El 12 de mayo, el Integrated Food Security Phase Classification, la autoridad global sobre seguridad alimentaria, emitió una advertencia funesta. "La Franja de Gaza aún enfrenta un riesgo crítico de hambruna", escribió. "Los bienes indispensables para garantizar la supervivencia de los habitantes se están acabando o se acabarán en el curso de las próximas semanas. Toda la población enfrenta niveles acuciantes de inseguridad alimentaria". Según informó el grupo, una de cada cinco personas en Gaza corre riesgos de inanición.
Las Fuerzas Armadas de Israel han destruido infraestructura civil fundamental para mantener la vida en Gaza (campos agrícolas, instalaciones de agua, centros médicos, tendidos eléctricos). La devastación no hizo más que agudizar la crisis preexistente creada por Israel en las casi dos décadas que lleva cerrado el enclave costero, proceso que ha impedido el acceso a la educación, ha dividido familias y ha puesto en jaque la actividad económica. Ahora la campaña militar israelí en Gaza dejó a más de dos millones de habitantes —de los cuales casi la mitad son niños— sin posibilidades de cultivar o procesar alimentos ni de obtener agua potable. Si ya antes necesitaban la ayuda humanitaria, ahora se han vuelto absolutamente dependientes de ese recurso, incluso cuando las autoridades israelíes han permitido el ingreso a la Franja de provisiones vitales en una cantidad que apenas cubre las necesidades de la población.
Durante el último cese al fuego, que entró en vigencia el 19 de enero, esas mismas autoridades permitieron un ingreso bastante más significativo de bienes humanitarios y comerciales. Pero el 2 de marzo, con el alto al fuego a punto de desmoronarse, el gobierno impidió la entrada de cualquier tipo de suministro. El bloqueo posterior resultó inédito: en ningún momento desde que Israel cercó Gaza y creó "puntos de entrada", en la década del 90, el gobierno había impedido durante tanto tiempo el ingreso al territorio de todo tipo de bienes. Los resultados han sido devastadores. Hasta Donald Trump admitió que los habitantes de Gaza se están "muriendo de hambre", aunque también aseguró que Hamás desvió la ayuda y que, por ende, es culpable. (Es una acusación que la ONU rechaza).
A medida que la presión por abrir los accesos iba en aumento, algo que resultó una demanda incluso desde las propias Fuerzas Armadas israelíes, el gobierno decidió responder ofreciéndoles a los civiles una alternativa muy ardua: abandonar el hogar o arriesgarse a morir de hambre. El 5 de mayo, el gabinete de seguridad de Israel aprobó un plan para eludir los mecanismos de ayuda humanitaria de la ONU y organizaciones internacionales de probada experiencia. Esos grupos utilizan cientos de puntos de distribución para atender las necesidades de la gente en su lugar de residencia, minimizando así los desplazamientos y los peligros de atravesar zonas de combate activo y garantizando que la asistencia resulte accesible para las personas con discapacidades y otros grupos vulnerables. El gobierno, por el contrario, afirma que creará puntos de distribución centralizados en zonas vigiladas, sobre todo al sur de Gaza, allí donde las Fuerzas Armadas israelíes han intentado trasladar a la gente. La Gaza Humanitarian Foundation, un nuevo grupo patrocinado por el gobierno de Estados Unidos y dirigido por un veterano de guerra y emprendedor social de ese país, anunció que recibió el visto bueno de Israel para empezar a distribuir ayuda en mayo en zonas de la Franja patrulladas por las Fuerzas Armadas israelíes.
La ONU y organizaciones humanitarias con experiencia repudiaron el plan de Israel y aseguraron que se trata de una "táctica de presión" muy peligrosa, ya que "obliga a los civiles a dirigirse a zonas militarizadas". Forzar a la gente a que abandone sus refugios para conseguir comida exacerbaría los desplazamientos forzosos, rasgo distintivo de las operaciones militares israelíes en Gaza, que afecta a 90% de los residentes. Desde el comienzo de la guerra, el gobierno israelí ha bloqueado las misiones de ayuda en las zonas de donde busca expulsar a los civiles; la nueva propuesta le permitiría impedir totalmente la distribución de ayuda en aquellas zonas de Gaza de las que pretende expulsar a todos los palestinos.
El plan para forzar a los palestinos de Gaza a aceptar nuevos desplazamientos como condición para recibir asistencia alimenticia va de la mano con otro: presionarlos para que abandonen Palestina definitivamente. Hace décadas que la extrema derecha israelí aboga por la limpieza étnica en la Franja y la guerra podría ser la oportunidad ideal para que esto se haga realidad. En noviembre de 2023, algunos ministros del gobierno anunciaron una "Nabka" en Gaza y exigieron que la Franja fuera entregada a colonos judíos; al mes siguiente, el primer ministro Benjamin Netanyahu supuestamente se comprometió a encontrar países capaces de "absorber" a los palestinos del enclave.
Una historia de expulsión
El desplazamiento y la imposibilidad de volver resultan experiencias cotidianas para los residentes de Gaza; más de dos tercios de la población son refugiados de ciudades, pueblos o aldeas que hoy forman parte del territorio de Israel de donde ellos, sus padres o sus abuelos huyeron o fueron expulsados en 1948. La insistencia de las autoridades israelíes en negarles el regreso al hogar o incluso un desplazamiento hacia otras zonas de Israel-Palestina, entre ellas Cisjordania, es parte de una política más ambiciosa para mantener el control judío-israelí sobre los palestinos, incluyendo la superioridad demográfica.
En 1949, el joven Estado de Israel consiguió esa superioridad demográfica al impedir el regreso de unos 700.000 palestinos, asegurando de ese modo una mayoría judía en las que llegarían a ser las fronteras de Israel reconocidas internacionalmente. Pero en 1967 la toma de Gaza y Cisjordania generó un nuevo desafío poblacional. En ese caso, el gobierno israelí también se embarcó en una iniciativa ambiciosa para maximizar la cantidad de territorio bajo su control y minimizar el número de ciudadanos palestinos.
En 1967, Israel creó comités gubernamentales destinados a "animar" a los palestinos a abandonar Gaza de forma permanente, mediante una mezcla de estrategias expulsivas y tentadoras: mantenían altas tasas de desempleo, al tiempo que ofrecían transporte, viáticos y comida a quienes se mostraran dispuestos a irse. Más adelante, a medida que las ambiciones poblacionales de Israel se desplazaban hacia Cisjordania, el gobierno echó mano a la provocación, la coerción y la fuerza para expulsar a los palestinos de Cisjordania y dirigirlos hacia Gaza y ensayó planes para ceder el control de la Franja, con lo que la convirtió en una suerte de "cárcel a cielo abierto". En ciertas ocasiones, las autoridades concedían permisos para salir de Gaza o Cisjordania, con la condición de que quienes se fueran renunciaran al derecho a regresar, o bien revocaban la residencia una vez que esas personas viajaban al extranjero (o tan sólo por no presentarse a un censo militar). Las modalidades fueron cambiando, pero el objetivo de esas políticas se mantuvo inalterado: limitar la cantidad de palestinos en el territorio bajo control israelí.
En vísperas de la guerra actual, casi seis décadas de ocupación de Gaza y Cisjordania habían ido expandiendo las fronteras de Israel si no de manera legal, al menos de facto. A pesar de haber retirado los asentamientos de Gaza en 2005, las autoridades israelíes controlan todo el territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, donde residen unos siete millones de judíos y siete millones de palestinos. Funcionarios del gobierno israelí sostienen que todas esas tierras le pertenecen al pueblo judío, pero los datos demográficos sugieren que si los judíos aún no son una minoría, lo van a ser muy pronto —es decir, a menos que el gobierno de Israel pueda limitar la cantidad de palestinos que vive en Gaza atacando zonas pobladas, destruyendo las condiciones necesarias para sostener la vida y fomentando o forzando los desplazamientos—.
Limpieza étnica
Israel lanzó un ataque a gran escala contra Gaza luego de que un grupo de combatientes bajo las órdenes de Hamás cruzara desde la Franja hacia el sur de Israel y matara a cientos de civiles, en actos que resultaron verdaderos crímenes de lesa humanidad. En la guerra posterior, las Fuerzas Armadas israelíes cometieron sus propios crímenes internacionales contra la población civil de Gaza, incluyendo castigos colectivos, desplazamientos forzosos y exterminio. Uno de los crímenes de Israel es haber convertido la asistencia en un arma, algo que se utilizó como palanca para concretar el objetivo manifiesto de derrocar a Hamás y recuperar a los rehenes tomados aquel día. Durante los acuerdos de cese al fuego, cuando se dio la liberación de los rehenes, el flujo de ayuda aumentó, pero a medida que iban fracasando los pactos las autoridades israelíes fueron reduciendo la asistencia al mínimo. El gobierno israelí ha obstruido la labor de organizaciones internacionales y ha prohibido la intervención de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Próximo Oriente, el principal organismo de ayuda humanitaria para los refugiados palestinos.
Las condiciones en Gaza son cada vez más desesperantes, pero la vasta mayoría de la población sigue sin poder huir. Israel mantuvo cerrados sus pasos fronterizos desde Gaza. El gobierno autoritario de Egipto aseguró que está en oposición a los desplazamientos forzosos, pero también preocupado ante la posibilidad de que la afluencia de refugiados palestinos socave su poder; fue así que les prohibió el ingreso a su territorio y sólo otorgó permisos de acceso a 100.000 palestinos, entre ellos algunos pocos pacientes médicos y aquellos que compraron la entrada al país pagando miles de dólares a intermediarios supuestamente vinculados con el Estado egipcio. Pero hasta esa ínfima vía de escape desapareció cuando, en mayo de 2024, el ejército israelí tomó el control del lado palestino en el cruce fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, bloqueando el acceso casi por completo.
El alto al fuego de comienzos de año abrió para muchos la posibilidad de regresar a Gaza y reconstruirla. Como parte del acuerdo, las Fuerzas Armadas israelíes permitieron que cientos de miles de palestinos se desplazaran desde el sur hacia el norte. Muchos encontraron sus hogares destruidos. Mientras tanto, el gobierno israelí flexibilizó las restricciones para el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja, incluyendo una cantidad limitada de materiales de construcción.
Pero los anuncios de Trump sobre su plan de desplazamiento masivo redoblaron la voluntad israelí de exiliar a los palestinos. Algunos ministros del gobierno se unieron con grupos mesiánicos de derecha en conferencias y festivales a fin de conseguir apoyo para lograr el asentamiento de judíos en Gaza. En abril de este año, el ministro del Interior de Israel viajó a la ciudad israelí de Eilat para fotografiarse junto a un avión lleno de palestinos que, según declaró, migraban voluntariamente desde Gaza hacia Alemania; más tarde se jactó de que, ya desde principios de abril, los migrantes palestinos habían colmado 16 aviones. El 13 de mayo, Netanyahu declaró que la gran mayoría de los residentes de Gaza se irían de allí una vez que su gobierno encontrara países dispuestos a acogerlos —pese a que, de acuerdo con el derecho internacional, Israel mismo está obligado a admitir el ingreso de los refugiados palestinos de Gaza—. El apoyo oficial de Israel a los planes de limpieza étnica en la Franja se ha vuelto tan flagrante que este mes un exministro de Defensa israelí, originalmente parte de la agrupación política derechista Likud, de Netanyahu, acusó al gobierno de ordenarles a los soldados que cometieran crímenes de guerra.
Atrapados
La presión es tan fuerte que muchos en Gaza buscan una salida. Las universidades de la Franja están destruidas. Los pacientes no tienen acceso a la atención médica. Las familias están exhaustas.
Hay algunos indicios, aún no confirmados, de que Israel podría estar preparándose para que los palestinos hagan exactamente eso, aunque con ciertas condiciones. El abril me puse en contacto con un abogado israelí a raíz de una publicación en redes en la que se ofrecía para representar a los residentes de Gaza en los procesos de emigración israelíes. (Las redes sociales se llenaron de números de teléfono de supuestos agentes de inteligencia israelíes y abogados que brindan ayuda a los palestinos que buscan salir de Gaza). Este abogado me dijo que por 2.500 nuevos séqueles israelíes (700 dólares) podía asistir a aquellos palestinos con visas extranjeras para salir de la Franja en vehículos alquilados por las Fuerzas Armadas israelíes para luego volar a sus países de destino en aviones charteados por el gobierno israelí. Me aseguró que el gobierno les daría 50.000 nuevos séqueles israelíes (14.000 dólares) si los migrantes firmaban un documento en el que prometían "no volver a poner un pie en Gaza" nunca más. Seis mil personas, afirmó, ya lo habían contratado para que las representara ante la nueva Oficina de Migración Voluntaria para "agilizar" así la partida.
Admitió, sin embargo, que aún nadie ha salido de Gaza. Y aunque las autoridades israelíes prometieron una migración masiva, el gobierno sigue impidiendo que los palestinos abandonen la Franja. Aquellos estudiantes que son lo suficientemente afortunados como para resultar elegidos por alguna universidad extranjera quedan atrapados, tan sólo un tercio de los pacientes que solicitaron una evaluación médica ha podido viajar desde octubre de 2023 y hasta los extranjeros deben esperar meses por un permiso para cruzar. Sólo unos cientos de palestinos han logrado salir de Gaza desde el fracaso del último alto al fuego, el 18 de marzo, entre ellos una pequeña cantidad de evacuados médicos, extranjeros y personas con visas ya otorgadas. Mientras tanto, las funciones de la oficina de migración siguen siendo misteriosas, lo que colabora con la confusión general.
Si se les diera la opción, muchas personas buscarían asilo en otra parte. El derecho internacional exige que Israel permita ese procedimiento. Pero los migrantes también tienen derecho a regresar. La posibilidad de que el gobierno israelí admita ese regreso está en dudas, y con razones bien fundadas, y eso determina las decisiones individuales de los pobladores para irse o quedarse, incluso cuando las condiciones están empeorando. "Después de más de 19 meses de hambruna forzada, deshidratación y desplazamientos, no sabemos cuánto más podamos aguantar", declaró en mayo a la BBC un trabajador humanitario palestino en Gaza. El apoyo conjunto de Israel y Estados Unidos para exiliar a los palestinos también pone en jaque la disposición de otras naciones a aceptar gente de Gaza, y eso siempre y cuando las autoridades israelíes permitan la salida.
Las encuestas revelan que la mayor parte de los estadounidenses se opone al plan de Trump para desplazar a los palestinos de Gaza. Este rechazo debería servir también para repensar el apoyo histórico de Estados Unidos a negarles a los palestinos el derecho a regresar a sus hogares en lo que ahora es Israel. Los legisladores estadounidenses han naturalizado ese impedimento al punto de que Trump estuvo pensando en Egipto o Jordania —y ahora, según BBC News, también en Libia— como países capaces de absorber a los palestinos, en lugar de exigirles a las autoridades israelíes que respeten el derecho de esas personas a vivir en Israel. Pero, como bien dice una campaña destinada a promover el reasentamiento de refugiados de Gaza en Israel, "el regreso es a pie, es inmediato, es barato y es justo". Sucederá cuando una cantidad suficiente de personas comprenda el vínculo entre esa negativa y los horrores que debe enfrentar actualmente la población de Gaza y actúe en consecuencia.
Sari Bashi es israelí y abogada de derechos humanos. Traducción: Juan Nadalini.