El censo de población que inicialmente estaba previsto para el próximo miércoles se convirtió en un problema político en Bolivia. La decisión del gobierno de postergarlo para 2024, alegando razones técnicas, originó una ola de protestas en la región opositora de Santa Cruz, la más rica del país. Primero se organizaron paros aislados, y el viernes se cumplieron 21 días de huelga para reclamar que el censo se lleve adelante en 2023.

Para Santa Cruz y otros departamentos que amenazan con sumarse a la medida, como Cochabamba y La Paz, el censo es determinante para actualizar la distribución de recursos para las distintas regiones, así como para la asignación de cuotas de representación política en el Parlamento, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Reclaman que el censo se realice en 2023 para que los datos que surjan se tengan en cuenta en las elecciones de 2025.

Mientras tanto, el impacto económico y político de la huelga que se mantiene desde el 22 de octubre es estimado por el gobierno en 720 millones de dólares.

A los cortes de rutas impulsados por los promotores del paro se agregan otros que llevan adelante grupos afines con el gobierno para bloquear los accesos a Santa Cruz y evitar el ingreso de alimentos y combustible a esa región. Para esos grupos, igual que para el gobierno, la huelga en Santa Cruz tiene un tono golpista que recuerda lo ocurrido en 2019, cuando Evo Morales fue forzado a dejar la presidencia y salir del país. En aquellos hechos, una de las caras más visibles de las movilizaciones contra Morales fue Luis Fernando Camacho, el actual gobernador de Santa Cruz.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, responsabiliza a Camacho por las pérdidas que la huelga causa al país. A su vez, Camacho afirma que “el gobierno no tiene la voluntad de resolver el conflicto”.

El martes, el presidente Luis Arce cumplió dos años de mandato y presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un informe en el que destacó los logros económicos de ese período, como el crecimiento de 4,1% en la economía y la inflación más baja de la región. “Hoy estamos pasando momentos en los cuales algunos grupos quieren volver a desestabilizarnos [como en 2019], pero estoy seguro de que la organización, movilización y conciencia de un pueblo que avanza, que quiere trabajar y que quiere seguir creciendo vencerá todo este tipo de adversidades”, dijo, sin mencionar a Santa Cruz o al censo. En el Parlamento, mientras algunos coreaban consignas de apoyo a Arce, otros repetían “censo, censo, censo”.

Esta crisis afectó también la interna del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), y quedó en evidencia en los reclamos que hace Evo Morales al actual gobierno. “El plan de la derecha es debilitarnos políticamente y destrozar la economía con el paro. Pero el problema por el censo se mantiene. ¿Será que algún sector del gobierno quiere ser cómplice para arruinar la economía? No creo. Algo está pasando. Es momento de poner orden”, tuiteó.

Morales pidió al gobierno que resuelva el problema del censo y de la huelga, y agregó: “Lamentamos y rechazamos la falta de sensibilidad y solidaridad de algunas ministras y ministros con el sufrimiento de hermanas y hermanos que cada día comprueban la destrucción de su economía familiar por un paro que podía evitarse con un manejo oportuno y responsable”. El expresidente le reiteró a Arce su “pedido para que anuncie una fecha definitiva del censo y permita que el pueblo vuelva a trabajar”. Agregó que no tomar esa decisión “es prestarse al juego de la derecha”.

Los intentos de diálogo que llevó adelante el gobierno de Arce avanzaron hasta la instalación, el viernes 4, de una comisión técnica encargada de ponerle fecha definitiva al censo e integrada por representantes de los nueve departamentos del país. Pero el martes, varios representantes se retiraron de la comisión por considerar que no se tomaban en cuenta sus sugerencias. Camacho llamó ese día a “radicalizar las medidas” porque “lamentablemente el gobierno no escucha”.

Por su parte, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, dijo que quienes abandonaron ese ámbito no tenían argumentos ni pudieron sustentar técnicamente una reducción del cronograma para que el censo se lleve adelante en 2023, aunque se “sigue trabajando”.

Este viernes el gobierno boliviano pidió que se investiguen cuatro muertes así como varias agresiones que se registraron en el marco del paro. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dijo que esta movilización “está lejos de ser una protesta pacífica”.