Mientras el Senado estudia un proyecto de ley para que los ingresos a las intendencias sean por concurso y por sorteo, esta semana el intendente nacionalista Enrique Antía logró que los contratos directos de funcionarios que aprobó durante su gestión, y que vencían este 10 de julio, sean renovados por la próxima administración.

A través del artículo 30 del Decreto 3947/16, Antía tuvo la potestad de definir en forma directa hasta un 30% de los ingresos de personal en sus dos períodos consecutivos de gobierno. El artículo estableció ese cupo “a efectos del cumplimiento de tareas en forma transitoria y en régimen de contrato por tiempo determinado”. Dentro del cupo “se contemplarán necesidades fundadas y específicas que tengan los municipios. Los funcionarios designados de esta manera cesarán el último día de la actual administración”, acotaba.

Sin embargo, un decreto aprobado este martes 8 por la bancada oficialista en la Junta Departamental –en su última sesión de la legislatura– permite que la amplia mayoría de quienes entraron a la Intendencia de Maldonado (IDM) mediante el artículo 30 sigan en funciones durante la próxima administración, que encabezará Miguel Abella a partir de este jueves 10.

Qué dice el nuevo decreto

El primer artículo del decreto aprobado con votos blancos autoriza al intendente para que, “previo informe fundado del jerarca respectivo”, ingrese hasta un 85% de los funcionarios contratados por el artículo 30 del Decreto departamental 3947/16. Las contrataciones “operarán con el acto de designación”, aclara. La única condición es que quienes vayan a ingresar “de forma excepcional” no tengan causal jubilatoria a la fecha de promulgación del nuevo decreto.

El artículo segundo establece que los funcionarios que sean recontratados serán sometidos a “una evaluación a los 60 días de la designación”. Si esta evaluación no resulta “satisfactoria”, se rescindirá el contrato a los 90 días de la designación, con previo aviso emitido dentro de los diez días hábiles anteriores. El texto también aclara que “no se considerará como antigüedad” el período de contratación en el gobierno pasado.

Ni Antía ni Abella se han referido al tema públicamente, pero el artículo tercero del nuevo decreto marca que los ingresos que se produzcan bajo su amparo “deben definirse antes del 10 de julio de 2025”. Actualmente, son 110 los funcionarios de la IDM contratados por ese mecanismo, según datos aportados por la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) a la diaria, por lo cual implica que en esta jornada deberían firmarse 93 contratos con “informe previo” de los jefes de área.

El artículo cuarto señala que el intendente en ejercicio “podrá proponer a la Junta Departamental los recursos con que serán cubiertos los gastos supervivientes ocasionados por la excepcionalidad de las contrataciones”, mientras que el quinto deroga el artículo 30 del Decreto departamental 3947/16.

Broche de oro de una administración “vergonzosa”

La derogación del artículo 30, entendido por el Frente Amplio (FA) y por el sindicato de municipales como una herramienta para afianzar el clientelismo y el amiguismo en los ingresos, fue acordada entre Adeom y la IDM el 30 de junio pasado, según consta en el expediente del caso. El FA votó esa derogación, pero rechazó el articulado del nuevo decreto que consolida el 85% de los ingresos directos aprobados por Antía.

La bancada opositora señaló que desconoce a ciencia cierta cuántas ingresaron de forma directa desde 2016, cuánto inciden sus contrataciones en el gasto de la IDM, cuáles son los criterios de la renovación del 85% de los contratos y cómo se cubrirán las funciones del 15% que dejará la IDM.

Algunos ediles, como el dirigente comunista Nicolás Billar, sostuvieron que esta “jugada” se enmarca en el proyecto de ley sobre ingresos a la función pública que tiene media sanción en Diputados y que, de aprobarse en el Senado, impedirá a la IDM continuar con el mecanismo de ingresos “a dedo” en una nueva administración.

“Como la ley complicará el recurso del artículo 30, lo derogan, pero se aseguran de que determinada cantidad siga. Es lo más descarado que han hecho en el período, aprovechando que tienen mayoría en la Junta. Y es preocupante que lo haga una intendencia que tiene una deuda acumulada que iguala la deuda de las intendencias de Montevideo y Canelones juntas”, dijo Billar.

El edil Fernando Borges puntualizó que la bancada opositora “no está en contra de los trabajadores”, sino que postula un concepto republicano de igualdad de derechos. En ese sentido, cuestionó que “alguien con los recursos del pueblo digite quién sí y quién no ingresa a la IDM, a quién favorece y a quién deja mirando la fiambrera”. “Prefiero una puerta de entrada con un concurso, con un sorteo, y que todos tengan la oportunidad de ingresar en la función pública”, dijo.

A su turno, la edila Marie Claire Millán cargó contra Antía por actuar desde 2015 con “una de las máximas expresiones del clientelismo y del acomodo más descarado”. A su juicio, la aprobación del nuevo decreto “termina de consagrar una práctica política clientelar insoslayable e inamovible” durante la última década. “Es la consagración y la consolidación de la arbitrariedad en defensa de los intereses espurios del Partido Nacional (PN) al gestionar la administración pública. Es el broche de oro de una gestión vergonzosa”, enfatizó.

La postura oficialista

Tanto el FA como Adeom han remarcado, año tras año, que ese poder autoasignado por Antía –con apoyo de la mayoría blanca en la Junta Departamental– minó la transparencia en los ingresos a la comuna y que las designaciones se transformaron en cargos de confianza encubiertos, que además engrosaron la deuda acumulada de la comuna.

Sin embargo, la bancada oficialista defendió el nuevo decreto “más allá de los números y las estadísticas”. Tras defender los motivos por los cuales la IDM incrementó su déficit durante los gobiernos de Antía –vinculados con el desarrollo de grandes proyectos que no se dieron en otras comunas–, afirmaron que las contrataciones directas de funcionarios fueron “la clave del éxito” de las administraciones blancas porque posibilitaron realizar tareas necesarias.

Para Adolfo Varela, coordinador de la bancada, con el nuevo decreto el gobierno departamental “está ingresando en una relación responsable” del vínculo laboral. “Regularizamos la situación de los funcionarios que ingresaron por artículo 30, con un intendente que estaba facultado por la Constitución. Nadie puede decir que a Maldonado le ha ido mal por eso. El decreto dará a los funcionarios la capacidad de seguir y no tener incertidumbre laboral para adelante, y evitar que haya una ruptura funcional en la IDM”, argumentó.

El edil Luis Artola defendió a los “docentes, choferes, inspectores y peones” que ingresaron de manera directa y que, en el transcurso de estos años, “generaron la posibilidad de seguir trabajando”. “Estos ingresos no tienen colores políticos, capaz que las familias que seguirán teniendo trabajo no son del PN. Pensemos que hablamos de gente, de la realidad del departamento y del apoyo que tuvo Antía por parte de la ciudadanía”, dijo.