Las elecciones municipales paraguayas del 10 de octubre han registrado una serie de novedades. En primer término, se trata de elecciones realizadas en el contexto de la pandemia mundial generada por la covid-19. La consecuente crisis sanitaria en Paraguay ha tenido un saldo de más de 16.200 fallecidos y se ha caracterizado por la deficiente gestión gubernamental y numerosas denuncias de corrupción en diferentes espacios estatales, que han generado nuevas movilizaciones sociales. Estas elecciones debían haberse realizado en noviembre de 2020 y han sido postergadas debido a la crisis sanitaria, lo que implica que por única vez el mandato de las autoridades municipales electas se reducirá a cuatro años en lugar de cinco, como lo establece la Constitución Nacional.
En segundo término, otra diferencia con respecto a elecciones anteriores –que incluso ofrece una hipótesis para entender los resultados– se vincula con la aprobación de la Ley 6.318/2019, que incorpora el voto preferente para tratar de revertir el desprestigio de las instituciones: las listas seguirán siendo cerradas y por partido, pero cada elector elegirá una lista y dentro de ella marcará al candidato de su preferencia. Esta innovación en el sistema electoral paraguayo generó una explosión de candidaturas, especialmente fuera de los partidos tradicionales. En total se presentaron 831 candidatos para 261 cargos de intendente municipal y 15.535 candidaturas para un total de 2.781 concejales municipales. Esto llevó a la dispersión de los votos opositores, dado que se presentaron 28 partidos, 113 movimientos, cuatro concertaciones y 118 alianzas electorales, de acuerdo con datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Pese a las divisiones internas, el tradicional Partido Colorado –hegemónico durante casi todo el siglo XX, incluidos los 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner– concurrió a los comicios bajo el movimiento denominado Concordia Colorada, que sumaba a los adherentes del movimiento Colorado Añeteté, liderado por el presidente, Mario Abdo Benítez, y el movimiento Honor Colorado, fundado por el expresidente Horacio Cartes. La primera facción partidaria se encuentra debilitada debido a la deserción de sus referentes y al enfrentamiento con Cartes. El expresidente, que gobernó en el período 2013-2018, concentra el poder político y económico en el país. En reiteradas ocasiones ha sido acusado de contrabando de cigarrillos e incluso se dictó una orden de captura preventiva contra él durante una investigación por corrupción que lo vincularía con el caso Lava Jato y una red de lavado de dinero transnacional. Recientemente ha aparecido en los Pandora Papers debido a la propiedad de empresas offshore.
Los votos opositores se dispersaron en 28 partidos, 113 movimientos, cuatro concertaciones y 118 alianzas electorales.
De los 261 distritos del país, en un total de 160 ha triunfado un candidato colorado para ocupar el cargo de intendente municipal. En muchos de ellos, también la Junta Municipal posee ahora mayoría colorada. Y, mientras que en el anterior período 147 municipios habían quedado en manos de un intendente colorado, ahora el número se eleva a 160. Por su parte, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) –considerado el mayor partido de la oposición– ha perdido cargos de intendente en 15 municipios del país. Asimismo, las alianzas electorales que aglutinan a diversas agrupaciones, algunas con candidaturas de izquierda, lograron conquistar un total de 37 cargos de intendente municipal, lo cual implica un aumento de 12 intendencias con relación al período anterior.
Asimismo, en 11 de las 17 capitales departamentales del país el Partido Colorado ha logrado la victoria para las intendencias municipales. El triunfo incluye a Asunción, la capital del país, pese a que el candidato colorado fue sindicado como responsable de sobrefacturaciones y una serie de irregularidades sobre gastos municipales durante la pandemia. Por su parte, el PLRA ha triunfado en apenas tres cabeceras departamentales y en otras tres lo han conseguido alianzas regionales. En las dos principales ciudades del país, Ciudad del Este y Encarnación, candidatos de movimientos políticos regionales han ganado por amplio margen a los postulantes colorados.
Viejos partidos en sistemas renovados
Análisis preliminares permiten inferir que el sistema de lista desbloqueada y voto preferente implementado por primera vez en esta elección ha favorecido a los partidos tradicionales, principalmente al oficialismo. En primer lugar porque, en Paraguay, la pertenencia afectiva a los partidos políticos prima a la hora de ejercer el voto. Y esa pertenencia está más ligada a los partidos clásicos. En segundo término, la existencia del voto preferente ha obligado a cada uno de los integrantes de las listas a desarrollar una campaña electoral activa. En comicios anteriores, solamente los candidatos ubicados en los primeros lugares de cada lista resultaban más “visibles” para los votantes en general. La visibilidad en estas elecciones habría contribuido a generar votos críticos dentro de los mismos partidos tradicionales.
Dentro del gobernante Partido Colorado, resultó debilitado el movimiento Colorado Añeteté, liderado por el presidente Mario Abdo Benítez, frente a Honor Colorado, el sector del expresidente Horacio Cartes.
Por otro lado, una de las causas de la eclosión de candidaturas es que los municipios se han convertido en una fuente de recursos apetecible como plataforma electoral para los comicios nacionales. Desde 2012, estos organismos se nutren del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Esta entidad fue creada para asignar los ingresos que el país recibe en concepto de compensación por la cesión a Brasil de la energía de la entidad Binacional Itaipú. No obstante, existe inequidad en la distribución territorial de dichos recursos, además de asimetrías en la capacidad de gestión de los municipios.
Una diferencia fundamental con elecciones anteriores la constituyó la inédita violencia política –manifestada en acciones de sicarios, ataques a viviendas y vehículos, y amenazas de muerte– iniciada en las primarias de junio y recrudecida en estos comicios. Se ha registrado una decena de atentados que han dejado víctimas fatales entre candidatos y familiares o allegados. Al respecto, el propio titular del Ministerio del Interior (ente encargado de la seguridad nacional), Arnaldo Giuzzio, aseguró que la mayoría de los atentados se encuentran ligados al narcotráfico y argumentó como una de las causas el “abaratamiento” en la contratación de sicarios.
Los hechos de violencia política han tenido lugar en los departamentos de Boquerón, Cordillera, Caaguazú, Guairá, Ñeembucú, Itapúa, San Pedro, Amambay, Canindeyú y Alto Paraná. De estos atentados han sido víctimas referentes de partidos opositores, aunque en menor medida también del partido oficialista.
Sara Mabel Villalba es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Tiene un máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Una versión de este artículo fue publicada originalmente por Nueva Sociedad.