Investigan una supuesta ofensiva del anterior gobierno de Buenos Aires para llevar a la Justicia a sindicalistas

Un video registrado en 2017 y conocido la semana pasada causó un nuevo escándalo de persecución judicial a dirigentes en Argentina. En esa grabación el entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, afirma: “Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”. Todo indica que Villegas no sabía que estaba siendo filmado cuando dijo esas palabras en una reunión con empresarios, funcionarios de inteligencia y otros integrantes de la administración de la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. En el video Villegas explica a los empresarios que es necesario “preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial”.

Al conocerse ese documento, la jefa de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunció el caso a la Justicia para que investigue si se armaron causas judiciales contra sindicalistas, entre ellas la del dirigente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina en La Plata, Juan Pablo Medina. Según la prensa argentina, se habló de Medina en esa conversación, en la que se mencionó la estrategia de parar obras de construcción para generar una reacción de los dirigentes y así conseguir elementos que permitan denunciarlos por amenazas o extorsión. Medina fue investigado por una denuncia anónima de extorsión, lavado y asociación ilícita.

Caamaño denunció que el video muestra “la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical”. La jefa de la AFI agregó, en declaraciones a la agencia Télam: “Es la Justicia la que debe determinar la figura de delito que se adjudica a los funcionarios. Los videos muestran esta reunión del 15 de junio de 2017, donde hay mesa judicial de la provincia de Buenos Aires”. Por “mesa judicial” se refiere a un ámbito de coordinación de acciones contra dirigentes opositores.

“Aparentemente Vidal tiene responsabilidad en esto, ya que, si sus ministros están haciendo semejante reunión, es difícil que la gobernadora no lo sepa”, agregó Caamaño. Los funcionarios del gabinete de Vidal que asistieron a ese encuentro eran, además de Villegas, el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, y el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi. A ellos se suman el senador Juan Pablo Allan y el intendente de La Plata, Julio Garro, además de funcionarios de la AFI.

Por otra parte, en el Congreso argentino la Comisión Bicameral de control de los organismos de inteligencia creó una subcomisión para investigar este asunto, y dispuso citar a los participantes en la reunión.

“Hablan de una Gestapo para terminar con los gremios, eso dice el que era ministro de Trabajo. Es como que un médico diga que quiere matar a los pacientes, o un maestro que no quiera enseñar a escribir o a leer. Es todo lo que está mal lo que se habla en esa reunión”, dijo Caamaño. La funcionaria agregó que el video demuestra el lawfare, la persecución judicial que se llevaba adelante durante el macrismo.

Villegas pidió “profundas y sinceras disculpas” por sus dichos y afirmó que están “lejos” de expresar su “forma de sentir, de pensar y de actuar”. Las dos grandes centrales sindicales argentinas repudiaron sus expresiones. La Confederación General del Trabajo manifestó en un comunicado que el video permite “confirmar, definitivamente y sin dudas, que en la Argentina existió durante el gobierno de Cambiemos un artero ataque político cuyo objetivo era disciplinar y condicionar, entre otras organizaciones, a los representantes del movimiento obrero”.

A su vez, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, dijo que “el hecho de que se haya hablado de la necesidad de una Gestapo para confrontar con el movimiento sindical –porque no se habló de tal o cual dirigente–, le da inusitada gravedad al hecho”. El líder de la CTA agregó: “Por eso creemos que esto no puede quedar impune, no puede pasar como un hecho de menor importancia en un país que conoció y tiene las cicatrices todavía del terrorismo de Estado”. Para Yasky, “que el poder político de la provincia de Buenos Aires, en la gestión de la coalición de Cambiemos, desee tener como herramienta de control y dominación una policía secreta tipo Gestapo nazi, habla por sí solo del objetivo persecutorio y disuasorio contra las organizaciones gremiales y democráticas”.

Por otra parte, el diario Página 12 informó que Alberto Pérez, el ex jefe de Gabinete de Daniel Scioli durante su mandato como gobernador de la provincia de Buenos Aires, entregará al juez que tramita esta investigación, Ernesto Kreplak, información que puede aportar pruebas sobre el caso. Llevará al juzgado dos audios en los que un subcomisario que estuvo involucrado en allanamientos a su vivienda y también a la casa y una empresa de Scioli declara que funcionó una “mesa judicial” en la provincia.