El presupuesto departamental de Maldonado, que regirá desde el 1º de enero de 2026 para el presente gobierno, quedó aprobado en general cerca de la medianoche del martes 7 con votos de la bancada del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado (PC) en la Junta Departamental. Según el oficialismo, esto permitirá “abordar de inmediato, con los nuevos créditos, las políticas públicas departamentales en materia de educación, salud, bienestar y cohesión social, actividad económica, género, seguridad y ambiente”, a cuenta de un ajuste presupuestal a presentarse en junio de 2026.
En su informe en mayoría, la bancada blanca argumentó que el presupuesto fue diseñado “bajo un enfoque realista, basado en ingresos efectivamente percibidos” y que “se priorizan los principios de equilibrio fiscal, sostenibilidad financiera, transparencia, eficiencia y equidad territorial”. Destacó, entre los ejes de gestión, el “control riguroso del gasto y equilibrio presupuestal”, una regla fiscal que “limita el endeudamiento y ajusta el gasto ante variaciones en los ingresos”, la centralización del planeamiento financiero y control presupuestal en un nuevo Departamento de Planeamiento y Presupuesto y la creación de un Departamento de Ingresos Públicos “para mejorar la recaudación y reducir la morosidad”.
Con respecto a los ingresos, se toma un aumento en la recaudación de patente de rodados del 4% y un crecimiento en los tributos inmobiliarios de un 2% anual con “un criterio conservador”. En cuanto a los recursos de origen nacional, Maldonado conserva el 7,92% sobre lo que se distribuye entre las intendencias del interior. En materia de egresos, está el compromiso de asumir los pagos de los diferentes fideicomisos -por 200 millones de dólares- y la línea de crédito coyuntural aprobada en agosto.
La inversión en servicios públicos representa un 39% del presupuesto, con lo cual el gobierno apunta a atender “las demandas derivadas del crecimiento poblacional, mejorar la infraestructura urbana y garantizar la calidad de vida de los ciudadanos”. Para la bancada oficialista, el enfoque de responsabilidad social implica “priorizar la inversión social sobre el gasto administrativo, garantizar servicios de calidad en todo el territorio y favorecer la equidad intergeneracional mediante una reducción sostenida de la deuda”.
En ese sentido, destacó que el 50% del gasto en servicios públicos se destina a gestión ambiental y obras para la comunidad y un 31% a programas con fines sociales. “El 24% de los programas de inversiones estarán dedicados a atender la inversión social”, enfatizó. Paralelamente, se destinarán “más de 220 millones de dólares” para obras públicas —pavimentos, luminarias, veredas, saneamiento y mejoras barriales—, priorizando los barrios y zonas más necesitadas. Por otra parte, se postula un “fuerte compromiso” con el manejo de la deuda, a cuya reducción se asignará “un 10% del gasto total, no conteniendo nuevas propuestas de endeudamiento ni aumento de impuestos”.
El nacionalista Gonzalo Soria, presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones, destacó el exhaustivo análisis del proyecto, que comenzó el 1° de setiembre, y que se desarrolló en “un marco de respeto, diálogo y hasta de buen humor”. Elogió el trabajo realizado junto a los ediles de la oposición y aseguró que en esto “no pusieron palos en la rueda”. También dijo que hubo 16 reuniones que derivaron en más de 700 páginas de versiones taquigráficas: se recibieron casi 120 invitados, algunos más de una vez, entre jerarcas, autoridades municipales y delegados de 22 organizaciones de la sociedad civil que fueron convocadas o solicitaron participar.
En cuanto a la sección que recoge el convenio colectivo acordado con Adeom para todo el quinquenio, se destacó que este representa el 35% del gasto total y que contiene “reivindicaciones históricas” fundadas en tres pilares: el aspecto salarial, la seguridad laboral, y la prevención del suicidio y adicciones. Con respecto a las normas tributarias, la bancada oficialista observó “una mejora en los beneficios” de la exoneración de contribución inmobiliaria urbana y suburbana, y la ampliación de beneficios para familias integradas por personas con discapacidad permanente. Además, a raíz del mensaje complementario se adicionó un capítulo con medidas de protección a las personas con discapacidad.
El documento también establece normas de contratación administrativa donde “se procura establecer un margen de preferencia en las licitaciones a empresas radicadas en el departamento”, y normas de desburocratización, estableciendo “el principio general del silencio positivo y el permiso de construcción autogestionado”, además de la digitalización de trámites para minimizar las gestiones presenciales y reducir los tiempos de respuesta.
En cuanto a las normas sobre gestión territorial, se prevé como requisito para la aprobación de fraccionamientos que impliquen apertura de calles, la obligación por parte del fraccionador de entregar dichas vías con cordón cuneta y pavimento con tratamiento bituminoso tipo riego asfáltico. También se habilitará expresamente la póliza de seguro de caución como instrumento válido de garantía para las obras de infraestructura que presenten deficiencias en la calidad o retrasos en su culminación.
Asimismo, se retoma la idea del fondo departamental de los humedales al que, según el oficialismo, se asignará un millón de dólares para promover diferentes actividades de conservación y gestión sostenible tales como “cursos, estudios e investigaciones y desarrollo de programas de educación ambiental”. Por último, el presupuesto otorga el rango de decreto departamental y carácter de declaratoria de interés departamental a la instrumentación de los presupuestos participativos en los Municipios, “dotándolos de apoyo técnico y de los recursos necesarios”, y refuerza el programa del Departamento de Movilidad.
Frente Amplio: un presupuesto “condicionado” por la deuda acumulada
El informe en mayoría se votó afirmativamente por 22 en 31 votos, sobre las 23.30 horas. No acompañó el Frente Amplio, cuya bancada presentó un extenso informe en minoría centrado en la gestión económico-financiera del anterior gobierno nacionalista y manifestó su “desconfianza” en cuanto a la ejecución de los lineamientos planteados en el presupuesto.
Media hora antes del inicio de la sesión, la bancada del FA ofreció una conferencia de prensa en la que adelantó su postura contraria a la aprobación del presupuesto en general, con aval de la Mesa Política Departamental. A juicio de la oposición, la iniciativa del oficialismo “no contempla las principales preocupaciones” de Maldonado” y “es centralista” porque “desprecia” el rol de los municipios y la participación ciudadana, además de “disminuir de forma significativa la inversión”.
El coordinador de la bancada y miembro de la Comisión de Presupuesto, Juan Urdangaray, indicó que “no hay grandes obras” y que “no existe la inversión en lo social manifestada por el ejecutivo durante la campaña electoral y los meses de gestión”. Si bien se prevé una adecuación presupuestal para 2026, advirtió que “no significa que habrá más plata, sino que se van a modificar los destinos y los rubros”, y que las obras e infraestructuras en algunos territorios “comenzarán recién en 2027”.
Por otra parte, advirtió que “no prevé ningún cambio significativo en la forma o eficiencia del gasto” y que “mantiene el aumento en funcionamientos y cargos de confianza”. En este sentido, dijo que se esperaba “un plan estratégico de desarrollo de Maldonado, un estudio serio de planificación del departamento de 2025 a 30 años”.
La bancada también remarcó que, directamente vinculado con el presupuesto, hubo modificaciones a la normativa tributaria que implicaron un aumento del valor mínimo de la contribución inmobiliaria que afecta a quienes menos recursos tienen. Tampoco soslayó el déficit acumulado” y los más 200 millones de dólares que la Intendencia de Maldonado deberá destinar al pago de fideicomisos contraídos en el período pasado, más la última línea de crédito aprobada en agosto pasado.
En ese sentido, el edil Jorge Pieri advirtió que se trata de “un presupuesto condicionado” y que la deuda a pagar incide en “la falta de inversión social”, al tiempo que “no se materializó una forma de ahorrar para minimizar esa deuda”. A su juicio, es altamente probable que para ejecutar las obras que se propone, la administración de Abella deba contraer nuevos préstamos.
Colorados votaron por “responsabilidad con la gente”
Aunque votó el presupuesto, la bancada colorada también presentó un informe en minoría con su postura sobre la iniciativa del Ejecutivo nacionalista. El edil Eduardo Elinger, miembro informante de su partido, llamó a ser “conscientes del endeudamiento generado en anteriores administraciones” y a construir “políticas de Estado” para sostener lo realizado.
Junto a su suplente, Ignacio Garateguy, observó que Maldonado sigue “sosteniendo obligaciones que no son del gobierno departamental”, como los recursos vertidos en vivienda, en el sistema de videovigilancia o en materia de salud, dijo en ese sentido. Sobre esa base, consideró que es necesario “mirar hacia adelante” para responder a la demanda de un departamento con población creciente.
Garateguy recordó que se trata de “un presupuesto cáscara” y que “el verdadero presupuesto” y “la verdadera discusión” llegará el año próximo con la adecuación presupuestal. “Entonces, tanto los municipios como los Departamentos de la IDM sabrán con qué presupuesto contarán para sus proyectos”, dijo.
Consideró que, entretanto, votaron el presupuesto “corto” para “no negar recursos ni dejar de rehén a los que más necesitan, entendiendo la realidad del departamento que tiene que ir acompañada de inversión en infraestructura y que asume responsabilidades que no le corresponden”. “Votamos por responsabilidad con la gente”, concluyó.