Tras una docena de procesamientos en su contra, algunos de los cuales ya fueron desestimados, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, recibió este lunes el primer pedido de condena formulado por un fiscal federal en el marco de un juicio oral. Diego Luciani culminó un alegato que insumió nueve jornadas con la solicitud de una pena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina en el marco de la causa denominada Vialidad, centrada en la presunta cartelización de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.

En el inicio del juicio oral, pocos días antes de asumir la vicepresidencia, en diciembre de 2019, Cristina denunció, durante una encendida declaración indagatoria, que afrontaba una “condena escrita” en el marco de lo que entiende como una persecución encabezada por la oposición conservadora, los principales medios de comunicación y los jueces y fiscales federales.

El fiscal acusó a la vice y presidenta entre 2007 y 2015 de ser la supuesta jefa de una asociación ilícita y cometer fraude contra el Estado. Cristina difícilmente irá a la cárcel. Todavía restan los alegatos de los 13 imputados, lo que podría tomar hasta 39 jornadas de juicio oral. La sentencia del tribunal federal tiene dos instancias de apelación, incluida la Corte Suprema, que no tiene plazos para expedirse. Y mientras tanto, Cristina tiene inmunidad de arresto en función de su cargo. Además, como tiene 69 años, una eventual condena firme la encontraría con al menos 70, por lo que tendrá derecho a arresto domiciliario.

Todo eso, en el plano formal. Allegados a la vicepresidenta afirman que nunca intentó ampararse en sus fueros, además de lo que significaría una condena a una dirigente política que, incluso en horas bajas como las actuales, mantiene una fuerte adhesión de al menos un cuarto de la población. El lunes, ni bien culminó el alegato de Luciani, el presidente Alberto Fernández, muchos diputados y el ministro de Economía, Sergio Massa, manifestaron su repudio a un juicio al que consideran una prueba del lawfare.

Hay indicios para suponer que los jueces corroborarán todo o parte del pedido de condena formulado por el fiscal. Uno de los tres magistrados que componen el tribunal federal, Rodrigo Giménez Uriburu, integra un equipo de fútbol junto a Luciani, que también compone otro juez de una cámara federal que trata asuntos que atañen a la vicepresidenta. Los tres magistrados jugaron un torneo de fútbol en la quinta de Mauricio Macri “Los Abrojos”, en Pilar, norte de Buenos Aires. Hay registros fílmicos de un bonito gol del expresidente contra Liverpool. Otro de los jueces, Jorge Gorini, fue recusado por la defensa de Cristina, cuando salió a la luz que había tenido reuniones con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, halcona de la derecha opositora.

El expediente Vialidad es el que más lejos llegó de los entablados contra la vicepresidenta. Otros, como el de “traición a la patria” por el memorándum con Irán para investigar el atentado a la AMIA, la supuesta especulación con el dólar futuro en 2015, y Hotesur, por alquileres de propiedades a un empresario cercano, fueron clausurados por inexistencia de delito o vieron caer los cargos contra Cristina.

La acusación por la que recibió el pedido de 12 años de prisión tiene indicios que despiertan dudas. La causa se centra en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz a Austral Construcciones, firma del empresario Lázaro Báez. Este era un gerente bancario hasta que Néstor Kirchner asumió la presidencia, en 2003. De inmediato, el gerente se transformó en empresario de la construcción y, sin experiencia, fue ganando licitaciones provinciales y fortunas. Báez era amigo personal de Néstor y socio y cliente en negocios inmobiliarios de la familia Kirchner. Cuando el expresidente murió, en 2010, Cristina tomó distancia de Báez, como de varias de las relaciones heredadas, pero el vínculo comercial siguió un tiempo.

El fiscal Luciani hizo alarde de un histrionismo un tanto desmesurado durante su extenso alegato. El acusador afirmó no tener ninguna duda de que “Báez es Kirchner”, y calificó el esquema que imperó en beneficio del contratista santacruceño como “la mayor maniobra de corrupción del país” desde la recuperación democrática, en 1983.

La solvencia de las pruebas expuestas por Luciani, puesto bajo las luces y elevado a los altares por los principales grupos mediáticos, fue dispar. Cuando describió un sistema de adjudicación de obras que parecía orientado a que siempre ganara en Santa Cruz (extremo sur) la empresa de Báez, con controles laxos y competidores ficticios, su exposición pareció pisar en firme. Sin embargo, la grandilocuencia retórica de Luciani, que por momentos incluyó definiciones políticas de tinte opositor, le jugó en contra a la hora de trazar hipótesis más severas. Al cabo de más de media década de instrucción y debate oral, no fue hallado ningún documento, cuenta bancaria o arrepentido que diera cuenta de que las frondosas propiedades y decenas de millones de dólares en cuentas offshore a nombre de Báez o su familia pertenecen, en realidad, a los Kirchner. Luciani tampoco pudo reconstruir una pista que alumbrara el pago de sobornos.

El nudo turbio para los Kirchner es el hecho de haber mantenido una relación comercial con un contratista del Estado que se enriqueció durante sus 12 años de mandato. Esa sospecha, a la hora de fundamentar una condena, requiere pruebas que se inscriban en un tipo penal. En los tribunales federales argentinos, todo puede pasar.

Sebastián Lacunza desde Buenos Aires.