Enrique Antía apuntó, este martes, contra particulares de Punta Colorada que recurrieron a la Justicia por vía penal y civil para impedir que la Intendencia de Maldonado (IDM) derribe el lugar donde viven. Por un lado, los abogados denunciaron al jefe comunal por abuso de funciones; por otro, plantearon un recurso de amparo para evitar la demolición fijada para el miércoles 15 en la mañana.

A raíz de esa acción, este lunes 13 el juez letrado de quinto turno de Maldonado, Federico Rodríguez, ordenó suspender la demolición y citó a las autoridades de la IDM a una audiencia en la Fiscalía, según la sentencia a la que accedió la diaria. No obstante, el jefe comunal sostuvo que “la resolución, hasta el momento, no se encuentra suspendida”.

En su opinión, los promotores de las acciones judiciales –una familia compuesta por cuatro adultos mayores de entre 80 y 87 años– buscan “ganar tiempo” para seguir “usufructuando un espacio público”. Luego negó haber incurrido en abuso de funciones porque “se trata de un litigio que la IDM ganó con varias sentencias judiciales que dicen que esa tierra es pública”. También sostuvo que “la IDM tiene autorización para demoler” y que su plan es relocalizar allí a la organización SOS Rescate Fauna Marina e instalar una escuela de remo y kayak “para niños de bajos recursos”.

Un comunicado oficial complementó las declaraciones del intendente, ofrecidas en una rueda de prensa. La IDM enfatizó que el desalojo quedó resuelto en agosto de 2021 y que los particulares “propusieron llegar a una transacción con la IDM para desocupar el bien, dando permanentemente largas al asunto”. “El área jurídica de la IDM entiende que se ha hecho un abuso de las vías procesales y se ha utilizado un inmueble en forma abusiva para provecho privado, siendo un espacio público, sacando un rédito económico, personal e ilegítimo”, complementó un comunicado oficial.

En esa zona ya se procedió a la demolición de las boteras que existían en el mismo padrón y “configuraban una contaminación ambiental a la costa de gran magnitud”. “Vale resaltar que en 2021 iniciaron una acción de amparo contra esta misma demolición donde la Justicia no les dio la razón y volvió expedirse sobre la propiedad pública del inmueble”, concluyó el parte de Comunicaciones.