El coronel retirado Gaspar Barrabino, edil del Partido Nacional (PN) por el sector que lidera el intendente Miguel Abella, destinó una larga exposición en la Junta Departamental de Maldonado a cuestionar al Frente Amplio (FA) por negarse a “dar vuelta la página” con respecto al pasado reciente y fustigó a las organizaciones y actores políticos que militan por memoria, verdad y justicia.

El edil, que es hijo del golpista Julio Barrabino Sáez (véase recuadro), cuestionó al FA por “ignorar la voluntad ciudadana” cuando, en 2011, la fuerza política promovió y aprobó en el parlamento la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. “Ni el gobierno militar se atrevió a tanto”, expresó Barrabino, tras recordar que “incluso el gobierno de facto” aceptó el histórico triunfo del “No” en el plebiscito de 1980.

Luego manifestó su “dolor e impotencia” porque el gobierno de coalición (2020-2025), que ostentó el poder con mayorías parlamentarias, “no hizo nada para revertir la situación anticonstitucional generada por la ley interpretativa de la ley 15.848, desconociendo la voluntad popular manifiesta de dar vuelta la página y lograr la tan deseada y necesaria reconciliación nacional”.

“Viejos servidores públicos que sufren en silencio”

Barrabino aseguró, por otra parte, que la investigación de crímenes de lesa humanidad en Uruguay está “cuestionada por su dudosa objetividad” y opinó que la actuación de la Justicia “tuvo y tiene efectos de los que muy pocos hablan”, ya sea porque “no sería políticamente correcto hacerlo o porque se desconoce la verdad que está muy bien documentada”.

“Es así como viejos servidores públicos -civiles, policías e integrantes de las Fuerzas Armadas- sufren en silencio el olvido de sus conciudadanos, justamente aquellos que los llamaron a actuar y por lo que muchos dieron todo, incluso sus propias vidas”, reivindicó.

Luego repasó que “37 de ellos han fallecido en prisión, 35 se encuentran por razones de edad y graves problemas de salud con prisión domiciliaria; hay 6 que se encuentran presos en la Guardia Republicana y otros 27 en la unidad de detención Domingo Arena. Nueve formalizados, uno procesado sin prisión, seis liberados y tres en libertad condicional. Hablamos de 124 septuagenarios, octogenarios y nonagenarios”.

Penas por delitos “que no existieron”

Barrabino consideró que esta situación “no se puede aceptar” y la atribuyó a una combinación de “falta de voluntad política”, “venganza” e “inmorales intereses económicos” que están por encima de la voluntad ciudadana.

“Además de que fue ignorada la voluntad popular, no deja de llamar mucho la atención las características de los procesos judiciales. Falta de pruebas, otras de dudosa credibilidad, testigos que por lo livianito de sus dichos no serían considerados en ningún otro tipo de juicio”, mencionó.

Acto seguido cuestionó “el peso de las penas que se aplican haciendo referencia a delitos inexistentes a la fecha, que supuestamente fueron cometidos; como el terrorismo de estado, muy usado y repetido sea por ignorancia o por mala fe”. En este punto, contrapuso el tenor de esas penas con “la benevolencia” de la Justicia ante “delitos diarios de sangre, corrupción y otros muy graves”.

Memoria, verdad y justicia: “miope, sesgada y muy mal intencionada”

El militar retirado entiende que “la mayoría de los actores -sean fiscales, asociaciones de derechos humanos, sindicatos y otros”- que buscan mermoria, verdad y justicia sobre el terrorismo de Estado “tienen como característica común que sus referentes son conocidos militantes del Partido Comunista”.

Sostuvo que el partido, que forma parte del FA, “no se identifica con el concepto de lo nacional” y ha gobernado y gobierna en países “que se caracterizan por ser dictaduras, con millones de muertos en su haber a lo largo de la historia”. “Es bien conocido desde los años 60 y 70 por este tipo de operaciones, acciones, verdades a medias, mentiras y manipulaciones”, agregó.

Trascartón, sostuvo que los comunistas fueron “neutralizados en su momento” y “expuestos en sus espurios objetivos y en sus débiles convicciones cuando, al ser detenidos, fueron manifiestas sus colaboraciones y traiciones entre sus integrantes”.

Barrabino enfatizó que “el Partido Comunista y las organizaciones afines insisten en la memoria, verdad y justicia desde una posición miope, sesgada y muy malintencionada”. En su opinión, “están inundados de medios de propaganda, libros, medios de comunicación y comunicadores afines que han ido tergiversando la verdad” y “han hecho mucho dinero financiando todo”.

Por último, el coronel retirado se alineó con las defensas de represores que en los últimos tiempos han recusado al fiscal Perciballe -que investiga la causa por el Plan Cóndor-, alegando un presunto sesgo político en su accionar.

Entonces, leyó los fundamentos de un recurso presentado en setiembre pasado por la abogada María Florencia Grignoli -hija del expolicía Washington Grignoli, preso en Domingo Arena-, que fue desestimado en octubre por la fiscal de Corte Mónica Ferrero.

Al cierre de su extensa exposición, el edil sostuvo que habló “con la fe y la esperanza de que estas palabras colaboren a la debida reflexión y al necesario sinceramiento que permita lograr de una vez por todas la necesaria reconciliación nacional, mirando al futuro y aprendiendo del pasado”. Más de uno prorrumpió en aplausos.

De seguidor de Manini a soldado del Partido Nacional

Gaspar Barrabino fue uno de los militares retirados que impulsaron, desde Maldonado, la carrera política de Guido Manini Ríos cuando este aún era el comandante en jefe del Ejército, en el verano de 2019. Para las elecciones nacionales de ese año, Barrabino coordinaba la agrupación cabildante Dragones de Maldonado junto a Enrique Mangini, miembro de la ultraderechista Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica) implicado en el asesinato del estudiante Santiago Rodríguez Muela en 1972.

Es hijo de Julio Barrabino Sáez, uno de los golpistas que ingresó junto con Gregorio Álvarez al Palacio Legislativo en la madrugada del 27 de junio de 1973 y quien luego dirigió el Establecimiento Militar de Reclusión número 2, Punta de Rieles. Barrabino Sáez murió el 3 de abril de 2019, “en total impunidad, sin proceso por crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado”, lamentó entonces la ex presa política y fotógrafa Marta Passeggi, citada por el semanario Brecha.

Aunque en las elecciones departamentales de 2020 Barrabino fue uno de los candidatos de Cabildo Abierto a la Intendencia de Maldonado (IDM), dentro de su partido suponían que tenía un acuerdo encubierto con el exintendente Enrique Antía, quien iba por su reelección. El tiempo dio la razón a los “especuladores”: en diciembre de 2020 Barrabino logró que le crearan un cargo como director de Planificación y Fiscalización, en la dirección de Gestión Ambiental de la IDM.

Ejerció su función con bajo perfil hasta que, en agosto de 2021, se filtraron audios en los que ofrecía trabajo para empresas que iban a ganar licitaciones. Desde la oposición, el FA intentó que la Junta Departamental investigara el caso, pero la iniciativa fracasó.

Barrabino siguió incólume en su puesto, se sumó a la lista 32 de Todos por Maldonado para las elecciones nacionales de 2024 y luego se integró a la lista 340, del mismo sector, para acompañar la candidatura de Miguel Abella en mayo de 2025. Ahora es edil suplente de Carolina Batista, pastora de la Iglesia Misión Vida y referente de los hogares Beraca en Maldonado.