“Nos dirigimos a ustedes con profunda preocupación, malestar y un firme sentimiento de indignación ante la insostenible situación del servicio eléctrico que padecemos”, manifestaron vecinos organizados en el balneario Bella Vista y zonas aledañas en una nota dirigida a las autoridades de UTE, ministerios competentes, Intendencia de Maldonado, Junta Departamental y Municipio de Solís Grande, a la que accedió la diaria.
El detonante fue un “apagón general” que se produjo durante la noche del jueves 13 y el viernes 14, precedido por una cadena de microcortes de energía. “Esta problemática no es nueva ni aislada; es de carácter estructural”, sostuvieron, para señalar que la situación se agudizó “drásticamente” desde 2024 y no ha sido resuelta pese a las gestiones, reclamos y reuniones que han mantenido con autoridades de UTE en los últimos seis años.
Si bien el organismo estatal se comprometió a acelerar las obras de cableado subterráneo y a ejecutar un plan preventivo de inspecciones planificadas en las tres salidas de la estación Los Cardos (las líneas que alimentan a Solís, Bella Vista, Las Flores y Playa Verde), expresaron que “tales compromisos no se han traducido en soluciones prácticas y eficaces” y que, por el contrario, el servicio “se ha precarizado profundamente con el paso del tiempo”.
Impactos de la “desidia estatal”
La agrupación vecinal explicó que, anteriormente, las interrupciones se asociaban a factores climáticos o temporales, pero ahora los cortes masivos y los microcortes ocurren a diario, “sin necesidad de lluvias ni vientos, evidenciando el colapso y la falta de mantenimiento de la infraestructura”.
“Esta desidia estatal genera graves consecuencias en la comunidad”, afirmaron, para detallar el impacto económico y material de los constantes microcortes y variaciones de voltaje. “Han provocado la rotura irreversible de numerosos electrodomésticos, bombas de agua y equipos electrónicos en los hogares, cuyos costos de reparación o reposición deben ser asumidos injustamente por los propios usuarios”, lamentaron.
También advirtieron sobre el “perjuicio laboral y de conectividad” en el balneario y zonas aledañas. En este punto, recordaron que Bella Vista ha experimentado crecimiento demográfico “exponencial” desde el censo de 2023, cuando se registraron 485 residentes permanentes. “Gran parte de la población está compuesta por familias que teletrabajan y dependen críticamente de una red de wifi estable y computadoras para el sustento diario”, acotaron.
Tampoco soslayaron que los apagones privan a la población de necesidades básicas indispensables, como el acceso al agua potable (dependiente de bombas eléctricas), agua caliente, calefacción, conservación de alimentos y la imposibilidad de mantener cargados los teléfonos celulares, obligando a los vecinos a depender de cargadores externos como única vía de comunicación. A esto sumaron la afectación a la seguridad pública, entendiendo que la falta de alumbrado público y energía domiciliaria “incrementa la vulnerabilidad de la zona ante la delincuencia, y preocupa especialmente a los adultos mayores y personas que viven solas”.
Consideran “más grave aún” el riesgo de incendios debido a la obsolescencia de los transformadores que “frecuentemente producen chispas”. Varias veces estas encendieron la vegetación en focos que fueron extinguidos, en primera instancia, por los propios vecinos para “evitar una catástrofe mayor”.
Reclaman un plan de inversiones e indemnización
En su calidad de usuarios que cumplen “rigurosamente” con el pago de las tarifas comerciales y residenciales de este servicio público esencial, reivindicaron su derecho a recibir un suministro seguro, continuo y de calidad al cabo de “más de seis años de quejas constantes”.
Por eso, en primer término, reclamaron a UTE una “respuesta práctica, técnica y definitiva” que incluya la sustitución inmediata de los transformadores obsoletos, la finalización del cableado subterráneo prometido y un informe detallado a la comunidad sobre el plan de inversiones sobre este tema. Asimismo, exigieron “un mecanismo claro” para la indemnización por los electrodomésticos dañados.
Luego pidieron a la Intendencia de Maldonado y a la Junta Departamental de Maldonado la “intervención política y técnica” para respaldar su reclamo y fiscalizar las condiciones de seguridad pública del balneario durante las contingencias; consideran que estos órganos deben “exigir a la empresa estatal el cumplimiento de los estándares de calidad”.
También solicitaron al Municipio de Solís Grande que provea el apoyo “logístico, institucional y de proximidad” para coordinar las acciones de emergencia, la prevención de incendios en conjunto con Bomberos ante las fallas de los transformadores, y el seguimiento directo de su solicitud.
“La comunidad de Bella Vista no tolerará más respuestas evasivas ni temporales. Necesitamos certidumbre para vivir, trabajar y asegurar la integridad de nuestras familias y bienes”, concluyeron en la nota que firmaron como “vecinos y vecinas organizados”.