Los cuatro presidenciables de la coalición de gobierno respondieron consultas del colectivo de gremiales turísticas durante el evento “Maldonado los escucha”. Unas 800 personas colmaron, este lunes, la sala elegida en el hotel Enjoy de Punta del Este –incluidos varios jerarcas de la administración central–, para escuchar los planes de los candidatos Álvaro Delgado, Guido Manini Ríos, Andrés Ojeda y Pablo Mieres.

“¿Cómo piensan mejorar las excesivas regulaciones del Estado sobre el sector empresarial?” fue la primera pregunta planteada. En sus respuestas, los candidatos coincidieron en que la reforma estatal, aprobada por la Rendición de Cuentas en 2023, es la principal vía para reducir “el peso del Estado sobre las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

“Hay que entrarle, de una vez por todas, a la reforma del Estado que se anuncia y nunca se termina de implementar”, dijo, a su turno, el cabildante Manini Ríos. Entonces recordó que su partido le presentó “propuestas claras” al presidente Luis Lacalle Pou para “alivianar la carga a empresas”.

“Siempre será más barato que haya empleo en el sector privado y no tener que asistir a los desempleados”, señaló el candidato, quien luego abogó por “dejar la mezquindad partidaria de lado” y alcanzar un acuerdo “entre todos, incluida la central sindical”.

Para el candidato del Partido Independiente es “imprescindible hacer un nuevo esfuerzo de desburocratización del Estado”. En ese sentido, Mieres insistió en crear una “comisión de desburocratización” que elimine los requisitos que se superponen para las empresas y una comisión de promoción de inversiones que “funcione a otro ritmo”.

A su juicio, “es grave” que algunas solicitudes empresariales estén “meses y meses a estudio”, por lo cual enfatizó en la necesidad de “hacer de una vez por todas una profunda transformación del Estado, que en este período se ha hecho de forma incipiente”.

El nacionalista Álvaro Delgado reconoció que “la demora burocrática frena la inversión”, y señaló que “plantea mecanismos de aprobación tácita” de ciertos trámites, que queden sujetos a controles posteriores, similares a los nuevos criterios de funcionamiento aprobados a partir de 2022 para la Comisión de Aplicación de la ley de inversiones. También habló de la “trazabilidad” de los recursos fiscales para “dar la certeza a la población” de qué hace el gobierno con sus impuestos y en qué los invierte.

Para el colorado Ojeda, Uruguay “no termina de dar un paso al futuro” en su reforma estatal. Señaló que si el instituto Ceres pudo hacer un mapeo de “las oficinas ‘trancadoras’ de trámites”, el Estado también puede hacerlo y tomar medidas para evitar la burocracia y la pérdida de inversiones por esa causa.

Devolución de IVA, atraso cambiario y conectividad aérea

Los empresarios también preguntaron a los candidatos si consideran instrumentar de forma permanente el reintegro del IVA en los servicios gastronómicos, qué estrategias manejan como forma de asegurar y mejorar la conectividad aérea con Punta del Este y cómo piensan afrontar el atraso cambiario que resta competitividad al balneario frente a otros destinos turísticos.

Mieres abrió la ronda de respuestas, manifestándose a favor de “un esquema de devolución de IVA de los servicios gastronómicos permanente y no zafral”. A su juicio, esto implicará una “renuncia fiscal” que se compensará con “una mejora de la actividad y el empleo”.

Como los otros presidenciables, consideró que la conectividad “es un problema” atado al tamaño del mercado uruguayo. “Se ha avanzado bastante en este tiempo, pero seguimos teniendo un problema y creo que hay que considerarlo de manera integral” en sus diferentes modalidades, opinó. Con respecto al atraso cambiario, manifestó la necesidad de “reducir en serio el déficit fiscal” como vía para abaratar el destino turístico.

Delgado habló de “deszafralizar” al sector turístico y generar un “mecanismo permanente de política de Estado”, aunque reivindicó las medidas económicas adoptadas por el gobierno para ayudar a los establecimientos afectados por la pandemia.

También destacó los avances del gobierno en materia de conectividad. A modo de ejemplo, mencionó “que en el primer trimestre de 2024 hubo un récord de personas ingresadas por el aeropuerto Carrasco: 570.000” y que ese es un dato “alentador”. Con relación al atraso cambiario, dijo que la cuestión de fondo es “bajar el déficit y bajar el costo del Estado”, causas con las que se manifestó “comprometido”.

Manini Ríos: “Empecemos a recuperar la aerolínea nacional”

A juicio de Manini Ríos, “la gran receta” para controlar la inflación no es “mantener el dólar planchado” sino “bajar y achicar el costo del Estado”. Asimismo, se mostró a favor de quitarles el IVA a los servicios gastronómicos, y también a otros rubros “vinculados al turismo y al sector exportador” como forma de “compensarles lo que la política del Estado viene haciendo mal desde hace tanto tiempo” y evitar que sigan desapareciendo las industrias nacionales.

En cuanto a la conectividad, lamentó la baja masa de pasajeros que hacen a Uruguay un destino poco atractivo para las aerolíneas. “Hemos perdido la aerolínea de bandera nacional fruto de malas administraciones, de una desastrosa liquidación que todos recordamos. Es hora de comenzar el camino de recuperar esa aerolínea de bandera nacional”, arengó.

Por su parte, Ojeda consideró que la devolución del IVA de forma definitiva podría tratarse en este gobierno y no el próximo. “Aún no terminó, tiene tiempo. Yo soy bastante enemigo de que la campaña electoral mate al gobierno, que tiene gente en el Parlamento y en los ministerios, capaces de materializar la devolución del IVA definitiva antes del fin del período”, dijo. No aventuró respuestas en cuanto a fórmulas para reducir la brecha cambiaria.

Delgado abogó por “un Estado transparente que dé toda la información disponible”

El clúster empresarial también consultó a los candidatos sobre las estrategias y “acciones concretas” que están considerando “para mejorar la administración de los fondos públicos” y, específicamente, si se podría implementar “herramientas de gestión como evaluaciones de desempeño y productividad en organismos públicos”.

En este punto, Delgado opinó que “el Estado es muy complaciente consigo mismo” y que “no está bueno que se evalúe a sí mismo”. En su opinión, “está bueno que la gente evalúe el servicio estatal y, sobre eso, tener una dinámica positiva de oportunidad”. También habló de algunas iniciativas que el gobierno empezó a desarrollar, “quizás, tibiamente”, en torno a la reforma del Estado.

“No hablo de un Estado ni más grande ni más chico, sino de uno más ágil y que esté al servicio del ciudadano que paga los impuestos”, dijo, para abogar nuevamente por la “trazabilidad” de los ingresos por concepto de impuestos. “Es importante un estado transparente, donde toda la información esté disponible, donde la gente sepa en qué se gasta y sobre todo cómo se gasta y cómo cuidamos la plata acá”, comentó.

Manini Ríos, en cambio, apuntó que el mal uso de los fondos públicos, “como lo vemos desde hace mucho tiempo”, genera “malestar en la sociedad y descrédito del sistema político”, por lo cual apuesta a la realización de auditorías en el Estado.

“Yo creo que no alcanza con decir que tiene que haber una autoevaluación del Estado, e incluso no alcanza con la evaluación de los ciudadanos de la gestión del Estado; hay que impulsarlas, pero terminan siendo controles muy laxos”, dijo, para recordar el proyecto de ley de auditorías obligatorias y cruzadas entre las reparticiones estatales, que propuso su partido.

Ojeda planteó la necesidad de un estado “más chico, eficiente y eficaz”, más allá de la disponibilidad de recursos. “Tengo claro que con lo que hay se podría hacer [una gestión] mucho mejor” y se comprometió a trabajar por eso.

Para Mieres, “falta voluntad política y existen resistencias desde el propio funcionamiento del Estado” para controlar la gestión y que la evaluación de desempeño “tenga consecuencias”. También dijo que la Junta de Transparencia y Ética Pública no puede ser un mejor archivador de declaraciones juradas: debe “convertirse en un instrumento con más poder de control sobre los que ejercemos cargo público”.