Un proyecto de ordenanza para regular el transporte público de pasajeros en Maldonado fue remitido por el intendente Miguel Abella a consideración de la Junta Departamental. La iniciativa recoge los aportes y recomendaciones realizadas por el Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) y por la comisión multipartidaria sobre Movilidad con una visión a 30 años.
Al fundamentar el proyecto, la Intendencia de Maldonado (IDM) señala que el departamento ha experimentado en las últimas décadas un crecimiento poblacional sostenido, concentrado principalmente en San Carlos, Maldonado y Punta del Este, “lo que genera una presión sobre el sistema de movilidad” y abre desafíos relacionados con la “calidad del servicio de transporte colectivo, regularidad, frecuencias, cobertura temporal y competitividad”.
En esa línea, entiende que la actual normativa debe ser “ser actualizada y reordenada”. Atendiendo las recomendaciones de los citados organismos, la intención del proyecto es “fortalecer el papel de la IDM como autoridad competente en el planeamiento, regulación y fiscalización del sistema”.
La incorporación de “criterios técnicos y operativos claros” en relación con las concesiones y permisos, la estructura empresarial, la capacidad económica de los operadores y las características de las unidades afectadas al servicio son puntos que la IDM considera “claves” en su iniciativa.
El documento avanza en la regulación de la antigüedad máxima de la flota, así como su renovación progresiva, condiciones de accesibilidad y homogeneidad tecnológica. Asimismo, apunta a la modernización gradual del transporte público “orientada a mejorar su desempeño económico, social y ambiental”.
Sobre el papel de la IDM
En su extenso articulado, el proyecto remarca que los permisos otorgados por la IDM para la prestación de los servicios de transporte público serán “precarios y revocables” y que el gobierno departamental estará a cargo de su gestión y custodia. El objetivo es que sean “accesibles” y “de alta calidad en relación entre oferta y demanda”.
Paralelamente, estipula que la IDM “regulará y fiscalizará” estos servicios y tendrá una competencia “represiva” mediante la aplicación de sanciones ante infracciones de las empresas.
El intendente tendrá la potestad de definir la tecnología para “la expedición de ventas de viaje en todas sus modalidades, sea efectivo abonos, billeteras electrónicas, así como los medios de pago a ser utilizados por los usuarios”.
Podrá, asimismo, definir la implantación de dispositivos o sistemas tecnológicos en las unidades que prestan los servicios, tendientes a suministrar información o atender aspectos de fiscalización del sistema.
Además, el intendente “se reservará el derecho de intervenir las empresas” con el objetivo de garantizar el cumplimiento y la continuidad de los servicios si la situación así lo requiere.
Otro tramo del proyecto establece que el gobierno departamental “será propietario de la información generada en el sistema y podrá exigir a las empresas toda información necesaria para la regulación financiera, tecnológica, operativa y administrativa”.
Servicios regulares y no regulares
La iniciativa clasifica los servicios de transporte regulares y los no regulares. Entre los regulares se destacan las líneas interurbanas, estructurales, semi-directas, directas, alimentadoras o circulares y sociales.
En las no regulares destacan los servicios de transporte prestados por empresas debidamente inscriptas y habilitadas por el departamento de Movilidad. Se clasifican en servicios particulares propios, donados y ocasionales.
Por otra parte, el otorgamiento de las líneas para la prestación de servicios de transporte podrá ser promovido por iniciativa de la IDM o por solicitud de la parte interesada.
“No se podrán autorizar modificaciones de recorridos cuando las mismas signifiquen distorsión en la atención de los servicios existentes”, indica el resumen divulgado por la IDM.
Sobre pasajeros y horarios
Los servicios se prestarán en forma ininterrumpida durante todo el año, “a excepción de aquellos que sean prestados en función de una demanda estacional sin generar distorsiones”. Las empresas deberán ajustarse a los recorridos y al régimen de paradas que se establezca por parte del Ejecutivo.
Si por desperfectos en una unidad no se puede cumplir el recorrido en toda su extensión, es obligación de la empresa facilitar los medios necesarios para hacer llegar a los pasajeros a destino, establece el proyecto.
También fija el límite máximo del número de pasajeros que podrán ser transportados de pie: un 60% del total de asientos habilitados.
Por otra parte, señala que las empresas concesionarias deberán presentar ante la IDM una propuesta de horarios con una antelación a 10 días hábiles a su puesta en práctica, algo que el Departamento de Movilidad podrá variar o rechazar.
Asimismo, los recorridos podrán ser propuestos por las empresas, pero trazados por el citado departamento. Si la empresa incumple reiteradamente con sus obligaciones, la IDM podrá suspender temporalmente los servicios.
Quiénes podrán prestar servicios
Los interesados en la explotación de líneas de transporte colectivo deberán ser personas jurídicas, constituidas para tal fin. Deberán demostrar capacidad económica y probar la tenencia de patrimonio propio equivalente al 50% del valor en plata del material rodante previsto para el primer año de explotación de la línea.
El proyecto también estipula que las empresas deberán ser propietarias de las unidades necesarias para realizar los servicios y serán responsables de la seguridad y la integridad física de sus pasajeros.
Las líneas serán personales e intransferibles y la concesión culminará por vencimiento del plazo por el cual fue otorgado. Si hay graves o reiterados incumplimientos, la IDM se reserva el derecho de rescindir unilateralmente la concesión.
Publicidad para la IDM
El Departamento de Movilidad tendrá a su cargo la autorización de la publicidad en unidades de transporte. La colocación de avisos comerciales en el exterior de las unidades, se ubicará en los espacios disponibles entre las puertas.
“No podrán cubrirse ventanas y se prohíbe publicidad sobre cigarrillos, bebidas alcohólicas u otras drogas”, aclara el proyecto. Además, señala que la IDM se reserva “un 20% de los espacios y tiempos de publicidad en todas las unidades para difundir información de interés público”.