Tras un debate centrado en la falta de datos oficiales sobre la renuncia fiscal de la Intendencia de Maldonado (IDM) en beneficio del “gran capital”, el Frente Amplio (FA) se sumó al Partido Nacional (PN) y al Partico Colorado al votar una prórroga para el Decreto 4053/2022, que vencía el 31 de diciembre. La normativa, que apunta a promover y facilitar las construcciones en el departamento, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.

El decreto concede beneficios fiscales a las personas físicas o jurídicas que gestionen un permiso de construcción o de urbanización, e inicien en forma regular las obras o la ampliación de una edificación existente. Entre otros puntos, establece facilidades de pago de adeudos por concepto de retorno por mayor valor (RPMV) inmobiliario y exoneraciones de tasas vinculadas con el fraccionamiento de inmuebles.

También otorga beneficios para incentivar la edificación de vivienda permanente. En este caso, abarca los proyectos de vivienda multifamiliar, “en bloque o en conjuntos de viviendas individuales o apareadas con destino vivienda permanente, incluyendo bloques bajos y medios”, a ser construidas en regiones específicas de Maldonado, Punta del Este, San Carlos, Piriápolis y Aiguá.

En la previa de la votación, el debate se centró en las utilidades del RPMV (creado por el FA para los grandes desarrollistas que obtienen excepciones a la normativa) y en la ausencia de datos oficiales sobre cuánto ha resignado la administración desde que Enrique Antía resolvió exonerar el pago en forma total o parcial.

La bancada opositora consideró que el RPMV inmobiliario podía generar los fondos para la construcción de viviendas sociales y evitar que la IDM contrajera “deudas mediante fideicomisos” para obras. El oficialismo, en cambio, defendió que el RPMV, con el que estuvo de acuerdo “en otro momento económico del departamento”, terminó convirtiéndose en un obstáculo para la captación de inversiones.

En ese contexto, los ediles frenteamplistas Fermín de los Santos, Joaquín Garlo y Marie Claire Millán fustigaron a la administración por no responder a los pedidos de informes que realizaron durante el último año y medio. Lamentaron, en particular, que la directora general de Urbanismo de la IDM, Soledad Laguarda, “se negó en tres oportunidades” a comparecer ante las comisiones que requerían información sobre estos temas.

En el otro extremo, los ediles Alexandro Infante y Adolfo Varela defendieron la exoneración del RPMV como “un estímulo al capital” y consideraron que los datos reclamados por el FA no eran “relevantes” para definir el tratamiento del expediente en cuestión. “Sólo se trata de extender el plazo por una necesidad de inversores y de vecinos del departamento que lo están necesitando”, sentenció Infante.