Un grupo de promitentes compradores del edificio Delamar, ubicado junto a los puentes ondulantes de La Barra, espera que la Fiscalía de Maldonado se expida sobre una denuncia que presentaron contra el desarrollista argentino Enrique Etchebarne Bullrich, su hija Sofía, su yerno Alejandro Abella y el administrador Gustavo García, a quienes acusan de maniobrar en perjuicio de la copropiedad.
“Estamos ante un esquema sistemático de simulación de obras, facturación ficticia y triangulación de pagos, ejecutado durante más de dos años y en beneficio directo de la familia Etchebarne”, afirmó en diciembre de 2025 la abogada patrocinante Susana Sotto (del estudio jurídico Adriasola, Clavijo & Asociados), al requerir por segunda vez a la Fiscalía que “disponga la formalización urgente de los indagados” por los presuntos delitos de estafa continuada y apropiación indebida.
Según el escrito, al que accedió la diaria, la denuncia se centra en el cobro de expensas por reformas en áreas comunes que, de acuerdo con los denunciantes y varios empleados del edificio que declararon en calidad de testigos, jamás se realizaron. Para justificar estos movimientos de dinero, los indagados habrían utilizado la facturación de una empresa de estructuras metálicas cuyo titular fue condenado en 2023 por múltiples delitos de estafa.
Sotto también señala que el material probatorio expone una presunta maniobra de triangulación financiera por medio de la hija de Etchebarne. La mujer recibía del administrador los cheques emitidos por la copropiedad y, según testimonios y documentos bancarios, los depositaba en una cuenta del edificio como saldos a favor de las unidades propiedad de su padre para cancelar de forma ilícita sus expensas.
Para la abogada, el argumento de Enrique Etchebarne en cuanto a que las obras contaban con presupuestos previos, supervisión del personal y la aprobación de un “consejo” de copropietarios no se sustenta, dado que en la carpeta fiscal no existen documentos que acrediten esas afirmaciones.
En su extenso documento, Sotto también expuso punto a punto múltiples “contradicciones” entre las declaraciones de los indagados y los documentos bancarios contables recabados. Teniendo en cuenta la evidencia que “refuerza todas y cada una de las hipótesis delictivas denunciadas desde el inicio” y la “magnitud, persistencia y gravedad de la maniobra”, reclamó a la Fiscalía la “inaplazable” formalización de la investigación judicial.
La abogada había planteado un petitorio similar en setiembre de 2025, antes de que declarara en la Fiscalía el dueño de la empresa que proveyó las facturas y a quien considera un “participe necesario” en las maniobras denunciadas, “pese a su intento de alejamiento”.
Denuncia por irregularidades de construcción
Por otra parte, el mismo grupo de promitentes compradores del edificio Delamar denunció irregularidades en la construcción del vecino condominio Delamar Lofts ante la Intendencia de Maldonado (IDM). El expediente, caratulado como “Denuncia por posible transgresión de normas edificatorias y violación de retiros”, se abrió en abril en la Dirección General de Urbanismo de la IDM y apunta a las obras que se desarrollan en los padrones 15.001 y 18.250 del barrio El Tesoro, mediante excepciones a la normativa edilicia aprobadas en noviembre de 2019.
Los denunciantes se basan en un informe contratado al agrimensor Daniel Boix ante la sospecha de que la construcción vulnera el plano autorizado en 2024 por la IDM y la normativa vigente. Tras analizar las obras construidas y compararlas con “los ejes y límites de los padrones”, el informe profesional indica que la estructura de hormigón del nuevo edificio “elimina por completo el retiro con respecto al padrón lindero” y “afecta la volumetría autorizada”, señala el escrito de la denuncia administrativa al que accedió la diaria.
También se constató la apertura de ventanas y “huecos de visión directa” en el muro que enfrenta al edificio Delamar, lo que según los vecinos contraviene los artículos del Código Civil que prohíben este tipo de aperturas a menos de tres metros de la línea divisoria. “Dichas aberturas constituyen una invasión a la privacidad y una servidumbre ilegal sobre nuestra propiedad”, acotaron.
En conclusión, advirtieron que el edificio en obra “se encuentra ocupando ambos padrones” y que “la construcción de cuatro pisos se ubica a límite con el padrón 17.637 del edificio Delamar, no respetando ningún retiro lateral”. A esto sumaron que “no se estaría construyendo un muro medianero, sino colocando aberturas sobre el límite entre los padrones”.
Petitorio a la Dirección de Urbanismo
En virtud del informe, que adjuntaron a su denuncia, los vecinos solicitaron una inspección técnica “urgente” de la Dirección de Urbanismo en la obra de los padrones 15.001 y 18.250 para “verificar la correspondencia entre lo construido y el plano verificado”. Plantearon que, de detectarse cualquiera de las “irregularidades sospechadas”, se dispongan “las máximas medidas” al alcance de la IDM para “subsanarlas” y que la obra se construya de acuerdo con el plano aprobado.
A esto agregaron que si se confirma la construcción irrespetando el retiro lateral, “se ordene lo que a derecho corresponda en protección de los derechos de la copropiedad Delamar”. También aspiran a que la IDM inspeccione el retiro a nivel frontal (en la desembocadura del arroyo Maldonado) y el retiro trasero (ruta 10).
Por último, reclamaron a la comuna que ordene al responsable de la obra el “cegado inmediato” de cualquier abertura o ventana que no respete las distancias mínimas legales con respecto al edificio Delamar. Según supo este medio, se prevé que la abogada Florencia Couret se reúna próximamente, en representación de los denunciantes, con jerarcas de Urbanismo de la IDM.