Unas horas antes de que el intendente Miguel Abella (Partido Nacional) presentara el proyecto presupuestal 2026-2030, la Junta Departamental aprobó una modificación tributaria para financiar gastos en servicios ambientales, además de autorizar un préstamo de hasta 38 millones para que la Intendencia de Maldonado (IDM) pueda funcionar hasta fin de año. Ambas iniciativas formaban parte del mismo expediente, pero finalmente se resolvió desglosarlas.

Aunque Abella pretendía que su propuesta fuera aprobada por todas las bancadas y entabló un diálogo en ese sentido, sólo consiguió los votos oficialistas y el único del Partido Colorado. El Frente Amplio (FA) rechazó la iniciativa con la convicción de que implica “un impuestazo” para los contribuyentes, al decir de varios ediles durante la discusión en el plenario.

Ejes de la modificación tributaria aprobada

La modificación tributaria determina la transformación del impuesto general municipal en un impuesto general ambiental y lo mantiene como un adicional que se pagará con la contribución inmobiliaria urbana y suburbana, a partir del 1° de enero de 2026.

La recaudación generada con el nuevo impuesto se destinará específicamente a financiar la gestión integral de residuos sólidos urbanos y otras actividades conexas. De acuerdo a las proyecciones del equipo económico de la IDM, esto permitirá asignar una partida anual de 4 millones de dólares para “achicar el desfasaje” de 6 millones anuales que produjo la nueva gestión integral de residuos.

El valor mínimo fijado para el nuevo impuesto ambiental es de 4.450 pesos. En general, se calculará como alícuota del 3% sobre el monto imponible de la contribución inmobiliaria; los hipermercados o supermercados que ocupen áreas mayores a 200 metros cuadrados tendrán una alícuota del 6%, igual que los shoppings. En el caso de restaurantes o establecimientos hoteleros con más de 60 habitaciones y restaurante, la alícuota será del 4%.

Adicionalmente, la IDM ajustará el valor mínimo anual de la contribución inmobiliaria urbana y suburbana, equiparándolo con el mínimo del impuesto general ambiental.

Por otra parte, se “flexibilizan” los requisitos para que los propietarios de una única vivienda se acojan a la exoneración de tributos inmobiliarios urbanos y se deroga la tasa por actividad administrativa “para que los ciudadanos realicen trámites en forma gratuita y se eliminen las barreras burocráticas”, argumentó el Ejecutivo.

Además, se consolida la eliminación de la tasa por videovigilancia, cuya vigencia vence a fin de año. Según el oficialismo, con la derogación de este adicional la IDM resignará ingresos por 5 millones de dólares anuales, aunque al mismo tiempo la gestión y los costos de mantenimiento del sistema pasarán al Ministerio del Interior, como estaba previsto desde su aprobación.

Urdangaray: “Van por los de abajo y no tocan al de arriba”

El FA no acompañó la propuesta porque entiende que implica un aumento de los impuestos y tributos. “Se están aumentando las contribuciones inmobiliarias mínimas, van por el de abajo y no tocan al de arriba”, sostuvo el coordinador de bancada, Juan Urdangaray, al fundamentar su voto negativo.

También opinó que “es una mentira” que el impuesto ambiental tenga objetivos concretos. “La plata que se recauda en estos impuestos va a rentas generales [de la IDM]; después se verá lo que hace el Ejecutivo con ese dinero”, añadió.

Según indicó el edil Nicolás Billar (Partido Comunista), este ajuste reportará a la IDM unos 10 millones de dólares. En su opinión, si el argumento oficialista para crear un nuevo impuesto con destino a la gestión ambiental es que la población del departamento crece, también debería considerarse que esas personas pagan contribución inmobiliaria y, por ende, los ingresos de la IDM también crecen.

El problema, concluyó Billar, es “la mala gestión” y “el baile de clientelismo” de los anteriores gobiernos, que ahora lleva a “meter la mano en el bolsillo de las vecinas y los vecinos”. Para el edil Luis Berdún, también del Partido Comunista, la propuesta de Abella es lisa y llanamente “un impuestazo”.

“Es fácil gobernar cuando tengo el bolsillo de Juan Pueblo ahí para meterle la mano. No aprendieron. Pensaba que algún edil del oficialismo podía rever el voto. Esto es un impuestazo, disfrácenlo como quieran”, desafió.