Ante lo que calificó como un estado de “grave conmoción interna” causado por el “aumento de la actividad delictiva”, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, declaró a partir de este martes 60 días de estado de sitio. La decisión implica un despliegue de policías y militares en las calles de todo el país con la tarea de “controlar” esta situación y “restablecer la convivencia pacífica y el orden público”, según el decreto del gobierno.
Una de las medidas que Lasso se propone aplicar en el marco de este régimen excepcional consiste en la creación de una Unidad de Defensa Legal de la fuerza pública que se encargará de representar a aquellos policías y militares que sean denunciados por hechos vinculados con sus tareas. Con ese fin, el gobierno se propone enviar al parlamento, la Asamblea Nacional, un proyecto de ley que cree esa nueva unidad.
Para Lasso, “la ley debe intimidar al delincuente, no a la Policía”, y por ese motivo, su gobierno “indultará a todos aquellos que hayan sido injustamente condenados por haber cumplido con su labor”. Según citó el diario El Universal, el presidente agregó: “Nuestros jueces deben garantizar la paz y el orden, no la impunidad y el crimen”.
En su discurso, Lasso llamó a los policías y militares a actuar “con la valentía que los caracteriza”. El gobernante derechista de 65 años aclaró que “en todo momento” los militares “actuarán en coordinación con la Policía”, y aplicando reglas de “uso progresivo de la fuerza” y principios de “excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad”, según citó la agencia Efe.
Al igual que las fuerzas de seguridad de Chile y de Colombia, las de Ecuador han sido muy cuestionadas a partir de la última gran ola de protestas que atravesaron los tres países, a fines de 2019 y comienzos de 2020, por la violencia desplegada contra manifestantes y la población civil en general. El lunes, horas antes de que el presidente ecuatoriano emitiera su decreto, organizaciones sociales y políticas habían vuelto a realizar movilizaciones. El aumento del precio de los combustibles, a partir de un decreto presidencial, y el rechazo a distintas políticas y reformas del actual gobierno –que han encontrado frenos en la Asamblea Nacional– impulsaron las manifestaciones.
A todo esto, se agregó la instalación, también el lunes, de una comisión investigadora para esclarecer los datos revelados por los Pandora Papers acerca de empresas en paraísos fiscales que tuvo el mandatario y que también generaron repudio y reclamos de parte de la oposición y organizaciones sociales.
Lasso apunta al narcotráfico
Pero al declarar el estado de sitio, el presidente no aludió a las movilizaciones sociales, sino a la actividad delictiva que ha crecido en el país. Durante los últimos días se reportó en Ecuador una ola de delitos violentos, en particular en la ciudad de Guayaquil, y en lo que va del año hubo cerca de 1.900 homicidios intencionales, unos 500 más que en todo 2020. De acuerdo con Lasso, el incremento de la violencia está vinculado con el tráfico de drogas, al que identificó como un “enemigo”.
“Cuando el narcotráfico crece, aumentan también el sicariato, asesinatos, robos a domicilios y vehículos. Más de 70% de muertes violentas en Guayas está relacionado con el tráfico de drogas”, afirmó el presidente. La provincia de Guayas, donde se encuentra Guayaquil, la ciudad de la que es oriundo Lasso, es una de las zonas donde hoy mismo se desplegaron militares. Lo mismo se decidió para las provincias de El Oro, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos. En esos territorios el despliegue de seguridad se sentirá “con fuerza en las calles”, donde habrá patrullaje, controles de armas e inspecciones, dijo Lasso. Los medios ecuatorianos mostraban imágenes de militares con la cara cubierta y armas largas deteniendo autos.
El gobernante señaló que Ecuador es catalogado como un país de tránsito del narcotráfico, y dijo que el pasaje de droga proveniente de Colombia y Perú aumentó el consumo dentro del país. Antes de anunciar su decreto, el lunes, Lasso había destituido a su ministro de Defensa, Fernando Donoso, que fue reemplazado por otro oficial retirado, el general Luis Hernández. La remoción de Donoso tuvo lugar en medio de una crisis carcelaria que dejó más de 100 muertos, y que se agregó a los problemas sociales que enfrenta el país.