Los nacionalistas Darwin Correa y José Luis Sánchez, expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado, fueron formalizados por la Justicia a partir de una denuncia penal presentada en marzo por ediles del Frente Amplio. Paralelamente, se libró un pedido de captura para el tercer imputado: el también expresidente blanco Alexandro Infante, quien fue declarado en rebeldía por faltar sin aviso a la audiencia de formalización realizada este miércoles en Maldonado.

A pedido del fiscal Jorge Vaz, la jueza Gabriela Azpiroz formalizó la investigación sobre Correa como presunto autor de “un delito continuado de fraude especialmente agravado en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito continuado de falsificación ideológica por funcionario público”. Por los mismos delitos, en calidad de coautor, será enjuiciado Sánchez. Como medida cautelar, se dispuso que ambos se presenten una vez por semana en la seccional policial más cercana a sus domicilios, y se les retuvo los documentos de viaje durante 90 días.

Para Aspiroz, Vaz fue “claro, conciso y concreto” para identificar cuál fue la participación de los imputados en los hechos investigados. “Los hechos se ajustan a la figura delictiva que ha invocado la fiscalía”, dijo, antes de hacer lugar al pedido de formalización y aceptar las medidas cautelares propuestas por el fiscal. Los abogados Santiago Clavijo y Álvaro Garcé, defensores de Correa, y Fernando Posada, defensor de Sánchez, apelarán la decisión.

Más de 1.300.000 pesos terminaron “en el bolsillo” de Sánchez

Vaz indicó que, como ordenadores primarios de gastos de la Junta Departamental, Correa e Infante contrataron a un proveedor ficticio y pagaron facturas por un total de 1.400.000 pesos que, en su mayor parte, “terminaron en el bolsillo” de Sánchez. La investigación fiscal determinó que Ramón Sosa, el titular de la empresa homónima presuntamente contratada para obras de mantenimiento edilicio, nunca trabajó para la Junta Departamental, sino que “le prestó las facturas” a Sánchez, a quien conoce porque ambos viven en San Carlos y tienen servicios en una playa.

Los pagos eran depositados en una cuenta a nombre del hijo del imputado, Facundo Sánchez, quien luego transfería el dinero a su padre. La fiscalía entiende que, por esta vía, el exedil recibió poco más de 1.300.000 pesos. Facundo declaró al fiscal que luego de un problema familiar confrontó a su padre por los depósitos y transferencias y que él le confesó que “era una maniobra por la cual se presentaban facturas por servicios que no se hacían”. Mediante el levantamiento del secreto bancario de José Luis Sánchez, y a través de la aplicación del BROU que Facundo facilitó a la fiscalía, se pudo acreditar el relato.

Además, la Junta Departamental brindó información de todas las transferencias. Así, la fiscalía determinó que durante su presidencia (2022-2023), Correa dio la conformidad por obras y autorizó el pago de ocho facturas a nombre de la empresa unipersonal Ramón Sosa por un total de 1.191.913 pesos. Las facturas correspondían a servicios de instalación y reparación de luminarias, arreglos en la fachada exterior del edificio y en la bancada del Partido Nacional y reparación de pluviales y desagües cuya realización no recordó ninguno de los funcionarios administrativos citados por Vaz durante su investigación.

Según el fiscal, Correa declaró que no hizo llamado público para contratar a Sosa porque “en la Dirección Financiero Contable de la Junta le dijeron que no era necesario”. También alegó que la empresa fue propuesta por Sánchez y que las obras sí se realizaron porque él las supervisó “en base a su conocimiento técnico como inmobiliario y a su condición de padre de familia”.

Vaz encontró que también Infante había aprobado facturas mediante este mecanismo durante su presidencia (2023-2024). El fiscal contó que, al ir a declarar, el imputado presentó un audio en el que Sánchez le pedía “agilizar” una factura por 168.000 pesos a favor de la empresa de Sosa.

De acuerdo a la documentación relevada, la fiscalía determinó que Infante también aprobó una factura de 115.400, correspondiente a hidrolavado de fachadas, que fue abonada mediante un cheque al señor Javier Gutiérrez, que había realizado la obra. Gutiérrez explicó al fiscal que él le pidió ese trabajo a Infante porque estaba desempleado y que, para pagarle el servicio, el entonces presidente de la Junta “usó una factura” de la empresa Ramón Sosa.

“Irregularidades administrativas, campo fértil para pergeñar la maniobra”

El fiscal remarcó que “no existe otra documentación respecto a las obras realizadas, ni expedientes ni resoluciones, ni ningún tipo de constancia administrativa”. Señaló que los expresidentes estaban obligados por la normativa a asentar por escrito la motivación de las frecuentes contrataciones públicas en régimen de compra directa.

También consideró que fraccionaron los gastos “de manera irregular” para no superar el monto que los obligaba a llamar a una licitación abreviada para las contrataciones. “Todas las irregularidades, además de tener consecuencias civiles y administrativas, fueron determinantes para proceder con engaño en la contratación pública”, dijo Vaz.

“Correa y Sánchez montaron una operativa para engañar a la Junta Departamental. Sánchez consiguió las facturas, las llenaron a piacere; Correa aprobó el gasto sin documentación de ningún tipo, y el dinero quedó en el bolsillo de Sánchez”, resumió el fiscal, para quien se trata de hechos delictivos que encuadran en el concepto de “corrupción, fraude y falsificación ideológica por funcionario público”.

Los abogados de los imputados alegaron que los actos de los expresidentes no merecen reproche penal y que, en todo caso, el asunto debería sustanciarse en el ámbito procesal administrativo. Para defender la probidad de sus patrocinados, se basaron mayormente en un informe contratado por la Junta Departamental al catedrático Augusto Durán Martínez, quien cobró 18.000 dólares por el servicio.

Sin embargo, Vaz citó diferentes estudios del abogado que contradicen lo que afirmó en el análisis contratado por la Junta Departamental. “La defensa se toma de una consulta paga a Durán Martínez para decir que no hay irregularidad administrativa, con lo cual estamos en desacuerdo, pero no es el punto neurálgico del caso. Las irregularidades administrativas de todo tipo y calibre fueron el campo fértil para pergeñar la maniobra”, sentenció el fiscal.