre historias familiares atravesadas por silencios sobre la ancestralidad, conjeturas sobre las interrupciones en la transmisión intergeneracional y consultas de documentos. Así derivó el deseo de organizarse e impulsar demandas para garantizar sus derechos. En los últimos años, las antropólogas Andrea Olivera, Ana María Magalhães de Carvalho, Camila Gianotti, Francesca Repetto y Victoria Bonilla Baez acompañaron estas indagaciones.

La declaración de Salsipuedes como sitio de memoria fue una suerte de bisagra. El petitorio se presentó en el VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología en 2020 en Montevideo y luego ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. La declaración se oficializó en diciembre de 2021, y el 16 de octubre de 2022 se colocó la placa. Esta iniciativa contó con el apoyo de 700 académicos y activistas (locales e internacionales),¹ la Udelar, las intendencias y la Red de Sitios de Memoria, pero no así del ámbito educativo: el Ministerio de Educación y Cultura y la Administración Nacional de Educación Pública votaron en contra.

Algunos colectivos charrúas reflexionan sobre sus procesos organizativos apelando al término resurgencia; una metáfora de la geología que refiere al agua subterránea cuando refluye hacia la superficie. En el ámbito académico solemos hablar de reemergencia indígena para referir a los casos de «pueblos considerados extintos (o desvanecidos) por los dispositivos de poder-saber, que en el presente se organizan cultural y políticamente bajo etnónimos generalmente discontinuados en los textos académicos y/o en los formularios estatales», tal como sostuvo la autora de esta nota a partir de su etnografía colaborativa con el pueblo charrúa de Uruguay desde hace 11 años y con los indígenas de la Patagonia desde hace tres décadas. El término resurgimiento, por otro lado, refiere al fortalecimiento político que conduce a movilizarse y reclamar derechos particulares. Ambos se enmarcan en procesos de etnogénesis asociados a la reelaboración de identidades bajo presiones externas, tal como explicamos en diálogo con Mónica Michelena en la radio El Sodre.²

Mónica es oriunda de Paysandú, miembro de la Comunidad Charrúa Basquadé Inchalá, y milita desde hace más de 40 años. Fue delegada y vocera del Conacha, y llevó el caso a los foros y espacios internacionales de derechos humanos de la ONU y de la Organización de Estados Americanos, además de haberse desempeñado como asesora honoraria en Asuntos Indígenas de la Cancillería en el gobierno de José Mujica. En una ocasión, una diputada le dijo «vayan con los antropólogos, si ellos los reconocen, nosotros también». En aquel momento Daniel Vidart y Renzo Pi Hugarte respondieron negativamente desconociendo que tales procesos de reemergencia no eran extraños, ya que se habían dado en otros países. Ella y Martín Delgado Cultelli se anotaron entonces en la carrera de Antropología. Junto con otros charrúas, comenzaron a realizar sus propias investigaciones y en 2017 emergió la Escuela Intercultural Charrúa Itinerante.

La lucha sostenida alienta a preguntarse: ¿quién soy?, ¿quiénes somos? En el Censo Nacional de 2023, el 6,4% reconoció su ascendencia indígena —en contraste con el de 2011 (5%)—, y se destacaron los departamentos de Tacuarembó (9,6%), Rocha (8,3%), Salto (7,6%), Artigas (7,4%), Montevideo (6,6%) y Canelones (6,2%). En 1996 se realizó la primera encuesta de hogares (que dio 0,4%), en la que se consultó por la «raza»; categoría que había sido utilizada en los últimos datos registrados un siglo y medio antes, en 1852. Según Martín, la falta de datos estadísticos contribuye a explicar la invisibilización. Aunque aún no se publicaron los informes sobre la situación socioeconómica del último Censo, la correlación entre ascendencia indígena y necesidades básicas insatisfechas de 2011 lo lleva a reflexionar sobre la continuidad de las desigualdades estructurales.

Argumenta que el sistema político reproduce el racismo contra los indígenas, ya sea por desidia o por lealtad a Rivera —como sucede con el Partido Colorado y Cabildo Abierto—, pero recientemente hubo cambios. Concretamente, el exdiputado frenteamplista y actual senador Felipe Carballo presentó un proyecto a favor de la ratificación del Convenio 169 de la OIT en 1922 y, junto con la diputada comunista Verónica Mato, se explayaron sobre este tema en el Encuentro Intercultural Antirracista, donde se reunió el pueblo charrúa antes de salir hacia Salsipuedes para colocar la placa en el sitio de memoria. En 2023, tras un acalorado debate, el Congreso Programático del Frente Amplio incluyó la ratificación del Convenio y lo mismo hizo la Unidad Popular.

Este mandato ha comenzado a materializarse por medio de dos gestos: la activista trans Collet Spinelli (a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos) inauguró una mesa de diálogo y la vicepresidenta, Carolina Cosse, indicó que el tema patrimonial en 2026 incluirá las «raíces indígenas», lo que generó polémicas con el Partido Colorado. Luego de casi cuatro décadas desde la conformación de Adench en 1989, el movimiento charrúa —en el que confluyen 31 comunidades, clanes y organizaciones, incluido Conacha— se encuentra en su mejor momento.

Sobre el final de esta nota nos preguntamos: ¿por qué cuando alguna persona dice «soy charrúa» genera sorpresa y burlas, incluso entre algunos académicos?: «No, no sos; sos [o eres] descendiente». ¿Son acaso los derechos políticos y civiles garantizados tempranamente un límite para el reconocimiento de la diferencia étnica y cultural? ¿O es que la etnicidad quedó subsumida en la clase social y no permite comprender las articulaciones entre ambas?

Evidentemente, estamos frente a una ceguera ideológica, que imagina una nación blanca —más cercana a Europa que a América Latina— y niega la continuidad de los pueblos preexistentes a los Estados. Pero no es la única razón. Tal como sostuvo Martín, subyacen dos temores. Uno inspirado en las recuperaciones territoriales del pueblo mapuche y en el fantasma de los malones; estrategia de resistencia a la que también apelaron los charrúas. El otro remite a cuestiones que puedan poner en riesgo el modelo capitalista basado en la inversión extranjera o afectar los sectores agroexportadores.

Entonces, ¿cómo se explica que haya charrúas en la provincia argentina de Entre Ríos y en Brasil, y no en Uruguay? ¿Es el poder simbólico de las fronteras estatales tan poderoso para limitar los desplazamientos? Si en los últimos 30 años toda Abya Yala ha sido testigo de procesos de reemergencia de pueblos considerados extintos, ¿por qué Uruguay habría de ser una excepción?

Mariela Eva Rodríguez es doctora en Antropología e investigadora adjunta del Conicet; en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires es profesora adjunta de Pueblos Indígenas Americanos y profesora titular de Pueblos Indígenas y Estado. Coordina junto con otros investigadores el Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas y la Red de Información y Discusión sobre Arqueología y Patrimonio.

Aclaración: La autora recurre al nosotros autorial debido a que resume discusiones y revisiones realizadas por los activistas charrúas Mónica Michelena Díaz, Martín Delgado Cultelli y Ana Maria Barbosa, además de los investigadores Ana Maria Magalhães de Carvahlo y Gustavo Verdesio, con quienes trabajamos en colaboración desde 2014.

Bibliografía

• Rodríguez, Mariela Eva; Barbosa Oyanarte, Ana María; Delgado Cultelli, Martín G; Verdesio, Gustavo; Michelena, Mónica; Magalhães de Carvalho, Ana María (en prensa, 2025). Trayectorias de la invisibilización charrúa: De las tolderías y el malón a la vida moderna en las ciudades y campos uruguayos. En M Bartolomé y A Barabas (Eds.), Procesos de Etnogénesis en América Latina. Fondo de Cultura Económica, Instituto Nacional de Antropología e Historia de México.
• Verdesio, Gustavo. (2023). Despojo sin fin: La reemergencia charrúa en Uruguay a la luz del colonialismo de pioneros. Corpus: Archivos Virtuales de la Alteridad Americana, 13(2), 1-30, traducido por M E Rodríguez y L Pensa, https://doi.org/10.4000/corpusarchivos.6896. Original publicado en Settler Colonial Studies, 11(3), 319-343. https://doi.org/10.1080/2201473X.2020.1823752.