El operativo por el que unos 400 policías antidisturbios irrumpieron con tanquetas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, y detuvieron a más de 200 personas que acampaban allí generó reacciones de rechazo y preocupación dentro y fuera de Perú. Según informó el diario peruano La República, dentro del predio de la universidad hubo lanzamiento de gases lacrimógenos y disparos, aunque la Policía no encontró resistencia.

En la universidad se encontraban estudiantes y también representantes de distintas organizaciones campesinas e indígenas que habían viajado a Lima desde diversas regiones para participar en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

La misión en Perú de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a las autoridades peruanas a “asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías de debido proceso”. Además, la misión pidió que los detenidos sean llevados ante las autoridades competentes “para la protección de los derechos de todas las personas que integran estas delegaciones, así como de los estudiantes residentes en la universidad”.

También la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó su “preocupación” por la “incursión policial, el desalojo y las detenciones masivas” y llamó a las autoridades a “rendir cuentas sobre los hechos y garantizar la integridad y debido proceso de todas las personas”.

Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro, tuiteó: “Allanar universidades. Gritar ‘¡Muera la inteligencia!’. El Consejo Permanente de la OEA debe ser citado para examinar el caso de Perú”.

En respuesta, el primer ministro peruano, Alberto Otárola, le respondió: “Ocúpese de sus asuntos, señor Gustavo Petro. Consejo Permanente de OEA también podría examinar masacres ocurridas durante su gobierno. La última en el Putumayo. Gobierne para los suyos, asista a las víctimas, mejore sus universidades”.

Por su parte, la congresista del Partido Morado Flor Pablo presentó una moción para que comparezcan ante el Congreso Otárola, el ministro del Interior, Vicente Romero, y la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón. “Lo ocurrido hoy en San Marcos es inaceptable. Sin presencia de la Fiscalía, tratar a estudiantes, ciudadanos y defensores de derechos humanos como delincuentes, tirados en el piso y golpeados, es un abuso”, tuiteó el sábado.

El Ministerio del Interior dijo que la operación fue desplegada en respuesta a una denuncia que presentó un representante de la universidad, según el cual 300 personas habían entrado de forma ilegal y violenta. Pero dirigentes de la Federación Universitaria de San Marcos denunciaron que los policías entraron sin orden judicial ni participación de fiscales, algo que exige la legislación peruana, y que lo hicieron violando la autonomía universitaria.

“La Fiscalía viene adoptando todas las medidas para verificar los fundamentos y circunstancias que rodearon el operativo”, dijo el fiscal superior Alfonso Barrenechea, según citó La República. Manifestó que después de las detenciones, 20 representantes de la Fiscalía fueron a las sedes policiales. Sin embargo, Barrenechea no respondió si el operativo fue o no legal, informó el periódico peruano.

Familiares y personas que buscaban transmitir su respaldo a los detenidos en la universidad se reunieron frente a la Central Operativa de Investigación Policial para reclamar que se respeten sus derechos. “Hemos venido acá en calidad de ciudadanos porque hemos constatado en el día de hoy una gravísima violación a los derechos humanos. Se ha atentado en contra de la autonomía universitaria y también la Policía ha ingresado sin orden judicial, sin presencia de fiscal, alegando una supuesta flagrancia. No es solamente ilegal, es absolutamente ridículo”, dijo a la agencia Efe Jesús Vázquez, una de las personas reunidas allí. “Hemos estado acá abogados y ciudadanos reclamando por ellos y lo único que hemos recibido es represión por parte de la Policía”, agregó.

Según informó Radio Programas del Perú, 193 personas seguían detenidas ayer, mientras que los bloqueos de rutas continuaban en ocho regiones del país. A su vez, las muertes ocurridas en el marco de estas protestas que comenzaron el 8 de diciembre aumentaron el fin de semana a 62.