El gobierno cubano que preside Miguel Díaz-Canel negó la autorización para una marcha que pretendía llevar a cabo el 15 de noviembre una plataforma opositora conocida como Archipiélago.
Los organizadores de la movilización, denominada oficialmente Marcha Cívica por el Cambio, en su petición presentada ante las autoridades citaron el artículo 56 de la nueva Constitución cubana, que expresa que “los derechos de reunión, manifestación, y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”, informó Sputnik.
Pero también basándose en la carta magna, el gobierno en su carta de respuesta publicada por el portal de noticias oficial Cubadebate, denegó el permiso. “La marcha es una provocación, como parte de la estrategia de cambio de régimen. El artículo 4 de la Constitución define que el socialismo en Cuba es irrevocable, por lo que toda acción en su contra es ilícita”, se argumentó desde el gobierno.
“Los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba”, se agregó además en la comunicación oficial. Paralelamente, en un comunicado publicado por la cancillería cubana se acusó a los organizadores de la protesta de mantener estrechos vínculos con sectores de la contrarrevolución tradicional y nuevos personajes, “educados en los cursos de liderazgo que financian fundaciones norteamericanas”.
Desde el Ministerio de Exteriores se aseguró que los promotores de la marcha vetada tienen vínculos manifiestos con Estados Unidos y que la administración Biden se involucró “directamente” en la “promoción” de futuras movilizaciones, a pesar de que su embajada en la isla “no cumple desde hace años oficio diplomático alguno” y sus funcionarios ejercen “de niñeros de los exponentes contrarrevolucionarios y provocadores”, consignó el portal Europa Press.
Después de las inéditas movilizaciones del 11 de julio en La Habana y otras localidades del país, que terminaron con disturbios y centenares de detenidos, muchos de los cuales permanecen encarcelados, el clima político se tensó en la isla, que como consecuencia de la pandemia de coronavirus está viviendo un período particularmente duro, con escasez de productos alimenticios e insumos médicos con una inflación creciente como telón de fondo.
Originalmente, la idea de los opositores era hacer la movilización el 20 de noviembre, pero ese día el gobierno decidió hacer el acto del Día Nacional de la Defensa, lo cual pareció ser un anticipo de la denegación de la autorización de la marcha hecha pública el martes.
De acuerdo con la legislación cubana, los derechos de huelga y de manifestación no están contemplados fuera de las instituciones estatales, por lo que, de haberse autorizado, la marcha del 15 de noviembre habría sentado un precedente histórico en la isla.
Ahora, ante la negativa del gobierno, los integrantes de Archipiélago se van a reunir para determinar los pasos a seguir. “La respuesta del régimen demuestra una vez más que no existe en Cuba el Estado de Derecho, que no están dispuestos a respetar ni siquiera su propia Constitución y que violan los derechos humanos de los cubanos”, fue el mensaje de la plataforma en su cuenta de Twitter.
Su líder, el dramaturgo Yunior García Aguilera, manifestó su desazón por la decisión del gobierno y lamentó las acusaciones lanzadas contra su organización de estar siendo financiada desde Estados Unidos. “Siempre, [ante] cualquier cosa que el cubano haga, van a decir que se le ocurrió a alguien en Washington, es como si no pensáramos, como si no tuviéramos cerebro los cubanos”, expresó García, de acuerdo a lo que informó la agencia Efe.
En La Habana, los organizadores preveían la participación de unas 5.000 personas en un recorrido que comenzaría en la avenida del Malecón y finalizaría frente al Capitolio Nacional. “Cualquier cubano sensato quiere cambio para bien, cualquier cubano sensato quiere que en Cuba haya más democracia, que haya más progreso, que haya más libertad, en todos los sentidos”, agregó el activista.