El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil que investiga los ataques del domingo 8 contra los tres poderes del Estado, Alexandre de Moraes, decretó la prisión preventiva por tiempo indeterminado para 140 de las 1.459 personas detenidas por esos hechos. La decisión fue tomada para “garantizar el orden público”, informó el tribunal.

Esos 140 detenidos están acusados por delitos como el de participar en actos de terrorismo, destrucción de predios públicos, asociación criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado. Algunos de ellos fueron imputados por amenaza, persecución e incitación al delito.

Otros 60 detenidos fueron liberados con medidas cautelares, pero pesan sobre ellos las mismas acusaciones. Según informó Agência Brasil, en esos casos se sustituyó la prisión preventiva por el uso de tobillera electrónica, la obligación de presentarse de manera semanal ante la Justicia y la prohibición de ausentarse del país o del lugar de residencia. En todos los casos se les suspendió el porte de armas de cualquier tipo, así como toda autorización de compra de armas para aquellos que son coleccionistas o cazadores. Además tienen prohibido conversar entre sí y utilizar redes sociales.

La mayoría de esas personas fueron detenidas cuando invadían y destruían las sedes del Congreso, el Poder Judicial y el palacio de gobierno y reclamaban una intervención militar que apartara de la presidencia a Luiz Inácio Lula da Silva.

En total, fueron realizadas hasta esta semana 1.459 audiencias de custodia de detenidos en esta investigación que es liderada por De Moraes y que contó con ayuda de jueces de tribunales del Distrito Federal brasileño, informó el Supremo Tribunal Federal.

También comunicó que De Moraes “consideró que hay pruebas en los autos de la participación efectiva de los investigados en una organización criminal que actuó para intentar desestabilizar las instituciones republicanas, y destacó la necesidad de indagar el financiamiento de la llegada y permanencia en Brasilia de aquellos que concretaron los ataques”.

A su vez, el Supremo Tribunal Federal dio plazo de diez días a la Policía para que presente un informe parcial sobre la investigación que lleva adelante acerca de esos actos golpistas. De Moraes pidió al director general de la Policía Federal, Andrei Passos, la presentación de las “pruebas recogidas”, e indicó que estas pueden identificar a funcionarios que pudieron “incurrir en delitos” durante su recolección, señaló la agencia de noticias Efe. Así, De Moraes respondió a un pedido de la Procuraduría General de la República que pedía investigar a varios funcionarios.

Uno de los funcionarios investigados es el gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, que fue suspendido en el cargo por 90 días por el Congreso debido a estos hechos, y otro es su entonces secretario de Seguridad, Anderson Torres, ahora destituido.

Torres, que también fue ministro de Justicia de Bolsonaro y se encuentra detenido desde que volvió de Orlando, Estados Unidos, el sábado, se negó a declarar en una audiencia por este caso, informó Folha de São Paulo. “El silencio de Anderson Torres durante el interrogatorio es un fuerte indicio. Es una pésima señal y demuestra que hay personas grandes involucradas en los actos terroristas de Brasilia”, dijo en Twitter el vocero del gobierno en la Cámara de Diputados, José Guimarães.

Por su parte, el expresidente Jair Bolsonaro, que es sospechoso de alentar esas movilizaciones, planea quedarse más tiempo en Estados Unidos, donde se encuentra desde el 30 de diciembre. De acuerdo con Folha, un grupo de empresarios tiene previsto unirse para financiar la estadía de Bolsonaro en Orlando, donde se encuentra con parte de su personal de seguridad.

Para recaudar fondos para pagar todos los gastos de Bolsonaro, sus aliados evalúan la posibilidad de organizar una serie de conferencias, una de las cuales daría el propio expresidente, a 10.000 dólares cada una, informó el periódico brasileño.

Por el momento, Bolsonaro se hospeda en una casa que pertenece al luchador de artes marciales mixtas José Aldo. Sin embargo, está en duda bajo qué tipo de visado o permiso de permanencia se quedaría en el país. Si bien viajó con un permiso especial como jefe de Estado, sólo puede mantener ese estatus por 30 días desde que dejó de representar al gobierno de Brasil, el 1° de enero.