Cambios en políticas de género del Ministerio del Interior en la LUC: entre la “jerarquización” y la “amenaza” a la profesionalización

La División Políticas de Género del Ministerio del Interior se creó en 2009. En estos 12 años tuvo como foco la profundización del abordaje de la violencia doméstica y de género, tanto en la interna de la Policía como para la sociedad.

Cuando se cumplió la primera década de su creación, se comunicaron entre los principales hitos la capacitación y profesionalización de la actuación policial en violencia doméstica y de género, y en particular el protocolo para la intervención de la Policía en estos casos, aprobado por decreto en 2010.

En esos diez años se triplicó el número de unidades especializadas para denunciar violencia doméstica y de género. Pasaron de 19 en 2006 a cerca de 60 en 2019, que se suman a las más de 270 seccionales policiales de todo el país que deberían contar también con funcionarios capacitados para brindar una primera respuesta adecuada, según informó la cartera en el décimo aniversario.

Las denuncias de violencia doméstica aumentaron 581% entre 2005 y 2018, lo que es atribuido a la sensibilización de los policías para detectar situaciones y a la incorporación del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP), que almacena todas las denuncias que se hacen en el país. Otro de los principales hitos fue la creación e implementación del programa de tobilleras electrónicas y del monitoreo electrónico.

Por otra parte, el Decreto 111 de 2015, que plantea medidas disciplinarias para los policías denunciados por violencia doméstica y de género, también está entre los logros más destacados en la interna del Ministerio del Interior. Al policía que es denunciado se le retira el arma reglamentaria como medida cautelar inmediata mientras se lleva a cabo la investigación; además, se lo deriva a los servicios de atención para varones que ejercen violencia.

Cambios en la LUC

El artículo 56 de la ley de urgente consideración (LUC) creó la Dirección Nacional de Políticas de Género, que depende directamente del ministro del Interior y que suplanta a la División Políticas de Género, que dependía del director general de Secretaría. Esta unidad estará a cargo de “un director”, “que será designado por el Poder Ejecutivo como cargo de particular confianza”, según el texto de la ley.

Este es uno de los 135 artículos que serán puestos a consideración de la ciudadanía en el próximo referéndum del 27 de marzo de 2022. Según los promotores de la campaña de juntada de firmas para derogar la LUC, este cambio provoca que las políticas de género se “encapsulen” en una única Dirección. “Se modifica el organigrama del Ministerio del Interior creando una Dirección Nacional de Políticas de Género, lo cual la desvincula del resto de las Jefaturas y Direcciones Nacionales”, plantean.

Dirección sin formación

Fuentes de la anterior administración plantearon a la diaria que, “si bien a primera vista puede parecer una fortaleza, [esta modificación] puede transformarse en un riesgo, ya que se define que ‘el director’ es un cargo de particular confianza, sin requisitos como la formación y experiencia en género ni en políticas públicas, competencias elementales para el diseño de las políticas con perspectiva de género y el correcto asesoramiento a las autoridades”.

También plantearon que “no es estratégico para la temática el haber convertido el espacio de diseño, implementación y monitoreo de políticas de género, un espacio que es por excelencia técnico-especializado, en una unidad prevalentemente ejecutiva”. En este sentido, destacaron que si bien la nueva Dirección depende directamente del ministro, “es bastante posible que ante las jerarquías a cargo de dicha unidad tenga más incidencia el mando policial, por la cultura organizacional, y haya poco espacio de incidencia técnica, máxime si para estar a cargo de la Dirección no se exige ni probada formación ni experiencia en la temática”.

La comisaria general Eliphas Ferreira, que fue nombrada directora del área, carece de antecedentes en materia de género. Trabajó en la Jefatura de Policía de Montevideo, en particular en lo que antes era la “comisaría de menores”. Luego tuvo un pasaje por la Guardia de Coraceros y la Escuela Nacional de Policía, para después retornar a la Jefatura de Policía de Montevideo, en la que estuvo a cargo de la oficina del servicio 222. De allí pasó a estar a cargo de la Oficina Nacional de Contralor de Armas hasta 2020, cuando asumió su cargo actual.

En cuanto a la subdirección, debe ser ejercida por un oficial superior ejecutivo, es decir, un policía uniformado y armado en actividad, que es designado por el ministro del Interior. Los civiles quedan excluidos de ocupar este rol.

Competencias

Los cambios normativos agregan competencias, como la administración y el gerenciamiento de recursos humanos, logísticos y financieros dentro de las unidades que están en su órbita. Estas unidades son las direcciones departamentales especializadas en violencia doméstica y de género; el área de violencia de género de la Dirección de Monitoreo Electrónico, que controla las tobilleras; el Departamento de Género y Diversidad del Instituto Nacional de Rehabilitación; la superintendencia técnica y administrativa de la Comisión Permanente de Atención a Situaciones de Acoso Sexual en Funcionarios/as y Personal del Ministerio del Interior; y las restantes unidades especializadas que por ley o resolución ministerial queden bajo su órbita. También se agrega como competencia el diligenciamiento de investigaciones administrativas y sumarios.

“Estado Mayor Especialista”

Por fuera de la Dirección Nacional de Políticas de Género, Diego Fernández, director de la Policía Nacional, creó el Estado Mayor Especialista en Género y Violencia Doméstica, que tiene injerencia en materia operativa en la temática. Es dirigido por la comisaria Gisela Sosa.

Antes, la División Políticas de Género coordinaba y monitoreaba los procedimientos, en comunicación directa con los directores nacionales de las distintas unidades policiales y los jefes de Policía. Este rol pasó a cubrirlo el Estado Mayor Especialista y no la Dirección Nacional de Políticas de Género.

En noviembre de 2021, en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, Fernández habló respecto de la creación de este Estado Mayor: “La Policía Nacional, que yo comando, tiene un Estado Mayor, que es el que me asesora, el que trabaja en diversos temas. Dada la importancia y la relevancia que tiene la violencia de género, además del Estado Mayor General, se creó un Estado Mayor Especialista, que aborda en forma exclusiva el tema de género por la importancia del tema. Es pura y exclusivamente nada más que eso”.

“Yo no soy especialista en este tema; se formó dada la importancia de la temática tratada”, dijo Fernández, que indicó que “la idea era tener un Estado Mayor que atendiera eso y nos asesorara bien”. Y desarrolló: “Una cosa es la academia y otra es la implementación práctica. Tratamos de tender puentes porque, justamente, detectamos un problema. No había suficientes puentes o puentes fácilmente transitables entre la academia, por llamarlo de alguna manera; me refiero a los especialistas en el tema, que lo han abordado y se han instruido en todas partes del mundo, y llevarlo a la práctica. Entonces, lo que hacemos es tender puentes, y por eso es tan importante y caro para nosotros”.

En setiembre, este Estado Mayor Especialista emitió una Guía de actuación para seccionales policiales en casos de violencia doméstica y de género, que fue objeto de polémica ya que planteaba que se “requerirá” a víctimas de violencia doméstica y de género la presentación de “pruebas”. Tras la polémica, el Ministerio del Interior cambió la redacción del protocolo, sustituyendo “requisito” de pruebas por “consulta”. La nueva redacción plantea consultar si la víctima “posee elementos que pueda aportar a la denuncia”.

Según explicó, “se hizo un exhaustivo análisis de la situación de violencia de género” y “nos dimos cuenta de que la formación que brinda la academia a veces no es la suficiente para abordar esto tan delicado”. “Se vio que además de la etapa de formación brindada por la academia hacían falta órdenes claras y concretas de cómo había que actuar para darle garantías a toda mujer que fuera vulnerada en sus derechos”, explicó. Y acotó que “para ello se hizo una orden” y que “como parte de esa orden se mandó la guía, que es una garantía”.

El director de la Policía Nacional señaló que “se vio que la academia necesitaba ser respaldada por órdenes”. “Convengamos que el lenguaje utilizado en la guía fue un lenguaje de policías para policías. Como los médicos cuando hablan entre ellos, hablan en su lenguaje; como los artistas hablan en su lenguaje, los policías, para que se entienda, hablan en su lenguaje. Y es una orden. Aquí no es matemáticas, porque acá el orden de los factores sí altera el producto”.

Fernández explicó que “si bien lo elaboró el Estado Mayor Especialista, fue con una guía mía, de la dirección de la Policía Nacional”. Respecto de la polémica sobre el “requisito” de pruebas, dijo: “Lo que hablamos de consultar al denunciante o víctima sobre la presentación de pruebas, bueno, ahí yo asumo la responsabilidad. Convengamos en que en el lenguaje policial, cuando el Estado solicita algo en particular, lo requiere. ¿Qué pasa? Era una orden para la interna, no se esperó que eso generara dudas, malestar ni ningún otro sentimiento, porque vuelvo a decir que fue una orden de policía mía para policías, para que se entendiera, a los efectos de que la garantía fuera absoluta. Ese es el objetivo”. Aseguró que “se cambió la redacción adecuadamente, la tenemos por acá, es bien adecuada: ‘Se consulta al denunciante o la víctima sí posee elementos que puede aportar a la denuncia’”.

Sin embargo, volvió a defender la redacción errónea: “Convengamos en que si yo al policía de Sarandí de Arapey le digo esto, él me va a entender, pero me entiende mejor de la otra manera que yo le dije antes: ‘Requiera si tiene prueba’”.

La lógica institucional “tendrá un impacto devastador”

La abogada Marina Morelli Núñez hizo un análisis de los cambios para la cooperativa Mujer Ahora. Recordó que la creación de la Dirección Nacional de Políticas de Género fue anunciada a fines de enero de 2020, tras una reunión mantenida con representantes de la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, de la que Morelli Núñez también es parte, y con la vicepresidenta Beatriz Argimón y el entonces ministro del Interior Jorge Larrañaga, quien informó que la nueva dirección se agregaría a la LUC como una forma de “dar una visión nacional” y descentralizada a las políticas de género. Morelli destacó en su informe que la creación de la institución no está prevista, ni sus políticas fundamentadas, en los documentos programáticos previos a la LUC; ni en el programa del Partido Nacional ni en el documento “Compromiso por el país” que gestó la coalición de gobierno. La abogada advirtió sobre los perjuicios de las lógicas institucionales de las direcciones nacionales en materia de políticas de género.

“Cada una de las direcciones trabaja con sus propios recursos humanos y materiales. Eso no es una cuestión meramente formal, de orden o jerarquía, sino de impacto directo en la forma en la cual se brinda el servicio policial a las personas que así lo requieren”, sostuvo. Para Morelli, los efectos de la creación de la Dirección tienden a un proceso de centralización del servicio, tal como ocurre con otros servicios asociados a las competencias de direcciones nacionales, como la emisión de la cédula de identidad o el pasaporte o el relevamiento de huellas en la escena de un crimen.

“La lógica institucional” aplicada a la creación de la Dirección Nacional de Políticas de Género “tendrá ‒por varias razones‒ un impacto devastador en el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia basada en género”, advirtió.

En esa línea, Morelli señaló las implicancias de dejar de contar con los funcionarios policiales de las seccionales para reducir la implementación de la política a los recursos humanos de la dirección, en lo que calificó como la puesta en marcha de “una Policía de lejanía”.

“Las víctimas acuden a la seccional policial y ese lugar, con esas funcionarias y funcionarios, representa en la cultura ciudadana la cara visible del Estado al cual se pide ayuda y protección”, afirmó Morelli, quien señaló el retroceso que significa, tanto en la cantidad de funcionarios destinados a trabajar en denuncias de violencia de género como en los avances alcanzados por la política pública ejecutada desde la División Políticas de Género del Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Educación Policial mediante sus programas de formación, lo que consideró un “pilar” en el sistema de protección a las víctimas “sobrevivientes” de situaciones de violencia basada en género.

Entre los logros amenazados por la creación de la nueva Dirección, Morelli destacó la elaboración de protocolos específicos de actuación y entrenamiento para su aplicación a nivel nacional, como fue el caso de la guía que elaboró el Estado Mayor Especialista en vez de esta Dirección; la posibilidad de crear un procedimiento policial único para todo el país, en cuanto a la recepción de la denuncia, la investigación o la lectura de indicadores al tiempo de evaluar el riesgo, las actuaciones in situ, el ingreso obligatorio al sistema de gestión, el noticiamiento a la sede con competencia en materia de protección y la comunicación a la Fiscalía.

Argimón: “Celebro el rango que hoy se le da”

Durante una actividad realizada en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Argimón defendió la creación de la Dirección Nacional de Políticas de Género.

“No es lo mismo la señal institucional que se brinda hacia adentro y hacia afuera cuando se jerarquiza, a nivel de estructura, el lugar que se les da a los temas. Celebro el rango que hoy se le da, que marca la importancia que le da este gobierno, y en definitiva la sociedad toda, a la lucha contra la violencia hacia las mujeres”, expresó.

Para el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, la creación de la Dirección también significó una “jerarquización” de la política pública contra la violencia hacia las mujeres, y cuestionó las críticas a su instalación. “No entiendo los cuestionamientos que se han hecho a esta Dirección, que sólo busca coordinar políticas, acciones e implementar mejor”, señaló Heber, y advirtió que si bien la Policía “no es la única institución que está en este tema”, “es la primera que actúa”. Además, destacó la capacitación del personal oficial y subalterno “en la conciencia del delito”.

En el evento, la directora nacional de Políticas de Género, Eliphas Ferreira, destacó la formación en la materia dirigida a todos los funcionarios. “Desde la Dirección Nacional se está impulsando capacitar no sólo al que trabaja en violencia doméstica y de género, sino a todas las unidades de la Policía nacional. Se trata no sólo de formar a policías para afrontar situaciones de violencia doméstica y de género, sino de visibilizar esta problemática e ir desnaturalizando prácticas”, afirmó.

Ferreira destacó la coordinación con otras instituciones, como el Instituto Nacional de las Mujeres, en la investigación sobre respuestas públicas a hijas e hijos “huérfanos” de mujeres víctimas de femicidio, y el trabajo en convenio con el Fondo de Población de las Naciones Unidas en una consultoría para la actualización de la reglamentación de la ley de procedimiento policial en materia de violencia doméstica y de género.

Gloria Rodríguez: “Se logró llegar a todas las direcciones de Policía del país”

En diálogo con la diaria, la senadora del Partido Nacional Gloria Rodríguez destacó el alcance nacional de las políticas de la Dirección, y agregó que su creación es “una forma de aprovechar el despliegue territorial del ministerio”. Rodríguez hizo hincapié en que la Dirección es “un eslabón más en un sistema” y su creación “ni sustituye ni excluye a nadie”. En esa línea, subrayó la coordinación interinstitucional y el despliegue de las capacitaciones que se han hecho en todas las direcciones de la Policía. “Se trabajó mucho con la virtualidad y se logró llegar a todas las dirección del país”, consideró.

“Es sumamente importante la creación de esta Dirección Nacional, que está en lo que se comprometió este gobierno de coalición: que el tema de violencia basada en género es un tema de Estado”, concluyó.