El juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, ordenó al Banco Central que bloquee las cuentas bancarias de 43 empresas y empresarios sospechosos de organizar y financiar manifestaciones golpistas en varios estados del país. El magistrado consideró que ante la posibilidad de una escalada en esos “actos antidemocráticos”, el bloqueo de cuentas es “necesario, adecuado y urgente”.

La decisión de De Moraes se basa en reportes enviados a la Justicia por las policías militar, civil y federal, y por el Ministerio Público de diversos estados: Acre, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul y Santa Catarina.

Desde el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral del 30 de octubre, partidarios del actual presidente, Jair Bolsonaro, han desplegado cortes de rutas y actos frente a cuarteles militares. Piden a las Fuerzas Armadas que intervengan para evitar que el líder del Partido de los Trabajadores asuma la presidencia el 1º de enero.

Las policías locales identificaron a políticos, policías, expolicías, otros funcionarios, estancieros y empresarios del agronegocio como sospechosos de financiar esas manifestaciones. El financiamiento consistió, por ejemplo, en brindar vehículos que se utilizaron para bloquear las calles o alquilar baños químicos y autos parlantes para que los utilizaran los manifestantes, informó la revista Carta Capital.

“El desplazamiento no auténtico y coordinado de camiones para Brasilia, para una ilícita reunión en los alrededores del cuartel general del Ejército, con fines de ruptura del orden constitucional –incluso con pedidos de ‘intervención federal’, mediante interpretación absurda del artículo 142 de la Constitución Federal– puede configurar el delito de Abolición Violenta del Estado Democrático de Derecho (art. 359-L del Código Penal)”, dijo De Moraes en su pronunciamiento judicial. La decisión del juez llega después de que el martes, día de Proclamación de la República, los actos frente a cuarteles crecieran aprovechando el feriado.

La mayoría de los bloqueos de cuentas bancarias dispuestos por el juez afectan a empresarios del sector agrícola, que en muchos casos son propietarios de los camiones que bloquearon las carreteras desde el triunfo de Lula.

De Moraes señaló que esas convocatorias significan “un abuso reiterado del derecho de reunión”, que en este caso está “dirigido, ilícita y criminalmente, a propagar un incumplimiento del resultado de la contienda electoral” a través de una “ruptura del Estado Democrático de Derecho y la consecuente instalación de un régimen de excepción”.

Menciona el caso del Cuartel General del Ejército en Brasilia, en torno al cual acampan unas 1.000 personas desde el 31 de octubre, y agrega que las autoridades policiales sospechan que empresarios “financiarían esos actos antidemocráticos” al brindarles a esas personas “una estructura completa”, que incluye desde carpas y baños hasta alimentación, informó la agencia Efe.

De Moraes afirmó que “ese escenario exige una reacción absolutamente proporcional del Estado, en el sentido de preservar los derechos y las garantías fundamentales”, frente a una “posible influencia económica en la propagación de ideales y acciones antidemocráticas”.

Ante los llamados a una intervención militar, las Fuerzas Armadas de Brasil expresaron el viernes 11 su “pleno compromiso” con la democracia. “Sobre las manifestaciones populares que ocurren en numerosos lugares del país, la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea de Brasil reafirman su compromiso irrestricto con el pueblo brasileño, con la democracia y con la armonía y la paz social”, dice un comunicado firmado por tres comandantes. Agrega que “la solución de las posibles controversias en el seno de la sociedad debe valerse de instrumentos legales del Estado Democrático de Derecho”, respetando la “plena independencia” de los poderes.