El fiscal Jorge Vaz, quien semanas atrás logró la formalización judicial de tres expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado por delitos de corrupción, investiga el destino de las partidas para el “fortalecimiento de las bancadas” que perciben todos los partidos desde 2015, informó el periodista Carlos Peláez y confirmó la diaria.

El mecanismo, por el que cada sublema con representación legislativa comenzó a recibir una partida económica mensual “para el mejor cumplimiento de sus fines”, que luego se repartía entre los sectores, fue aprobado por la unanimidad de los ediles presentes en la sesión del 21 de julio de aquel año. Según la resolución, el dinero se asigna en proporción a la cantidad de ediles por sublema y resulta de multiplicar los gastos de representación de un legislador nacional por el número de ediles de cada bancada.

Otra resolución, acordada en plena pandemia por los coordinadores de las bancadas, adecuó el concepto de “sector” para garantizar que todos los ediles –aun declarándose independientes de un sublema– accedan al beneficio. Las partidas se ajustan semestralmente de acuerdo con el índice de precios al consumo y actualmente rondan los 89.000 pesos mensuales por edil.

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó sistemáticamente el gasto por contravenir los artículos 86, 211 y 295 de la Constitución y por no ajustarse al régimen de reintegro de gastos y control de las partidas que el propio organismo aprobó en diciembre de 2010. También la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y la asociación civil Uruguay Transparente advirtieron que la resolución es anticonstitucional y viola las normas sobre financiamiento de los partidos políticos.

Aunque la Jutep exhortó a la Junta a eliminarla, el legislativo se limitó a contratar, por un lado, al jurista Gonzalo Aguirre y, por otro, a Carlos Delpiazzo, Gonzalo Fernández y Álvaro Garcé, cuyos informes coincidieron en la “evidente legitimidad” de las partidas y acusaron a la Jutep de “excederse en sus potestades”.

Los abogados alegaron que el dinero no se destinaba al financiamiento de los partidos políticos, “sino a atender la labor del órgano Junta Departamental, en la cual los sectores políticos se encuentran representados”. Sin embargo, por lo menos en aquel momento, ninguno de los sectores favorecidos con las partidas económicas había rendido cuentas sobre el destino del dinero.

Los informes también señalaron que otras juntas departamentales también recibían partidas. Sin embargo, hasta ese momento, la de Maldonado era pionera al utilizar el concepto de “fortalecimiento de las bancadas” para justificar el cobro del dinero; de hecho, en los años siguientes otras juntas lo replicaron o intentaron hacerlo.

Por qué la investigación no viola la prohibición ne bis in idem

En 2018, el exfiscal de Maldonado Schubert Velázquez recibió la denuncia penal de un exmilitante del Partido Colorado y se dispuso a investigar un posible abuso de funciones. Sin embargo, la archivó basado en los informes jurídicos contratado por la Junta. Ese mismo ciudadano llegó, semanas atrás, al despacho del fiscal Vaz con la información que había presentado a Velázquez y más documentación que recopiló en este tiempo.

Vaz dijo a la diaria que, en principio, el asunto merece una investigación preliminar para determinar si hubo un uso irregular de fondos públicos. Su intención es saber qué destino tiene el dinero que reciben los sectores, ya que, según indica la denuncia ciudadana, las partidas se utilizarían para saldar compromisos de campaña u otros fines ajenos al “mejor funcionamiento” de las bancadas.

Aunque Velázquez archivó la denuncia que recibió en 2018, nada impide que el asunto se vuelva a investigar. La prohibición ne bis in idem, consignada en el artículo 5 del Código del Proceso Penal, establece que “ninguna persona puede ser investigada más de una vez por un mismo hecho por el cual haya sido sometida a proceso” dentro o fuera del país.

En este caso, no hubo proceso penal ni sentencia, y tampoco formalización por parte del anterior fiscal. Además, Vaz va más allá del análisis en cuanto a la legalidad o situación jurídica de la resolución: la nueva denuncia hace hincapié en el destino de los fondos y eso no fue objeto de la investigación anterior.

En principio, la presidenta de la Junta Departamental, Verónica Robaina (Partido Nacional), ya recibió un oficio de Vaz solicitando información. Según supo este medio, el fiscal pidió un listado de las personas físicas, jurídicas y organizaciones civiles que hayan recibido dinero desde 2015.

También solicitó el detalle de los números de cuenta y entidades bancarias donde se depositaron los montos, copia de los recibos firmados por los receptores, la documentación que presentó cada sector sobre los destinatarios de esas sumas y la rendición de cuentas del dinero percibido.