En un video publicado en su cuenta de Twitter en el que aparece acompañado por su esposa y su hija, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo que “la paz ya no es un sueño lejano o una palabra vacía”, sino “una realidad”. “Confiamos en Dios que esta será la primera de muchas navidades que nuestro país celebrará con seguridad, libertad y paz”, expresó el mandatario en el mensaje.

Hace pocos días en Twitter, su canal de comunicación predilecto, Bukele, de 41 años, llegó a decir que el que preside es “el país más seguro de Latinoamérica”, citando cifras oficiales respecto de la drástica reducción de crímenes y homicidios que hay en el país desde que, con la anuencia del Parlamento, donde su sector político tiene una abrumadora mayoría, decretó en marzo de este año el régimen de excepción.

Bajo esta figura legal en la que el país centroamericano está viviendo desde entonces, porque el régimen fue prorrogado sucesivamente por los parlamentarios, están suspendidos varios derechos constitucionales, como la libertad de asociación, el derecho de defensa o la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones. Además, el plazo de detención administrativa, que antes era de 72 horas, ahora es de 15 días.

Si bien inicialmente la medida impulsada por Bukele tenía la finalidad de frenar el accionar de las maras, organizaciones delictivas de enorme influencia en el país, entidades de derechos humanos locales e internacionales, como así también familiares de detenidos, denunciaron arrestos arbitrarios, que se centraron en barrios pobres de las principales ciudades del país.

En el marco de la rápida militarización que vivió el país, cerca de 60.000 personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad desde que se declaró el régimen de excepción, por lo que se estima que actualmente hay alrededor de 100.000 presos, 2% del total de la población adulta del país. La mayor parte de quienes fueron arrestados desde marzo permanecen presos a la espera de ser juzgados, y en numerosos casos se denunció que se encarceló a personas que no habían cometido ningún delito.

Hace pocos días la organización de defensa de los derechos humanos salvadoreña Cristosal presentó un informe en el que señaló que desde que entró en vigor el régimen de excepción había recibido 3.056 denuncias con 3.181 personas afectadas en sus derechos, de las que 59% son jóvenes de 18 a 30 años. En el documento se agregó además que 55 denuncias fueron hechas por personas integrantes de la comunidad LGTBI, y 97,3% de las denuncias son por “detenciones arbitrarias”. Estas cifras, sumadas a las denuncias por violaciones a derechos humanos de otras organizaciones y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, rondan un total de 7.500 denuncias.

En las últimas horas, grupos de familiares de personas detenidas se manifestaron en las afueras de algunas cárceles para pedir a las autoridades que les permitan ver a sus seres queridos, ya que, al no tener respuesta alguna del Estado, en muchos casos no saben ni siquiera si están con vida o no.