Luís Roberto Barroso, uno de los ministros que integran el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia de la Justicia brasileña, confirmó este jueves la condena de los policías involucrados en los asesinatos ocurridos durante la rebelión en la Casa de Detención de San Pablo, hace 30 años, el 2 de octubre de 1992, hecho que pasó a la historia como la masacre de Carandiru, nombre con el que se conocía al penal situado en la urbe paulista.

En total fueron 73 los policías condenados por matar a 111 detenidos en Carandiru, con penas que van de los 48 a los 624 años de prisión.

De acuerdo a lo que informó CNN Brasil, Barroso no dio lugar al recurso extraordinario solicitado por los abogados de los policías, que impugnaron una decisión de la Quinta Sala del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El Ministerio Público, a través del dictamen del abogado Luiz Augusto Santos Lima, también se pronunció en contra del recurso.

En la decisión, Barroso rechazó el argumento de la defensa de que hubo una violación de los principios de contradicción, defensa plena y debido proceso legal. En su argumentación, el magistrado también especificó que no hay “repercusión general” que justifique avalar el recurso presentado por los defensores legales de los policías condenados. La repercusión general es un instrumento procesal que permite al STF seleccionar qué recursos analizará, según criterios de relevancia jurídica, política, social o económica.

En 2021, una decisión del STJ sirvió al Ministerio Público de San Pablo para restablecer las sentencias de los policías involucrados en la masacre, después de que la 4ª Sala Penal del Tribunal del Jurado anulara las condenas.

La masacre comenzó con un motín de reclusos que se produjo en el pabellón 9 del penal, que en su momento fue uno de los más grandes de Sudamérica. Según recordaron medios brasileños, las autoridades a cargo del centro penitenciario prácticamente no realizaron movimiento alguno para negociar con los amotinados, que no pudieron ser detenidos por los guardias que trabajaban habitualmente en el lugar. Posteriormente entraron en acción los efectivos de la Policía Militar, al mando del coronel Ubiratan Guimarães, quienes fueron los que protagonizaron la masacre. De acuerdo a la versión oficial, en el hecho fueron asesinados 111 reclusos, 102 por disparos de la Policía Militar y nueve por apuñalamientos infligidos por otros presos antes de que llegara la Policía. De todas maneras, sobrevivientes del hecho afirman que la Policía disparó, además, a reclusos que se habían rendido y también a algunos que intentaron refugiarse en sus celdas, por lo que es posible que el número de muertos sea superior al que fue divulgado.

Seis juicios han tenido lugar desde entonces. En el primer juicio, en 2001, el coronel Guimarães fue condenado a 624 años de prisión por la muerte de 102 de los 111 presos asesinados.