“Esta organización está de acuerdo con algunas acciones tomadas por el gobierno nacional y departamental, pero considera necesario un mayor apoyo para el sector con medidas de flexibilización, exoneraciones y apoyos económicos tanto para las empresas como para los trabajadores”, señala AFUC en un comunicado que emitió este lunes.
Sebastián Moreira, vocero del sindicato que nuclea a 800 afiliados, dijo que el casino es la principal actividad de la empresa y que la pérdida de ingresos entre salario y propina es millonaria. Antes de la medida impuesta por el gobierno, casi la mitad de los más de 1.000 trabajadores anuales ya estaban con seguro de desempleo.
Por su parte, en un comunicado del 27 de marzo, la ATEU expresó: “Como a la gran mayoría de los ciudadanos de este país, nos preocupa al extremo la situación sanitaria originada por la pandemia, y en tal sentido cumplimos y exigimos a propios y ajenos el cumplimiento de los protocolos establecidos por las autoridades correspondientes”.
Sin embargo, pondera que el cierre de las salas de juego implica una pérdida para los trabajadores, las empresas y el Estado, “quien necesita de fondos para ayudar a quien más lo necesita en estas circunstancias (de algún lado tiene que salir el dinero)”.
ATEU es un sindicato que nació en 2020 y cuenta con unos 100 afiliados. El crecimiento en adeptos se vio afectado por la baja presencialidad desde que comenzó la crisis sanitaria, evaluó su vocero, Fernando Bonilla. “No nos identificamos con el sindicato existente. Entendimos que teníamos que asociarnos y manifestar lo que pensamos”, aclaró.
Ambas asociaciones sostienen que el Poder Ejecutivo no marcó una alternativa a la pérdida económica de los trabajadores, la empresa y las pequeñas y medianas empresas que indirectamente se benefician con la actividad de Enjoy y que durante su actividad desde diciembre a marzo el casino no fue un foco de distribución de la enfermedad.
“La idea es poner en el tapete qué es el turismo. Que quede clarísimo que no estamos en contra de medidas que puedan ser buenas para la salud pública. Pero se predica mucho que hay actividades económicas que son importantes y otras que no. No se tiene en cuenta que además de la cantidad de trabajadores, el hotel compra infinidad de productos a proveedores, hay músicos y artistas que trabajan allí, taxistas que traen clientes del aeropuerto al hotel”, expresó Bonilla.
Futuro incierto
Moreira, en tanto, señaló que en setiembre de 2020 AFUC firmó un acuerdo de estabilidad laboral en el ámbito tripartito, apoyado por más de 600 trabajadores en asamblea abierta, en el que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se comprometió a mantener los seguros de desempleo hasta junio de 2022.
No obstante, manifestó que se viven momentos de incertidumbre por las decisiones del gobierno y también por la posibilidad de que la empresa sea adquirida por nuevos accionistas mayoritarios.
“Siempre que planteamos algún conflicto con la empresa fue producto de la falta de datos concretos sobre en dónde estábamos parados. El inconveniente no es sólo la pandemia, sino la situación económica que ya tenía Enjoy, con deudas a proveedores, y a nivel regional, con el incumplimiento de sus compromisos en su matriz en Chile. Tuvo que salir a vender deuda para solventar una situación económica que venía en debacle, tanto en Uruguay como en Chile”, dijo.
Con un mayor optimismo, Bonilla resaltó que, si bien no maneja información sobre la situación financiera de Enjoy, en los 24 años desde su fundación la única vez que el hotel cerró fue por decisión gubernamental. Y agregó que la empresa ha cambiado de firma en muchas oportunidades y no en todas los empleados o el público se enteraron.
Moreira, en cambio, considera que la situación actual no es como las pasadas. “La pérdida económica de la empresa, la baja actividad, el cambio de la modalidad turística, una tendencia a la disminución del juego presencial y una suba de juego online: todas esas aristas indican que la empresa pueda tener dificultades para sostenerse”, advirtió Moreira.
Además, recordó que, a pesar de que AFUC hizo varios pedidos a los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas con la ayuda de abogados, nunca pudo acceder a la totalidad del convenio firmado entre el Estado y la empresa en su fundación, en 1996, y que hay partes que se mantienen confidenciales hasta la actualidad.