A cinco días de las elecciones presidenciales, el Senado de Chile archivó a última hora del martes una acusación constitucional contra el presidente, Sebastián Piñera, por violar el “principio de probidad” de la Constitución y haber “comprometido gravemente el honor de la nación”.

La iniciativa requería 29 de los 43 votos del Senado para derivar en la destitución. La oposición cuenta con 24 escaños y necesitaba que al menos cinco legisladores del oficialismo la acompañaran, algo que no ocurrió. La acusación por violar el principio de probidad contó con 24 votos a favor y 18 en contra; la otra tuvo 22 respaldos y 20 rechazos. En ambos casos se abstuvo el senador oficialista Manuel José Ossandón.

La votación mostró diferencias dentro de la coalición Nuevo Pacto Social, ya que dos de sus integrantes rompieron la unidad opositora para votar con el oficialismo en contra de la acusación. Los disidentes fueron la presidenta del Senado, Ximena Rincón, y Francisco Huenchumilla, ambos de Democracia Cristiana, el partido al que pertenece la candidata presidencial de la coalición, Yasna Provoste, quien votó a favor de la acusación.

Piñera figura en la investigación periodística Pandora Papers por la compraventa de la minera Dominga por parte de sus hijos a un amigo suyo, por intermedio de una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas, por 152 millones de dólares. La compraventa tenía una cláusula que hacía caer la operación si la zona de instalación de la empresa era declarada de exclusión, parque o reserva nacional. El gobierno de Michelle Bachelet recomendó declarar el área protegida, pero al asumir Piñera esa recomendación fue desestimada.

Los negocios en paraísos fiscales de Piñera también están siendo investigados por la Fiscalía chilena.

El 9 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó el juicio político, luego de una maratónica sesión en la que el legislador Jaime Naranjo habló durante 15 horas para que el representante Giorgio Jackson, que atravesaba su último día de cuarentena por ser contacto estrecho del candidato presidencial Gabriel Boric, que había dado positivo de covid-19, pudiera llegar a tiempo para dar su voto definitivo.

Se trata de la segunda acusación constitucional que se archiva contra Piñera en este mandato. La primera se produjo a raíz de la represión de las protestas en 2019. Si bien el presidente salió ileso de esa acusación, no lo hizo su entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien sí fue destituido por el Poder Legislativo.