La discusión sobre la regularización o el realojo del barrio Kennedy no es nueva en la agenda política de Maldonado. Han pasado los gobiernos, incluidos los dos períodos frenteamplistas, y el tema no se ha resuelto. Sin embargo, hoy parecerían estar dadas las condiciones para el realojo, mediante mayorías especiales del Partido Nacional (PN) y el instrumento de un fideicomiso, por 35 millones de dólares.

Desde nuestra perspectiva, las complejidades del barrio -en gran medida por su anclaje territorial, en una zona en disputa por los grandes intereses inmobiliarios-, la debilidad de las políticas públicas de vivienda del gobierno nacional y la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos del gobierno departamental implican algunas consideraciones.

En primer lugar, hay que señalar el alarmante achique de recursos que estableció el gobierno nacional para soluciones de vivienda. Esta disminución de recursos y de política nacional afecta directamente a un departamento como Maldonado, cuyo déficit habitacional es problemático. No es nueva ni sorprendente esta forma de gobernar del PN: así lo hizo antes y así lo hace ahora.

Otros ejemplos, también en materia de acceso a la vivienda, son los recortes en el programa de garantía para alquileres de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y la posibilidad de desalojo express habilitada por el artículo N°430 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), uno de los 135 que se someterán a votación en el referéndum del 27 de marzo. Sin lugar a dudas, a contrapelo de lo que deberían ser las acciones de un buen gobierno, las del gobierno del PN perjudican directamente a la población más vulnerable.

En segundo lugar, aún reconociendo que el gobierno departamental -frente a la falta de política nacional- debe asumir responsabilidades que exceden a sus competencias, hay que señalar que la administración de Enrique Antía representa falta de garantías en la gestión de los recursos públicos,

Esto constituye, desde nuestro punto de vista, una cuestión importante para tener en cuenta durante la discusión de un fideicomiso como el propuesto. En materia de recursos para vivienda, la administración Antía ha sido un retroceso con respecto a las administraciones frenteamplistas departamentales.

La exoneración del retorno por mayor valor a importantes edificios, beneficiarias muchas de ellas de importantes excepciones, ha significado una pérdida importante de ingresos para la inversión pública en vivienda.

La política de la excepción como principal estímulo para la construcción y la renuncia a recursos para la inversión en viviendas sociales indica, desde nuestra perspectiva, la mirada mercantilista y defensora de los grandes intereses inmobiliarios del PN. Entendemos que esa perspectiva atenta contra la consolidación de la identidad comunitaria y sin lugar a dudas, es la que lleva adelante la administración Antía en el proceso de relocalización del barrio Kennedy. En ese sentido, pese a que la mayoría del barrio estaría dispuesta a irse, el gobierno departamental ha desplegado diversas estrategias de presión sobre esta población vulnerable.

Por ejemplo, la quita de servicios como el transporte público -responsabilidad directa de la Intendencia Departamental- que genera dificultades para el acceso a las cuestiones más básicas para la dignidad humana, como la educación o la salud. Señalamos además que es necesario un trabajo social en el barrio durante todo el proceso, algo que no se está haciendo. No se puede manejar a la gente como si fueran cosas.

En tercer lugar, nos interesa señalar nuestra postura histórica con respecto al barrio Kennedy. Quienes formamos parte del Espacio 1946 siempre entendimos que el barrio debía regularizarse en el lugar. Esa tierra cuenta con las condiciones necesarias para una solución de ese tipo, cuenta con macro infraestructura básica (conectividad vial, agua, saneamiento, pluviales, y es por eso que su valor se estima en un piso de 10 millones de dólares. Parecería ser un buen negocio para los especuladores inmobiliarios.

Para nosotros el Kennedy no es un asentamiento, es un barrio con más de cincuenta años de historia. Es parte de la identidad departamental, por la propia historia de su formación, porque es el barrio más antiguo de Punta del Este y además, porque hay varios ejemplos de vecinas y vecinos del barrio que han promovido acciones comunitarias asociadas a la cultura, al deporte y a otras iniciativas sociales. Todo esto habla del valor de su gente.

Por último, en cuarto lugar queremos transmitir nuestra posición con respecto al fideicomiso propuesto. Todas las iniciativas que generen viviendas de calidad para la población contarán con nuestro apoyo. Siempre y cuando se garantice la calidad habitacional adecuada en un entorno barrial adecuado. Lamentamos que el gobierno nacional no se ocupe y por eso entendemos que lo haga el gobierno departamental.

Tenemos en cuenta que este esfuerzo que hoy se aprobaría está afectando desde ya a los próximos períodos de gobierno, lo cual condiciona su potencial capacidad de gestión. Esto, sumado a que la administración Antía no genera las garantías necesarias para el manejo de los recursos públicos -basta ver el alto nivel de endeudamiento que ha a generado la administración- entendemos que la decisión sobre el fin de la tierra, luego de concluída la relocalización, debe ser tomada por el próximo período de gobierno. Como garantía, pero también con perspectiva de política de Estado.

Susana Hernández y Jorge Pieri son ediles departamentales de Maldonado por el Espacio 1946 (Frente Amplio)