Completamente relegada del foco internacional por el conflicto bélico de Ucrania, la guerra civil en Yemen ya lleva siete años de enfrentamientos entre los rebeldes hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, y la coalición liderada por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, y que ha provocado una crisis humanitaria gigantesca, la peor del mundo en la actualidad.

Según cifras reveladas por Amnistía Internacional en febrero, de los algo más de 30 millones de habitantes que tiene el país situado en el extremo sur de la península arábiga, más de 24 millones, 80%, dependían de ayuda humanitaria para sobrevivir y más de 16 millones sufrían de inseguridad alimentaria. A esta situación hay que sumarle la enorme cantidad de civiles que murieron en el marco de la guerra. De acuerdo a la Cruz Roja, en el conflicto interno yemení murieron cerca de 240.000 civiles, más de la mitad de ellos por causas indirectas, básicamente por falta de alimentos y servicios de salud.

La guerra está enfrentando a los rebeldes hutíes –fuerzas en las que predomina la población chií, aunque también hay suníes– con las fuerzas del gobierno central. En setiembre de 2014 los hutíes lograron tomar Saná, la capital del país, y desde ese momento el gobierno liderado por Abd Rabbuh Mansur al-Hadi desplazó su capital a Adén, la segunda ciudad más importante del país. En marzo de 2015 la coalición de estados vecinos liderada por Arabia Saudita, que también cuenta con el apoyo de Estados Unidos y otros países occidentales, bombardeó Saná, con lo que dio comienzo la guerra.

A fines del año pasado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que el conflicto estaba teniendo una escalada, algo que fue corroborado recientemente. De acuerdo a lo que expresó Iona Craig, una periodista británica que está trabajando para la ONG Yemen Data Project, en declaraciones a Radio Francia Internacional, 2022 es el año “más mortífero desde 2016. En los dos primeros meses de este año murieron la misma cantidad de personas que en los dos años anteriores juntos”. De acuerdo a una nota publicada por el mismo medio galo, el recrudecimiento de las muertes se dio en forma paralela a la disolución del Grupo de Expertos Eminentes (GEE), un órgano de observación dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que, desde su instauración y despliegue en el país en 2017, se encargó de supervisar la situación de los civiles en Yemen, dando cuenta de numerosos crímenes de guerra cometidos por los dos bandos en conflicto.

En las conclusiones de sus cuatro informes, este grupo de expertos pidió sistemáticamente a los beligerantes que dejen de atacar a los civiles. También exigió que los principales proveedores de armas, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, dejen de apoyar al gobierno saudí, que está determinado a no permitir que haya un estado con liderazgo chií cercano al suyo. Esta presión probablemente hizo que Arabia Saudita, responsable de una campaña aérea especialmente mortífera contra los civiles que se encontraban en las zonas dominadas por los hutíes, tomara represalias con presiones sin precedentes, documentadas por el diario inglés The Guardian, para poner fin a la misión de observación. Varios países votaron en contra de renovar el mandato del GEE, algunos a cambio de inversiones y otros por temor a que se prohibiera a sus ciudadanos hacer la peregrinación a La Meca, ciudad sagrada para los musulmanes, situada en territorio saudí.

El gobierno saudí consiguió que en octubre del año pasado el GEE dejara sus tareas en Yemen. Desde entonces los bombardeos se reanudaron con inusitada intensidad, dirigiéndose en particular a las infraestructuras civiles.