La abogada Adriana Graziuso, quien fue directora general de Asuntos Legales durante las gestiones del exintendente Enrique Antía tras renunciar como jueza penal, tiene a su cargo el Departamento de Convivencia Ciudadana creado por el actual intendente de Maldonado, Miguel Abella.
Su principal cometido será trabajar en materia de seguridad pública, según dijo al explicar los alcances del presupuesto 2026-2030 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Junta Departamental, a principios de este mes.
De acuerdo con la versión taquigráfica de la sesión, la jerarca señaló que “la seguridad departamental está muy bien”, aunque “es uno de los problemas que la gente, en su cabeza, se hace de Maldonado”. Reconoció que la IDM carece de potestades represivas, pero sí puede intervenir en estrategias de prevención del delito y oficiar como “articulador” con ministerios y “fuerzas vivas”.
Graziuso entiende que “la tarea de prevención es continua, eterna” y destacó que la IDM va a trabajar en eso, alineada con el Plan Nacional de Seguridad Pública. “Tratamos de estar en todas las reuniones a nivel nacional o departamental para tener los insumos correspondientes para la realidad que estamos viviendo”, dijo.
Un plan asociado al Ministerio del Interior
El plan estratégico del intendente es iniciar el “abordaje social” en los barrios apenas entre en vigencia el presupuesto 2026-2030, en enero próximo. Según la jerarca, se prevé desplegar un equipo de asistentes sociales “a fin de recabar información y pensar soluciones” para que “determinadas personas no tengan que vivir del delito, que no naturalicen el delito como forma de vida o como forma de interacción social”.
Sostuvo que estos objetivos son contestes con el Plan Nacional de Seguridad Pública, en cuyas reuniones ha participado el Departamento de Convivencia Ciudadana como invitado. Graziuso agregó que las acciones también serán articuladas a través de las mesas de convivencia y de seguridad barrial, y “especialmente” con la Policía Comunitaria.
Destacó que “el Ministerio del Interior quiere instalarse en Maldonado con más fuerza con la Policía Comunitaria” y que “quiere que Maldonado sea uno de los ejemplos a nivel país con esa policía” que tiene formación social. En su opinión, este objetivo “podrá ir de la mano” con los objetivos del gobierno departamental.
Adelantó que la Policía Comunitaria “estaría en todos los barrios y aterrizaría en Maldonado con más personal”. A esto sumó “el vínculo” de la IDM con la Jefatura de Policía y la intención de “profundizar otros vínculos” cuando queden operativas las oficinas de Convivencia Ciudadana proyectadas en el Paseo San Fernando, que serán aptas para hacer reuniones.
Videovigilancia: “muchos pedidos” y futuro incierto
El Departamento de Convivencia Ciudadana también centraliza los pedidos de cámaras de videovigilancia que reciben diferentes reparticiones de la IDM y las solicitudes que se planteen a través de las mesas barriales de seguridad, informó Graziuso. “Están llegando muchos pedidos” que se acumulan en carpetas para “el momento en que haya que decidir poner la voz de los vecinos también”, agregó.
Por otra parte, señaló que Convivencia Ciudadana puede “hacer sugerencias” al Ejecutivo departamental en función de los planteos que reciba, aunque la “decisión técnica corresponde al área de Tecnologías de la Información” de la comuna. En este punto, el edil blanco Guillermo Ipharraguerre manifestó su preocupación por el futuro del sistema de videovigilancia, que cuenta con 1.500 cámaras y 100 funcionarios.
Recordó que la tasa de seguridad, que hasta ahora pagó la población para financiar la operativa del Centro de Comando Unificado (CCU) y el mantenimiento de las cámaras, quedará derogada el 31 de diciembre en el marco de un ajuste de las normas tributarias.
La medida estaba asociada a conversaciones entre el exintendente Antía y el actual jefe comunal Abella para la transferencia total del CCU al Ministerio del Interior, que fue anunciada por la IDM para este mismo año. Sin embargo, el plan aún no cuajó y no está claro qué organismo se hará cargo de los costos que hasta fin de año cubrirá la IDM.
“Tengo la impresión personal de que esto lo vamos a tener que seguir haciendo nosotros, porque no veo reflejo, músculo ni recursos del otro lado para hacerlo en tres meses. No podemos arriesgar todo por una inacción que no depende de nosotros”, comentó Ipharraguerre.
Graziuso se limitó a señalar que fue “testigo de los planteos” de Antía al ministro del Interior, Carlos Negro, y también de que el intendente Abella y el secretario de Estado “quedaron en conversarlo”. Agregó que “el deseo” de Abella es transferir el CCU para que el ministerio “tenga totalmente propiedad sobre todo eso ‒porque ahora está cedido el uso‒ y que se haga cargo de los gastos”.
Ante la insistencia del edil sobre el incierto futuro del sistema y el “riesgo de perder lo logrado”, la jerarca sólo afirmó que ella estará en las próximas conversaciones del intendente con el ministro.
Un presupuesto básico hasta mediados de 2026
En el Departamento de Convivencia Ciudadana quedaron la dirección de Género y Diversidades, la dirección de Registro del Estado Civil y la Unidad de Derechos Humanos –antes funcionaban en Asuntos Legales–, bajo la supervisión de la subdirectora general Florencia Acosta.
Actualmente, el departamento cuenta con 28 funcionarios, la mayoría concentrados en Registro Civil. Sólo hay uno en Derechos Humanos –la encargada de la unidad, Graciela Ruiz– y cinco en Género, donde está pendiente la designación de un cargo de dirección.
Por el momento, el departamento funciona con el presupuesto de la pasada administración. Se prevé sumar funcionarios cuando entre en vigencia el presupuesto 2026-2030, aunque la “clave” para la gestión será el ajuste presupuestal previsto para mediados del año próximo.
La subdirectora general del Hacienda, Stephanie Braga, explicó que el nuevo presupuesto se determinó en función “de los centros de costos que tuvieron las distintas direcciones que hoy integran el departamento” y que se reforzó el gasto de funcionamiento (rubro 0) y las inversiones que, “mayoritariamente, están en Tecnologías de la Información”.
Buena parte de los fondos han sido asignados para el pago de los servicios de consultoría jurídica gratuita a cargo de la Universidad de la República y el Claeh, y el asesoramiento y contención de víctimas de violencia doméstica que desarrolla Zonta.