El 10 de diciembre el presidente de la Junta Departamental de Maldonado (JDM), Damián Tort, resolvió conformar una comisión preinvestigadora tras las denuncias de la oposición por los “excesivos” gastos en publicidad, uso de la tarjeta corporativa, “irregularidades” en la contratación de empresas y falta de documentación durante la gestión del edil del Partido Nacional (PN) José Luis Sánchez, entre el 26 de noviembre de 2020 y el 26 de noviembre de 2021, al frente del legislativo departamental.

Por decisión de Tort, la preinvestigadora estuvo integrada por tres ediles: los nacionalistas Christian Estela (Todos por Maldonado) y Aldolfo Varela (de la corriente sartorista) y el frenteamplista Joaquín Garlo (Movimiento de Participación Popular), que deberían votar la creación de la comisión investigadora.

Finalmente, en representación del PN, el miércoles, los ediles presentaron un informe en el que señalan que no existen “méritos suficientes” para el inicio de una comisión. “En líneas generales no encontramos irregularidades que ameritaran una investigación fuerte”, expresó Varela en diálogo con la diaria.

La decisión fue tomada luego de analizar la denuncia presentada por el edil del FA Jorge Pieri (Espacio 1946) y de revisar los estados de cuenta de la tarjeta corporativa, las facturas y los inventarios de donaciones, informó.

“Hubo una resolución del partido, más que nada del intendente [Enrique Antía], de que no se habilitara [la investigadora] y que si se tenía que ir a la Justicia, que los denunciantes fueran”, explicó Varela, quien precedió a Sánchez en la presidencia de la JDM.

Luego agregó: “En nuestra carta orgánica el intendente es el jefe político del partido. Como autoridad máxima del partido y política del departamento no le debe gustar que esta parte del gobierno esté siendo cuestionado por cómo se aplican los fondos”.

La decisión tomó por “sorpresa” a la oposición, que hasta último momento estaba “segura” de que la comisión investigadora iba a ser aprobada, señaló Garlo. “El PN decidió no investigar estos hechos y, de alguna forma, seguir cubriendo toda esta información con un manto de oscurantismo. No nos explicamos el porqué”, manifestó en diálogo con la diaria.

Varela, por su parte, explicó que el intendente Antía se comunicó con los ediles de su sector para pedirles que no habilitaran la investigadora, incluso a riesgo de que luego se presente una denuncia judicial.

“Personalmente no hablé con el intendente sobre el tema –de hecho, no tenemos diálogo muy fluido–, pero me imagino que no le debe de haber gustado la situación y el manto de duda que se sembró sobre la gestión del presidente anterior y los números que se manejaban”, declaró.

En cuanto a los montos de dinero que se destinaron a las pautas publicitarias durante la gestión de Sánchez, todavía no hay consenso: Sánchez habla de 14 millones de pesos anuales, mientras que el FA estimó que fueron 20.000.000 como denunció el FA. Sánchez había justificado el gasto como una forma de “colaborar” con los medios de comunicación en el momento “más complicado” de la pandemia, según declaró en una entrevista con Frecuencia abierta de Aspen FM.

Lo cierto es que una de las primeras acciones de Tort al asumir la presidencia el 26 de noviembre (en un acto en el que participó el intendente) fue dar la directriz de bajar todas las pautas publicitarias como forma de poner al día las cuentas de la JDM. Según el documento al que accedió la diaria ,el departamento Financiero Contable del organismo informó que, al 28 octubre, la JDM mantenía una deuda por 5.473.891 pesos uruguayos.

Varela consideró que la deuda se explica, en parte, por las demoras en las remesas de dinero que debe destinar la Intendencia a la JDM –que desde hace algunos años se hace de forma mensual– debido a la situación financiera “más complicada” del ejecutivo departamental durante la pandemia, además del crecimiento en el gasto publicitario. Como consecuencia, la JDM debió hacer varias transposiciones de rubro, es decir, volcar el dinero que estaba dirigido a otras necesidades para cubrir el gasto de publicidad.

El edil aclaró que “no es que la JDM esté fundida”, sino que se generó una “sensación de caos financiero” y que para final de año las cuentas van a quedar al día gracias a la decisión de Tort de recortar gastos. Anunció, además, que el presupuesto que pidió la JDM para 2022 va a ser inferior al de 2021.

Por su parte, desde el Partido Colorado (PC), el edil Luciano Fernández contó a la diaria que existe malestar en la interna del partido por este asunto y adelantó que este viernes mantendrá una reunión con sus compañeros de bancada para decidir cómo procederán cuando el informe presentado por el PN se trate en la próxima sesión. “Es importante destacar que nuevamente se dejó afuera a nuestro PC de este ámbito tan importante como lo es una comisión preinvestigadora”, expresó.

Agregó que lo mismo sucedió anteriormente, cuando se creó la comisión preinvestigadora sobre el caso del director general de Planificación y Fiscalización de la Intendencia de Maldonado, Gaspar Barrabino, quien ofreció trabajo en una de las empresas que “ganaría las licitaciones” para la limpieza y el mantenimiento en Sauce de Portezuelo y Ocean Park.

El reglamento de la JDM determina que el asunto deberá tratarse en “la siguiente sesión”, pero corre por cuenta de la interpretación de la mesa si se hará en sesión ordinaria o extraordinaria. En caso de que se decida por la primera opción, el asunto será atendido recién en marzo cuando culmine el período de receso.

La denuncia

Previamente a la creación de la comisión preinvestigadora, el FA presentó una solicitud de acceso a la información a la JDM sobre los gastos en publicidad en medios locales, pero como no fue respondida dentro del plazo estipulado de 20 días hábiles, hizo una denuncia penal el 16 de noviembre. La información fue entregada a finales de noviembre tras el dictamen de la jueza letrada de 5° turno de Maldonado, Claudia Valleti.

El lunes los ediles de la comisión preivestigadora recibieron a Pieri, quien en su denuncia cuestiona los gastos dada la situación económica y financiera “crítica y nunca antes registrada en los últimos 20 años”.

“De un primer análisis somero de la abultada documentación referida, surgen profundas y múltiples irregularidades cometidas durante el último año en materia de contratación de publicidad por parte de la JDM”, indicó, y agrega que no “existen” resoluciones de Sánchez en las que disponga las contrataciones de los medios de prensa por pautas publicitarias, a no ser por algunas órdenes de servicio que aprueban el gasto y, en los casos “más graves”, la presencia de notas enviadas por particulares a la JDM en las que al pie se leen montos mensuales en pesos uruguayos con la firma del expresidente “escritos de su puño y letra”.

En el documento el edil del FA señala, además, que entre los medios y las personas físicas contratadas por el concepto de pauta publicitaria hay algunos que no son de Maldonado, que uno de ellos es un cargo de confianza de la Intendencia de Maldonado y que en las facturas no se detalla el tipo de servicio o producto que compró la JDM.

También cuestiona la contratación de una empresa para el manejo de las redes sociales, a pesar de que Sánchez había informado “públicamente en el transcurso de una sesión ordinaria del cuerpo que las mismas eran manejadas por un secretario de bancada del PN”, y la carencia de documentación sobre las donaciones que efectuó el expresidente durante su gestión.

La potestad del presidente

Sobre este último punto, Varela aseguró que pudo acceder al inventario de las donaciones por intermedio de los funcionarios del deliberativo departamental. Consultado sobre el tipo de donación, informó que se trata de mobiliario excedente que había en la JDM y que fue enviado en su mayoría a dependencias de la Policía.

“Lo que pasó fue que hubo un inventario en el que está todo registrado pero no hubo un aval del plenario. Sí estaba el inventario e inclusive en algunas donaciones participaron ediles del FA, porque fueron los que solicitaron algunas sillas para la comisaría de Maldonado Nuevo. Lo que sí despertó, a mi juicio, la tensión del denunciante es que en uno de los pedidos de información no estaba el inventario presentado”.

Con respecto al uso de la tarjeta de crédito corporativa (Visa del Banco República), ediles del PN afirmaron a la diaria que los estados de cuenta indican que fue utilizada de “forma correcta”, únicamente para la compra de comida y para el pago de alojamiento, en las fechas en las que Sánchez asistió a reuniones en Montevideo acompañado por otros ediles. Uno de ellos expresó que “podrá gustar más o menos cómo se gastó, pero está todo dentro de la legalidad”.

la diaria consultó a Varela sobre las criterios para la adjudicación de los montos mensuales dirigidos a medios de prensa de diversa índole y personas particulares que, en algunos casos, llegan a las seis cifras. El edil respondió: “El ordenador de gastos es el presidente de la JDM; cada presidente es el que tiene la firma para ordenar el gasto y resolver qué monto destina a cada medio. No hay ninguna norma que le diga a la JDM qué criterio utilizar. Cuando estuve yo al frente, unificamos un criterio de acuerdo al público al que se quería llegar en función de las cosas que se quería hacer, por ejemplo”.

Garlo, en cambio, consideró que “si bien el presidente es el ordenador de los gastos, no puede tampoco hacer lo que quiera, porque de esa manera está desnaturalizando el órgano”, que es “colegiado y multipartidario”. En ese sentido, mencionó que en las anteriores presidencias las propuestas de campañas publicitarias fueron sometidas a votación.

Puso como ejemplo la campaña de difusión de Maldonado como destino turístico, que fue propuesta por Varela y aprobada por unanimidad, así como la campaña de bien público en materia de accidentes de tránsito que planteó el expresidente de la JDM y ahora diputado por el PN Rodrigo Blás, que también fue aprobada por todos los partidos. “En este caso no había ninguna campaña de bien público vigente, mucho menos aprobada por la JDM”, dijo Garlo, y afirmó que la propia bancada del PN “no estaba en conocimiento” de los gastos en publicidad que llevó adelante Sánchez.

En cuanto a la contradicción entre los dichos de Sánchez y las facturas por el manejo de las redes sociales, Varela explicó que el expresidente se refirió a la administración del canal de Youtube oficial en el que se transmiten las sesiones y que los pagos corresponden al uso de las cuentas de Facebook y Twitter.

El edil frenteamplista aclaró que no sabe a qué redes sociales se refieren las facturas, pero aseguró que este año la misma persona recibió, por un lado, 50.000 pesos mensuales en calidad de contratada para el manejo de las redes sociales y otros 50.000 mensuales por administrar un medio digital, según se desprende de las facturas a las que accedió cuando la Justicia falló a su favor tras la denuncia penal.

Este miércoles, Estela y Varela “nos exhibieron una serie de documentos, pero no los tenemos en nuestro poder y no los hemos podido estudiar en consecuencia. Nos hubiera gustado que, si la documentación existía, hubiera sido parte de los elementos que la comisión investigadora podía tener para esclarecer los hechos”, contó.

Garlo criticó la “discrecionalidad” y “desproporcionalidad” con las que Sánchez fijaba las sumas de dinero que dio a medios de prensa y personas físicas y afirmó que no existen contratos ni resoluciones del presidente que dispongan los convenios con estas. “Era el presidente quien escribía la suma de dinero que la JDM le iba a pagar y lo firmaba al pie de las notas [que enviaban los medios]. Eso también es grave porque da cuenta de que no existe ningún tipo de criterio, sino que era el expresidente de la JDM el que decidía arbitrariamente cómo se iban a repartir los recursos”, sostuvo.

Ante la pregunta sobre cuáles son los siguientes pasos que dará el FA, dijo que van a “seguir recorriendo todos los caminos posibles para esclarecer los hechos”, y que no descarta continuar por la vía judicial.