Los ediles oficialistas de las comisiones de Presupuesto y Obras de la Junta Departamental de Maldonado firmaron a favor de conceder excepciones a la normativa para el desarrollo inmobiliario Reserva del Mar, que promueve el empresario Sergio Groskoppf en la zona del arroyo El Potrero, entre Chihuahua y Ocean Park.
Las comisiones fueron citadas de forma “urgente” el miércoles 11, y en pocos minutos los blancos avalaron la construcción del barrio privado que diseñó el Estudio Gómez Platero para unas 4.000 personas. La intención de los oficialistas es hacer pesar su mayoría en el plenario del martes 17 y votar el expediente con excepciones, tal como lo presentó el intendente Enrique Antía.
Desde la oposición frenteamplista, el edil Joaquín Garlo cuestionó esa decisión, ya que todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto habían resuelto citar a autoridades del Ministerio de Ambiente (MA) y de la Intendencia de Maldonado (IDM) para despejar dudas sobre el proyecto antes de pasarlo al plenario.
Además, lamentó que los integrantes de la Comisión de Obras ni siquiera llegaron a tomar contacto con el expediente. “Se firmó a tapa cerrada, sin discusión ni argumentos. Lo que se transmitió de manera informal es que había orden del intendente de que tuviera un tratamiento urgente”, dijo Garlo a la diaria.
En su opinión, el oficialismo tiene “apuro por aprobar varios expedientes”, por lo que se espera que otros casos ingresen al legislativo en las próximas semanas. “Esto se vincula con la campaña electoral y el posible receso de la Junta Departamental en las semanas previas a las elecciones”, evaluó el edil.
Garlo: “No están dadas las condiciones para aprobar el proyecto”
Garlo, quien sigue el caso de Reserva de Mar desde el verano pasado, cuando los vecinos de Ocean Park advirtieron movimientos no autorizados junto al arroyo El Potrero], consideró que “no están las condiciones” para que las comisiones aprobaran el expediente del fraccionamiento.
A principios de este mes, la comparecencia de los gestionantes (quienes confirmaron que el multimillonario Alexandre Grendene se bajó del proyecto al venderle sus tierras a Grosskopf y otros accionistas) “dejó más dudas que certezas” entre ediles de todos los partidos. Además, “había un montón de consultas” para realizar a quienes comparecieran por el MA y la IDM, como se había acordado.
Buena parte de las dudas se centran en los planes del Fideicomiso Reserva del Mar de realizar obras conjuntas con UTE y OSE. Tampoco quedó clara la situación jurídica del arroyo El Potrero en cuanto a su navegabilidad.
“Si hay una resolución gubernamental de que el arroyo no es navegable, ¿por qué promueven la venta del proyecto con muelles y embarcaciones? Si, en cambio, entienden que el arroyo es navegable -más allá de la declaración administrativa-, los promotores deberían ceder la ribera al dominio público”, remarcó.
Para Garlo, si el expediente se aprueba en el plenario del martes en los actuales términos, será una muestra más de la “desprolijidad del Partido Nacional en Maldonado; una perla más del largo collar de atropellos ambientales y territoriales a los que nos tiene acostumbrados Antía y su partido”, sentenció.
Dudas sobre la participación de organismos públicos
Reserva de Mar propone construir 972 unidades habitacionales, parte en un complejo edilicio de 12 bloques que exceden las disposiciones de la normativa de construcciones y ordenamiento territorial; también un tramo de los cercos perimetrales proyectados excede la altura permitida.
El proyecto se implantaría en cuatro padrones -ubicados entre la Ruta Interbalnearia (a la altura del aeropuerto de Laguna del Sauce) y la costa- que suman 145.5 hectáreas. Como informó la diaria, los empresarios prevén que los servicios de energía eléctrica y de saneamiento sean construidos de forma mixta con UTE y OSE, bajo el argumento de que servirán para el resto de esa zona.
También se espera que el MTOP haga intervenciones en los accesos de la ruta interbalnearia entre el aeropuerto y el barrio privado, que incluiría la construcción de dos túneles subterráneos. Ninguno de los organismos públicos implicados llegó a aclarar a los ediles cuál será su participación en todo esto.