A pocos días del inicio del juicio por esterilizaciones forzadas, el Tribunal Constitucional peruano resolvió este jueves dejar sin efecto la sentencia que anulaba un indulto para el expresidente y exdictador Alberto Fujimori, por lo que el político quedará en libertad luego de tres años en la cárcel.

En diciembre de 2017, el entonces presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski, concedió un indulto al exmandatario, que se encontraba en la cárcel desde 2007 enfrentando y siendo condenado por diversos delitos como violaciones a los derechos humanos, peculado, corrupción y usurpación de funciones. Había cumplido casi la mitad de su condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

En octubre de 2018, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema anuló el indulto de Kuczynski por considerar que carecía de efectos jurídicos, ordenando nuevamente la búsqueda y captura de Fujimori. El político estuvo internado dos meses y en enero de 2019 regresó a la cárcel, donde se mantuvo hasta ahora.

Este jueves, ante un pedido del equipo defensor de Fujimori, el Tribunal Constitucional anuló la nulidad resuelta por la Corte Suprema en 2018, por lo que el indulto de Kuczynski (que renunció a la presidencia en octubre de 2018 tras descubrirse su vínculo con el caso Odebrecht) volvió a ser válido.

Sin embargo, los constitucionalistas peruanos señalan que esta resolución incumple el derecho internacional, ya que Fujimori tiene condenas por crímenes de lesa humanidad. Por este motivo, se espera que en los próximos días se lleve el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se anule la resolución del Tribunal Constitucional. Mientras dure el proceso, Fujimori, de 83 años, esperará en libertad.

El expresidente llegó a gobernar el país a través de elecciones entre 1990 y 1992, luego dio un autogolpe de Estado y pasó a gobernar el país de facto hasta 1995, cuando fue reelecto. En el año 2000, obtuvo una segunda reelección pero tuvo que renunciar en noviembre de ese mismo año, tras la divulgación de una serie de videos que muestran a Vladimiro Montesinos, mano derecha de Fujimori durante su presidencia y jefe de facto de la inteligencia peruana en esa época, sobornando a miembros de otros partidos para que apoyaran al presidente.

Los casos

Fujimori tenía que cumplir una sentencia de prisión de 25 años hasta 2032, por diversos delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Entre estos últimos se destacan dos casos. Uno de ellos es la matanza de Barrios Altos, en 1991, en la que 15 personas fueron asesinadas y otras cuatro resultaron heridas a manos del Grupo Colina, una organización paramilitar que respondía a los servicios de inteligencia, liderados por Montesinos.

El segundo caso, también protagonizado por el Grupo Colina, fue la masacre de La Cantuta, en 1992, en la que murieron diez personas: nueves estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que fueron secuestrados, torturados y asesinados por el grupo paramilitar.

Fujimori también fue condenado por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia y por usurpación de funciones tras comprobarse que supervisó el allanamiento a la casa de la exesposa de Vladimiro Montesinos.

Tiene también tres condenas por peculado: una por pagar una compensación ilegal a Montesinos por valor de 15 millones de dólares, otra por espionaje telefónico, compra de medios de comunicación y pago de sobornos a congresistas, y una tercera por desviar 122 millones de soles del presupuesto de las Fuerzas Armadas para comprar editoriales en los denominados “diarios Chicha”, característicos por su sensacionalismo a la hora de cubrir la crónica policial.

Además, Fujimori es investigado por más de 2.100 denuncias de esterilización forzada practicada a mujeres campesinas de los Andes peruanos.