“Por situaciones como esta es que propusimos la conformación de una comisión de seguimiento del proceso de relocalización del barrio Kennedy, que fue aprobada. Esa comisión lamentablemente NUNCA se conformó”, escribió el edil frenteamplista Joaquín Garlo en su cuenta de X, al compartir un artículo de la diaria sobre la situación de inseguridad e insalubridad que afecta a los habitantes del Kennedy desde que comenzó el realojo, el 21 de enero.
En diálogo con este medio, este martes recordó que esa comisión se creó cuando la Intendencia de Maldonado (IDM) pidió anuencia al legislativo para enajenar predios con destino al nuevo barrio, en abril de 2022. Debió integrarse con representantes de la IDM, de los tres partidos políticos con representación en la Junta Departamental y de los vecinos.
“Eso no ocurrió en todos estos años, pese a que el Frente Amplio, a través de varios ediles, se lo pidió insistentemente al oficialismo”, dijo. “Lo seguimos planteando hoy, no por criticar a la IDM, sino porque entendemos que es una herramienta para atender problemas de convivencia, de seguridad, de higiene, entre otros, y contribuir a evitar situaciones como las que se están registrando”, agregó.
El edil dijo que “nadie sabía que el realojo se había detenido”, ni de los reclamos de los vecinos por la falta de seguridad y los problemas que se dieron desde que comenzó el traslado de las primeras familias a otro barrio. Tras enterarse por este medio, se comunicó telefónicamente con el director general de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud, Alejandro Lussich.
La conclusión de la conversación es que “no hay ningún plan para los que quedan esperando la mudanza”. “Desconocemos totalmente el rol de la fundación y el protocolo que, se aduce, están aplicando. No sabemos cuáles son las formas de trabajo que desarrollan, ni recibimos información oficial sobre el proceso”.
Garlo entiende que esa falta de información es “preocupante” porque impide al FA y a sus ediles dar respuestas a la comunidad. “En el FA nos sentimos responsables de lo que ocurre porque apoyamos el proyecto en el entendido de que era una política de Estado positiva y buena”, lamentó.
Si bien considera que los procesos de realojo siempre presentan complejidades sociales, remarcó que “es responsabilidad del Estado atender las consecuencias”. “Propusimos la comisión para prevenir situaciones y evitarlas. Y vamos a insistir en su integración, ahora incluyendo, tal vez, a la fundación que trabaja con el realojo”, dijo.
Ese era uno de los temas que trabajaba la bancada frenteamplista al caer la tarde de este martes, antes del comienzo de la sesión plenaria.