Una modificación de la ordenanza que regula la operación de las empresas de redes de transporte (ERT) en Maldonado fue aprobada en la madrugada de este miércoles 22 por la Junta Departamental, tras un atípico debate en el plenario. Mientras que el Frente Amplio (FA) y el Partido Colorado (PC) acompañaron la iniciativa del intendente blanco Miguel Abella (Todos por Maldonado), el sector del senador herrerista Rodrigo Blás (Unión y Cambio) batalló como opositor interno durante tres horas y sólo votó algunos artículos.

Para fundamentar los cambios, el Ejecutivo argumentó que el “vertiginoso” avance tecnológico propició “la expansión y diversificación de las plataformas de transporte” e incrementó su demanda y uso por parte de la ciudadanía, por lo que se necesitaba “contemplar las realidades” y mejorar la fiscalización. Se estima que en Maldonado operan 500 conductores, de los cuales más de 300 lo hacen de manera irregular, al tiempo que Uber –la primera ERT en llegar al departamento, hace nueve años– concentra el 90% de los servicios.

Bajo la mirada de numerosos trabajadores apostados en las barras, los blancos alineados con Abella, el FA y el PC aprobaron las modificaciones entendiendo que ofrecen “más garantías” para conductores, usuarios del sistema, empresas y gobierno departamental. El sector de Blás, sin embargo, rechazó la propuesta “en general” porque “no brinda más herramientas de control en sí mismo”, “genera más discrecionalidades para la Intendencia de Maldonado [IDM]” y “quita libertades”.

Unión y Cambio pidió un plazo de 72 horas para “mejorar la redacción del proyecto y solucionar problemas que vendrán a futuro”, tras advertir que varias modificaciones son “un disparate jurídico” que “atenta contra la libertad de la empresa y que excede las funciones de la IDM”. Pero los demás no dieron cabida al planteo. Recordaron que el expediente estuvo desde junio pasado a consideración de las diferentes comisiones del Legislativo y que urge que la nueva normativa entre en vigencia antes de la temporada de verano, como reclamaban los trabajadores, acuciados por la competencia desleal.

Servicio 24 horas, control satelital y protección de datos

Una de las modificaciones aprobadas por unanimidad obliga a las ERT a prestar el servicio las 24 horas del día, durante todo el año. También adiciona el seguimiento satelital de los vehículos y garantiza la protección de datos; esta medida se vincula con la creación del Fondo de Movilidad Departamental, compuesto por la tasa de 0,014% UR por kilómetro recorrido, que la IDM cobra a las empresas.

En adelante, las ERT deberán presentar una declaración jurada mensual y aportar elementos tecnológicos para registrar los recorridos, además de pagar en fecha. Si la mora llega a los tres meses, el permiso caerá hasta pasado un año de haber cancelado la deuda.

La IDM utilizará los “mecanismos de interoperatividad”, es decir, los elementos tecnológicos que proporcionen las ERT para determinar el monto de tasa de movilidad en función de los kilómetros efectivamente recorridos. Según trascendió en las comisiones, desde 2019 a la fecha sólo Uber pagó 500.000 dólares por este concepto.

Obleas digitales serán gestionadas por los conductores

Otra modificación quita a las ERT la potestad de tramitar las denominadas “obleas digitales”, como se le llama al permiso otorgado por la IDM, que lleva un código QR para que el usuario asocie la información de la plataforma con la de quien pasa a buscarlo más un código que identifica al vehículo.

En adelante, serán los conductores quienes solicitarán la oblea para luego ser habilitados por la empresa y, además, podrán utilizarla para trabajar con dos o más plataformas al mismo tiempo. Con esto último se apunta a incrementar el servicio para quienes demandan plataformas minoritarias.

El edil nacionalista Adolfo Varela, quien redactó el decreto original con apoyo de estudiantes del Centro Universitario Regional Este (CURE) en 2016 y ahora asume la necesidad de corregirlo basado en la experiencia desde entonces, definió esta modificación como “la más justa de las votadas” y “fundamental para la evolución del servicio”.

“Termina con la idea original de que la empresa privada tenga la posición dominante sobre la oblea; le saca poder a la multinacional y se lo da a la persona física. Además, al permitir que el conductor de Maldonado adquiera su oblea y sea multiplataforma con ella, también le saca a la IDM la potestad de definir a qué empresa le daba servicio” mediante ese mecanismo, argumentó.

Unión y Cambio no lo votó. Los ediles Pablo Chalar y Miguel Muto llevaron la voz cantante en el sector y sostuvieron que era “más conveniente” que la habilitación fuera gestionada por las empresas. “Entendemos que el gobierno departamental debe interactuar con la empresa y no con las personas físicas”, dijo Chalar, aunque en el transcurso del debate quedó claro que el criterio del decreto original “no se estaba cumpliendo”. También cuestionaron que se elimine la potestad de la Junta Departamental para intervenir en la adjudicación de las obleas.

Tope de vehículos, cantidad de viajes y permisos por sorteo

El frenteamplista Pablo Cicero recordó que, según dijo el director del Departamento de Movilidad en una de las comisiones que estudiaban el proyecto, “el sistema actual es difícil de controlar y las plataformas habilitan vehículos que no están registrados en Maldonado”. En ese sentido, el edil valoró que el nuevo texto “dote al gobierno departamental de herramientas de control” y que, además, se mantenga el criterio de habilitar la misma cantidad de permisarios por plataformas que de taxistas.

La normativa exige que los vehículos estén empadronados en el departamento y tengan una antigüedad no mayor a cinco años, entre otros requisitos. También fija la fecha de inspección de los permisos otorgados, la cantidad máxima de vehículos por empresa y el sorteo de cupos entre quienes hayan presentado la documentación requerida.

Además, obliga a cada permisario a cumplir con un mínimo de “30 viajes trimestrales”. En caso contrario, se le puede revocar el permiso y las plataformas deberán inhabilitarlo. Si estas disposiciones no se cumplen, habrá sanciones económicas. Unión y Cambio rechazó el artículo, entre otras cosas, porque entiende que en las localidades más pequeñas los conductores tendrán dificultades para cumplir con el mínimo de viajes establecido.

De sanciones “discrecionales”

Por otra parte, la nueva normativa determina que las sanciones a los conductores se aplicarán según “antecedentes, importancia, gravedad y circunstancia de la infracción”. Los inspectores podrán observar, advertir o aplicar una multa de 5 a 30 UR, “a criterio de la IDM”. También se podrá suspender a la ERT por dos años, inhabilitarla definitivamente o sancionarla hasta por 350 UR.

Para Unión y Cambio, esta modificación “quita garantías en cuanto a la progresividad de las sanciones” a aplicar y genera “más discrecionalidad del Ejecutivo, que termina siendo la discrecionalidad del inspector que impone la sanción”.

En el otro extremo, Varela sostuvo que la medida “endurece el castigo” a las ERT y “flexibiliza la graduación de las multas”, en forma similar a las ordenanzas que rigen otros tipos de transporte. “Estamos dando herramientas a la IDM para controlar de forma efectiva a los conductores que dan servicio sin oblea”, afirmó.

Dos artículos para “endulzar” a los contrarios

Cuando ya se había aprobado el articulado modificativo, Unión y Cambio sorprendió al plenario con dos propuestas que resultaron votadas únicamente por el PN. Una establece que las ERT podrán cobrar sus servicios “por cualquiera de los medios de pago existentes”, algo que tácitamente ya se hacía en el departamento. Chalar indicó que esto estaba vigente desde que el decreto original cumplió 24 meses, pero era necesario “que estuviera a texto expreso”; también aclaró que “la forma de pago la define la aplicación”.

La otra propuesta del sector, que tampoco acompañaron el FA y el PC porque no fue comunicada previamente al resto de las bancadas, habilita a que los remises de transporte turístico den servicios a las plataformas “sin más trámite que el permiso concedido para su trabajo normal”. Para el resto de los blancos, que igualmente la votaron, es una medida redundante, dado que los servicios de taxi ya podían usar plataformas digitales.

El colorado Ignacio Garateguy opinó que la votación de ambas propuestas por parte del oficialismo operó como “un dulce” para conformar a un niño que hace berrinches por no obtener una cosa mayor. La ocurrencia fue festejada en la bancada de izquierda, donde los ediles fueron más explícitos al afirmar que se trató de un gesto de los blancos de Abella para “poner contento” al sector de Blás.