María Pía Usher, integrante del Colectivo de Artesanos Itinerantes de Maldonado, señaló a la diaria que la incautación de materiales está a cargo de la Dirección de Higiene, que justifica su actuación en el artículo 20 del Decreto 3.707, de 1998. Este decreto regula la venta ambulante de productos alimenticios y de reventa, pero no hace referencia a las artesanías.
Para poder recuperar los materiales hay que pagar tres unidades reajustables y la devolución no es inmediata al pago, sino tras “varias idas y vueltas”, indicó Usher. En Piriápolis la expulsión de los lugares también la llevan a cabo la Policía y los inspectores de tránsito, advirtió.
Tras una reunión con el alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti, se acordó que los artesanos pueden trabajar en la peatonal Sarandí de Maldonado. Pero la artesana manifestó la necesidad de contar con un marco legal que ampare el desarrollo de la actividad en todas las localidades del departamento, especialmente en Piriápolis, donde está prohibido.
“Hablamos con la alcaldía de Piriápolis y se muestran reacios a aceptar artesanos en la rambla. Nos dieron la plaza Artigas, pero es un mal punto porque no pasa mucha gente por ahí”, expresó Usher. El colectivo planifica reunirse con el resto de los alcaldes de los municipios para impulsar el proyecto de decreto.
Según la artesana, en el trasfondo de la prohibición y la persecución está la presión que ejerce la Cámara Empresarial de Maldonado, cuyos integrantes ven en los artesanos una competencia. “Nosotros no competimos con ellos porque no vendemos sus productos. Somos muchas las familias que vivimos de esto y es parte de nuestra identidad ser artesanos”, expresó Usher.
El Colectivo de Artesanos Itinerantes de Maldonado se formó en 2019, luego de que un artista canadiense fue conducido a la Jefatura de Policía de Maldonado por el chofer de un ómnibus en el que iba cantando.
“Decidimos organizarnos y nos reunimos con el edil Joaquín Garlo, que nos propuso redactar un proyecto de decreto. Nos juntamos y lo hicimos”, recordó Usher. El documento fue presentado en marzo de 2020 en la Junta Departamental.
Hasta el momento hubo escasas respuestas, informó Usher. El 15 de marzo la Mesa de la Junta Departamental envió el proyecto a la Comisión Legislativa para que lo estudie.
Los artesanos argumentan que “el proceso de producción que ejecutan encuentra su fundamento en el trabajo manual”, del que surgen “productos en los que se imprimen características particulares y únicas”.
El valor del trabajo manual en Uruguay está contemplado en el artículo 2 de la Ley 17.554, sobre la actividad productiva artesanal, que estipula que la artesanía es un “patrimonio de Uruguay y parte de su identidad”.
Además, los artesanos defienden el empleo de técnicas ancestrales, la búsqueda y el uso de materias primas naturales, tales como piedras semipreciosas, semillas autóctonas, caracoles, maderas y cañas; y la “calidad itinerante de la exposición artesanal”.