¿Cómo operó el terrorismo de Estado en el departamento de Maldonado?

Maldonado es un departamento esencialmente turístico. El miedo a los “veranos calientes” fue la motivación de los militares durante la dictadura para encarcelar y torturar civiles. Durante las temporadas estivales crearon listas con los nombres de “las personas que ellos consideraban que podían poner en peligro la temporada turística” y las detenían, contó Nany Salazar, abogada defensora de víctimas y familiares denunciantes de delitos de lesa humanidad, cometidos antes y durante la dictadura en Maldonado.

Al fondo del Batallón de Ingenieros N°4 operaban integrantes del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). En el departamento los centros de detención y tortura fueron el actual Paseo San Fernando -que antes funcionaba como cuartel- y el fondo del Batallón N°4, lindero a la Laguna del Sauce. A propósito, una de las prácticas de tortura de la OCOA consistía en atar a los detenidos a una lancha y arrastrarlos por la laguna, relató Salazar.

Los principales represores que operaron en Maldonado durante el terrorismo de Estado fueron Carlos Techera, Aquiles Moraes, Victor Stocco, Plácido Amorín y Dardo Barrios, este último señalado como el más sádico incluso por sus colegas militares, apuntó Salazar. Además, contaron con la ayuda de los médicos militares José Luis Braga, Francisco Pons y Julio César D’ Albora. Por su parte, uno de los principales delatores del departamento fue el obispo Antonio Corso.

Ya en democracia, durante el gobierno del intendente Domingo Burgueño (1990-1994), Braga se convirtió en el director de Salud de la intendencia y Barrios en el de Tránsito. El abogado de ambos Jorge Napoleone, por su parte, fue secretario general, contó Joaquín Garlo, edil del Frente Amplio (FA) que integra la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Maldonado.

El primer asesinado por torturas en el Batallón de Ingenieros N°4 de Laguna del Sauce fue Francisco Chocho y su muerte fue previa a la dictadura, el 14 de octubre de 1972. Chocho era un taxista simpatizante del Partido Nacional y un vecino popular en Maldonado. A finales de 2019 el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, pidió el procesamiento de Dardo Barrios, integrante de la OCOA y uno de los responsables de su muerte.

El mismo día de la muerte de Chocho, su hijo logró que los militares le entregaran el cadáver en el cementerio de Maldonado, contó Beatríz Jaurena, edila suplente por el FA e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Maldonado. El certificado de defunción indicaba que la muerte había sido producto de una embolia cerebral, pero la información era falsa.

“Chocho era un hombre grande, muy pesado, y se ve que no lo pudieron sacar. A Chocho lo matan y acá no pasó nada. El miedo se le había metido tanto a la gente que no tenía capacidad de reaccionar. Se piensa que hubo algún problema con él y la esposa de alguno de los generales. Era un tema personal”, señaló Jaurena.

La segunda víctima fue Amelia Lavagna, detenida junto a su esposo José Pedro Tizze y conducida al Batallón N°4, donde muere por responsabilidad del Estado el 27 de abril de 1975. Tizze era integrante del Partido Colorado y coleccionista de armas. Esto último levantó las sospechas de las Fuerzas Conjuntas, que presumían que podía estar implicado en actos de sedición, y por eso diez soldados allanaron su vivienda, ubicada en Manantiales, y se los llevaron. Las Fuerzas Conjuntas alegaron que la muerte de Lavagna se debió a la ingesta del veneno Phosdrin.

“Había 10 soldados armados a guerra con una mujer sola. La lógica indica que es muy increíble que se les escapara para ir a tomar veneno. Para su expediente pedimos la exhumación de los restos, que están en el Cementerio de San Carlos. Se los llevó al instituto médico forense de la Facultad de Medicina en Montevideo, pero como los restos habían sido reducidos, no se pudo analizar. Sí se supo que no había heridas de bala ni fracturas. Pero si murió efectivamente por eso o porque alguien le dio un golpe, o la ahogó, es imposible saberlo”, explicó Salazar.

El 2 de enero de 1976 las Fuerzas Conjuntas detuvieron en la Plaza de San Fernando al obrero Horacio Gelós Bonilla, militante del Frente de izquierda de Liberación (Fidel) y edil suplente por la lista 1001 del FA. Lo condujeron al Batallón N°4 y allí lo castraron y lo torturaron hasta matarlo el 6 de enero, pero su cuerpo nunca fue hallado. Al momento de su desaparición tenía 32 años.

“Hay registros y documentación pero simplemente el Ministerio de Defensa no los aporta, entonces hay que armar lo que pasó a partir de los testimonios”, advirtió Salazar. Un tío de Gelós Bonilla vio cuando dos personas vestidas de particular lo secuestraron. Otro testimonio, un cabo que estaba de guardia, recordó que uno de los detenidos dijo “Bonillita está mal”. Eran muchos los detenidos encapuchados ese día y ubicados en una carpa anexa al batallón, porque ya no entraban en las instalaciones, afirmó Salazar.

“El soldado me dijo ‘le levanté la capucha y no podía creer lo que veía, tenía toda la cara destrozada y ensangrentada’. Mandaron a llamar a un médico y vino un enfermero a retirarlo. Esa es la última versión que tenemos de alguien que lo vio vivo”, contó.

A Eduardo Mondello se lo llevaron de su casa a las 3 de la mañana del 6 de marzo de 1976 y lo mataron tres días después en el mismo batallón. Mondello tenía 30 años, era fotógrafo y militante del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN). Desde 1972 lo habían apresado y torturado en varias oportunidades; como consecuencia de las torturas había perdido la movilidad de un brazo. El cuerpo del militante fue entregado a la familia con la orden de no abrir el cajón. La familia hizo el velorio en su casa y decidió ver el cuerpo mutilado. Afuera los camiones militares custodiaban el recinto.

“En la causa de Mondello están dados todos los elementos, porque el cuerpo se entregó y hay una autopsia. Enseguida que murió lo vio el doctor José Luis Braga (médico militar del batallón), que no constató todas las heridas que tenía. Sí lo hizo Moisés Salgado, que en ese momento era médico forense en Maldonado y quedaron constatadas en un acta todas las torturas que le habían hecho”, afirmó Salazar. Salgado señaló que durante la autopsia soportó la vigilancia de los soldados armados. Un soldado raso también atestiguó que el día de la muerte de Mondello escuchó los gritos y que un alférez salió de una sala gritando: “lo maté, se me fue la mano”.

Los hermanos argentinos Lila y Claudio Epelbaum fueron secuestrados en Punta del Este el 4 de noviembre del mismo año. Lila fue encontrada en 2014 pero Claudio sigue desaparecido. Salazar indicó que el caso de estos hermanos es uno de los tantos ejemplos que evidencian las operaciones en el marco del Plan Cóndor.

“La estrategia de los represores ha sido presentar recursos de inconstitucionalidad ante todo lo que pueden y cada vez que hay un acto procesal. ¿Y qué se consigue con eso? Que se vayan muriendo los responsables”, como sucedió con el caso de Gelós, en el que no hay procesados porque están muertos, evaluó Salazar.

La causa de Gelós fue la primera en entrar a la vía judicial, en 1987, con las declaraciones de ex presos políticos, luego de que en 1985 se formara la Comisión Departamental de Derechos Humanos. Pero el Ministerio de Defensa comenzó una contienda de competencia alegando que le correspondía esa tarea, aunque el juez dictaminó que se trataba de una competencia civil. Con la Ley de Caducidad, el ex presidente Julio María Sanguinetti dispuso que fuera un militar quien definiera si era una competencia militar o civil. “Por supuesto dijo que estaban amparados por la Ley de Caducidad. Finalmente se archivó la causa y se logró desarchivar muchísimos años después”, rememoró Salazar.

“No podemos olvidarnos de que los militares que torturaron -que fueron capaces de sacar a una mujer de un calabozo a las 4 de la mañana, llevarla y violarla entre todos-, fueron gente que estudiaron en la escuela pública uruguaya. Todos los jerarcas y civiles que participaron son gente que vive y vivió en esta sociedad y que se presentan como buenos señores. No son ningunos monstruos, es gente común y corriente que fue capaz de hacer eso. Una sociedad para poder recomponerse tiene que reconocer lo que pasó”, sentenció.