Mientras se espera conocer novedades sobre la salud de Julian Assange tras el fallo judicial que habilitó su extradición a Estados Unidos, el gobierno de Australia, país natal del periodista, entró en el caso y reclamó que no sea entregado a las autoridades estadounidenses.
En una columna de opinión publicada en el Sydney Morning Herald este martes, el viceprimer ministro australiano, Barnaby Joyce, afirmó que el fundador de Wikileaks “tiene derecho a la justicia” y que no debe ser enviado a Estados Unidos, sino juzgado en Reino Unido o directamente tramitar su regreso a Australia.
Joyce, que lidera el partido centroderechista agrario The Nationals, afirmó en el texto que “en una sociedad decente” existen una serie de derechos, como “la libertad y el hábeas corpus”, que “se aplican igualmente a la persona que tiene recursos ilimitados y ha sido bendecida con la mayor suerte en el sorteo aleatorio de la vida, o a aquellos que han sido menos afortunados”.
En el caso de Assange, “como individuo, te guste o lo desprecies, está más allá de él, dadas sus circunstancias, proteger sus derechos por sí mismo. Así que debemos esperar que los tribunales británicos lo hagan y juzgaremos a su sociedad en consecuencia”, consideró Joyce. “No lo conozco y, por lo que sé de él, no lo respeto. Supongo que no me agradaría. Y considero estos hechos como un llamado de atención para estar más alerta de que lo traten como a uno de mis colegas más poderosos o amigos más queridos”, explicó el vice primer ministro.
Joyce afirmó que Assange “no robó ningún archivo secreto de Estados Unidos, lo hizo la ciudadana estadounidense Chelsea Manning”, y argumentó que el periodista únicamente publicó los documentos. “En Australia recibió un premio Walkley [premio nacional de periodismo] por ello. Assange no violó ninguna ley australiana en el momento de sus acciones. Assange no estaba en Estados Unidos cuando ocurrió el evento por el que se está deliberando ahora en un tribunal de Londres. La pregunta es entonces por qué lo van a extraditar a Estados Unidos. Si insultaba al Corán, ¿sería extraditado a Arabia Saudita?”, se preguntó.
El político australiano se hizo otra pregunta: “Si estamos contentos de que este proceso de extradición de un australiano a Estados Unidos por infringir sus leyes, incluso cuando no estaba en ese país, es justo, ¿estamos preparados para aceptarlo como un precedente para aplicar a cualquier otra ley de cualquier otra nación para alguno de nuestros ciudadanos?”.
“No tengo poder en Gran Bretaña o Estados Unidos sobre estos asuntos. No tengo legitimación en los tribunales británicos. Pero en ese lugar de nacimiento del derecho consuetudinario espero que los eruditos lleguen a una conclusión justa. Deberían juzgarlo allí por cualquier delito que presuntamente cometió en suelo británico o enviarlo de regreso a Australia, donde es ciudadano”, concluyó Joyce.
Luego de que se publicara la columna del vice primer ministro, su posición recogió apoyos en otros sectores políticos australianos. Los parlamentarios del Partido Liberal Jason Falinski y Bridget Archer reclamaron al gobierno que busque mecanismos para asegurar el retorno de Assange a Australia. En declaraciones a The Guardian, Falinski sostuvo que el gobierno debe “hacer todo lo posible para que un ciudadano australiano regrese a Australia lo más rápido posible”, aunque rechazó la posibilidad de que se genere un enfrentamiento diplomático con Estados Unidos. Archer, en tanto, manifestó que el fundador de Wikileaks “debería ser liberado y devuelto a Australia”.
Julian Hill, legislador del opositor Partido Laborista australiano, también reclamó por el regreso de Assange a Australia. En un video publicado en su cuenta de Twitter dijo que era “una vergüenza que el ministro de Relaciones Exteriores y el primer ministro de Australia no hayan hecho nada para defenderlo”, al tiempo que reclamó “líderes políticos que hablen en apoyo de nuestros valores y de nuestro ciudadano”.
El Tribunal Supremo británico resolvió el viernes 10 hacer lugar al recurso presentado por Estados Unidos, que reclamó la extradición del fundador de Wikileaks para ser juzgado por 18 cargos, el principal de los cuales es su participación en el hackeo de Chelsea Manning a las bases de datos del Ejército estadounidense. Con los documentos a los que accedió Manning, Wikileaks reveló los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas estadounidenses en Irak y Afganistán.