En una Convención del Partido Republicano convocada en forma extraordinaria antes de las elecciones legislativas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los presentes que el 3 de noviembre hagan de cuenta que lo están votando a él. “Les pido que finjan que estoy yo en la papeleta” al elegir congresistas, dijo el mandatario en el evento realizado en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas.
La centralidad del presidente en el acto político fue tal que sus partidarios se referían a la convención como “Trump-a-palooza”, como si fuera un “festival de Trump”.
Gran parte de la atención que concitó su discurso dentro y fuera de la convención se debió a una promesa que hizo ante el público. El presidente dijo que su gobierno hizo “las cosas tan bien”, y su “país está ganando tanta plata”, que les haría una promesa que solo él puede hacer: “Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado [...] emitiré un dividendo de 5.000 dólares para cada ciudadano adulto en Estados Unidos”, dijo.
El anuncio de ese pago masivo por votos fue recibido con aplausos en la convención, pero recibió cuestionamientos éticos y económicos.
Trump no especificó con qué fondos financiará esta promesa, que según calculó el portal Axios implicaría un costo total de 1,3 billones de dólares [lo que los estadounidenses llamarían 1,3 trillones]. A ese total se deberían sumar los costos administrativos de hacer llegar 5.000 dólares a unos 260 millones de personas.
Todo este gasto se desplegaría en un país en el que el déficit federal se acerca a los dos billones anuales. Según recordó The Guardian, el gasto del gobierno en 2025 fue de unos siete billones de dólares, de los cuales cerca de dos billones se financiaron mediante la emisión de deuda.
El vicepresidente, James David Vance, dijo a Fox News que los aranceles serían una fuente de financiamiento para la promesa de Trump, pero según Axios esa recaudación ronda los 300.000 millones de dólares por año y varía según decisiones políticas, judiciales y comerciales.
Además, lo que Trump prometió podría enfrentar cuestionamientos ante la Justicia, señaló Newsweek. Un exfiscal federal consultado por esa revista, Michael McAuliffe, dijo que “ofrecer un incentivo económico para votar de determinada manera en una elección constituye, potencialmente, un delito”, y que “en cualquier otro contexto una declaración tan descarada justificaría que las autoridades iniciaran una investigación preliminar” sobre “una posible ilegalidad”.
Otra exfiscal federal, Barbara McQuade, dijo a la revista que es difícil que esta acción se considere amparada en la inmunidad presidencial, porque “provino de Trump en su calidad de miembro de un partido político, no como presidente”.
Marc Goldwein, que integra la organización civil Comité para un Presupuesto Federal Responsable, advirtió en declaraciones a The Guardian que una inyección de dinero de ese tipo podía causar “un auge económico artificial efímero seguido por un desplome recesivo”. Pero señaló que le preocupaba más pensar que “si esto funciona, la lección para cualquier político futuro será: si querés ganar unas elecciones, prometé un billón de dólares”.
Desde distintos ámbitos se calificó la iniciativa de Trump como un intento de comprar votos. Así lo dijo el gobernador de California, Gavin Newson, que calificó al presidente como “el hombre más corrupto que jamás haya ocupado el Despacho Oval”, y también lo dijo Peter Schiff, comentarista económico libertario y responsable de un fondo de inversión, Euro Pacific Asset Management.
Según citó The Guardian, Shiff dijo que la promesa ya está impactando en los mercados, con gente deshaciéndose de los bonos del Tesoro, pese a que los inversores en bonos saben que “no se cumplirá la promesa de Trump” ni siquiera si ganan los republicanos.
Agregó que “para empeorar aún más las cosas, Trump se refirió a sus sobornos de 5.000 dólares como ‘dividendos’, como si sus políticas hubieran sido tan exitosas que Estados Unidos contara ahora con excedentes para repartir”.
Además, la medida del presidente de recurrir a esta promesa de pago recuerda la necesidad de contrarrestar los bajos índices de aprobación que tiene el gobierno, que se refleja en encuestas de intención de voto para estas elecciones, en las que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y 35 de las 100 bancas del Senado. Las elecciones de mitad de mandato suelen ser adversas para el partido que gobierna, y este caso no parece ser la excepción.